60 mil estudiantes están matriculados en instituciones de educación superior en riesgo financiero

Este martes, la Superintendencia de Educación Superior (SES) presentará su primer estudio sobre “Salud Financiera del Sistema de Educación Superior en Chile. Estudio Exploratorio 2012-2022″, el que, entre otras cosas, dará cuenta de que casi 60 mil estudiantes hoy están matriculados en instituciones en riesgo financiero en nuestro país, entre centros de formación técnica (CFT) e institutos profesionales (IP). También universidades.

De hecho, sin ir más lejos, desde mediados de año el ente fiscalizador ya tenía a algunas instituciones en la mira por su déficit financiero, con algunos casos graves, con procesos formales de investigación abiertos en las universidades Austral, de Aysén y Bolivariana.

El estudio informará que, en general, el sistema goza de buena salud y un riesgo bajo. Pero también que 59.605 estudiantes de los 1.341.439 que componen la matrícula de pregrado, posgrado y postítulo de educación superior en Chile, es decir, el 4,4%, está en alguna institución que sí está en peligro financiero. Esto se traduce en 10 de 47 CFT en riesgo, nueve de 58 universidades y seis de 32 IP. En específico, esos casi 60 mil alumnos corresponden respectivamente al 4,5%, 5,7% y 2% de la matrícula de cada subsector.

Ahí se incluye, por ejemplo, a los estudiantes de la U. Austral, cuyos problemas son conocidos y dan cuenta de un complejo escenario producto de su endeudamiento y de resultados financieros negativos hace algunos años. Sólo en 2022, según pesquisó la SES, acumuló pérdidas por $ 17 mil millones. Como consecuencia, en 2023 más de 160 personas dejaron de trabajar ahí. Eso ha producido cambios de autoridades y la necesidad urgente de planes de recuperación.

No son los únicos: también los de la estatal U. Aysén, institución que ya en sus estados financieros de 2021 daba cuenta de un déficit de $ 415 millones, lo que ha generado problemas para financiar la operación en el corto plazo. Por esa razón, parlamentarios de la zona han pedido la intervención de la Subsecretaría de Educación Superior. No por nada la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) sólo le dio tres años de acreditación, señalando en su informe que la institución tiene, entre otras cosas, sobredotación, infraestructura insuficiente, elevadas pérdidas operacionales, patrimonio decreciente y un “escaso desarrollo en investigación”.

En el caso de la U. Bolivariana, institución privada con casi 700 estudiantes, ya a mitad de año la SES señalaba sobre ella que había sufrido una “importante” caída financiera durante los últimos tres años, con una pérdida neta de $ 254 millones a junio de 2022. Además, la CNA definió que no cumplía los criterios para la acreditación obligatoria. Por eso quedó sujeta a la supervisión del Consejo Nacional de Educación (CNED), que determinó no autorizarla para matricular nuevos estudiantes este año. En mayo, además, la SES instruyó un proceso de investigación, constatando incumplimientos laborales y falencias en materia de infraestructura.

Las cifras generales de estudiantes en instituciones en riesgo, en todo caso, están muy por debajo de las pesquisadas en 2016: justo cuando entró en vigencia la política de gratuidad. Ese año, según a los registros de la SES, 146.309 estudiantes se encontraban en instituciones con riesgo financiero. Y más bajos también que cuando se creó la SES en 2012, cuando eran 180.342 los alumnos en riesgo.

El superintendente, José Miguel Salazar, explica que decidieron iniciar esta serie de estudios “enfocándonos en la situación financiera de la educación superior, porque desde hace un tiempo detectamos señales de un cierto estrés financiero en algunas instituciones. Quisimos analizarlo con una mirada de trayectoria y no solo como una foto del momento”.

En tal sentido, asegura que la principal conclusión que deja este primer estudio “es que el sistema de educación superior en Chile presenta niveles de riesgo bajos en materia financiera, que están focalizados en pocas instituciones, y que éstas en conjunto concentran un bajo porcentaje de la matrícula total de estudiantes”.

Para la construcción del archivo de datos de este año, se utilizó la información financiera recabada por la superintendencia. Esta proviene de los estados financieros anuales auditados, entregados por las instituciones de educación superior durante los últimos años, y la información recabada por el Servicio de Información de Educación Superior -SIES- para aquellos años anteriores a la entrada en funcionamiento de la SES.

En total se incluyeron en el análisis 134 instituciones, divididas en 58 universidades, 32 institutos profesionales y 44 centros de formación técnica, cuyos resultados serán presentados en un seminario del que participará el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, y que será moderado por la secretaria ejecutiva del Cruch, María Angélica Bosch.