En una votación preliminar -que terminó siendo un vaticinio de lo que finalmente ocurrió-, en primer lugar, la Cámara de Diputados rechazó por 111 votos a favor la llamada cuestión preliminar invocada por el abogado defensor del juez suspendido del Tribunal Supremo. Diego Simpertigue.
El resultado fue un contundente revés para la defensa del magistrado, ya que implicó que ninguno de los legisladores que en ese momento se encontraban presentes en la sala dio validez a las denuncias formales presentadas por el abogado. Felipe Lizama para sofocar la calumnia promovida por los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini.
Esto sólo prolongó la agonía del juez del Tribunal Supremo, que no asistió a la sesión. Pues bien, horas después, en una votación inédita, la Cámara aprobó por unanimidad con 132 votos a favor la acusación de fondo contra Simpertigue, que se basa en tres capítulos relacionados con la falta de probidad en el ejercicio del poder judicial.
Ahora le toca a la Cámara Alta formar un jurado para resolver el próximo lunes 22 el resultado de este juicio constitucional, que de ser aprobado por la mayoría de los senadores en ejercicio (26 votos), implicaría la destitución de Simpertigue y su incapacidad para ejercer cargos públicos durante los próximos 5 años.
formulario de alegatos
En la parte inicial de la sesión del lunes, el abogado Lizama alegó supuestos defectos formales en la presentación contra Simpertigue que estaban relacionados con una posible falta de garantía en el proceso, dado el poco tiempo que, según afirmó, tomó la comisión revisora para analizar el libelo.
Una de las quejas del defensor fue que la Cámara pretendía votar esta acusación en vísperas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, lo que finalmente no ocurrió, ya que la votación fue trasladada para este lunes.
El abogado, sin embargo, no se quedó únicamente en consideraciones formales, sino que también lanzó dardos contra varios diputados en particular, entre ellos los diputados de la UDI, Marco Antonio Sulantay y Henry Leal, quienes a su juicio adelantaron su opinión sobre la calumnia.
A juicio de algunos legisladores de derecha, esta crítica fue un error estratégico del defensor, ya que al final esas frases molestaron a la oposición que se alineó en bloque a favor del documento impulsado por representantes del oficialismo.
Lizama no se detuvo ahí. En una medida que causó sorpresa, comparó el caso Simpertigue con la venta fallida de la casa del expresidente Salvador Allende, que le costó el cargo a la senadora. Isabel Allende (PS) y el entonces Ministro de Defensa, Maya Fernández (PS), por haber firmado un contrato -en su calidad de propietarios del inmueble-, siendo uno parlamentario, y el otro Secretario de Estado, respectivamente.
En alusión velada a que nadie persiguió la responsabilidad del Presidente Gabriel Boric En el episodio, Lizama afirmó: “Como estamos en Chile, el hilo se corta por lo más fino… ¡Qué curiosa paradoja, presidente! Me recuerda a otros casos en los que ha habido muchas firmas de actos administrativos, muchas moscas de actos administrativos, y sin embargo, quienes firman esos actos administrativos no quieren responder”.
Argumentos de fondo
Una vez rechazada por unanimidad la pregunta anterior, el abogado acudió al fondo de la acusación para descartar los tres capítulos en los que se basa la acusación.
El primero apunta a la presunta responsabilidad de los imputados por haber faltado notablemente al deber de probidad, abstención e imparcialidad en el litigio entre Codelco y Belaz Movitec.
“La verdad, y esto es importante, es que el Ministro Simpertigue tuvo conocimiento de dos resoluciones que son muy posteriores a la sentencia que dio origen al reproche, es decir, el fallo de la Corte Suprema que aceptó el recurso de amparo contra Codelco no contó con la participación del Ministro Simpertigue”, dijo.
Respecto al capítulo segundo, que plantea la responsabilidad del ministro por haber faltado notablemente al deber de probidad por supuestos conflictos de interés en nombramientos notariales, Lizama señaló que “basta decir de manera preliminar que el señor César Maturana fue nombrado notario interino en la notaría primera de San Miguel el 18 de diciembre de 2020. Y, por tanto, es cuestión de recordar que el ministro Simpertigue asumió como ministro de la Corte Suprema en 2022, y en esa cualidad ya hay una cuestión ontológica en la que podemos decir: ¿cómo podría un ministro que ni siquiera está en la Corte Suprema poder intervenir para el nombramiento de un notario interino?
Finalmente, en el capítulo tercero, que responsabiliza al juez por haber violado notablemente el deber de abstención, imparcialidad y probidad en el caso Fundamenta, el defensor también lo negó. “Resulta que en esa demanda, en ese litigio, no aparece en ninguna parte de las actuaciones procesales que dieron lugar a ese recurso de Fundamenta, los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas como patrocinadores, no están en el expediente, no son abogados del caso, tanto es así que luego la empresa dijo que los contrató para otros fines, pero no para la defensa procesal del arbitraje en estudio”, afirmó.
Pese a los esfuerzos del abogado, la Cámara también presentó la acusación, lo que dejó el proceso en manos del Senado.
Posteriormente, la Cámara designó a los diputados Carolina Tello (FA), Daniel Manouchehri (PD) y Jorge Rathgeb (RN) como los encargados de fundamentar la acusación ante la otra rama del Congreso.
