La reforma fiscal vuelve a la palestra política la próxima semana, tras el feriado “XL” y la semana distrital.
A partir del lunes, los diputados integrantes de la comisión de Hacienda retomarán la discusión del texto en particular, un proceso que promete ser largo, extendiéndose durante todo noviembre y parte de diciembre. A la fecha se han votado algunas reformas sobre cambios en la secretaría del banco, reglamento de valuación y adecuaciones al Reglamento General Antielusión.
Así, los diputados van en la página 44 de la 62 del cotejo en cuanto a medidas contra la evasión y elusión. Y aún quedan otros paquetes, como los procesos judiciales ante Hacienda y los Tribunales Fiscales, y la relación entre los contribuyentes y el Servicio de Impuestos Internos (SII).
Más adelante en el mes se analizarán temas como el impuesto a la riqueza, medidas de apoyo a las pymes, la desintegración del sistema tributario y políticas pro inversión, entre otros.
Lo que sí sabe la comisión presidida por Jaime Naranjo (PS) es que la entrada anticipada de la reforma de pensiones presiona más el proceso de subida de impuestos.
¿La razón? Casi un tercio de los mayores ingresos de la reforma se destinarán a aumentar la Pensión Universal Garantizada (PGU), que el gobierno pretende elevar a $250.000 al final de su gestión. Con todo, la reforma busca recaudar el 4,1% del PIB en régimen.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, ya transmitió hoy el mensaje de la estrecha relación entre ambas reformas en un seminario realizado por la Bolsa de Comercio de Santiago.
“Impuestos generales no es una palabra mágica, no es un maná que viene del cielo. Los ingresos generales de la nación son los impuestos. Y si hoy estamos hablando de una reforma tributaria, donde un tercio de la recaudación se va a ir solo a financiar el aumento de la PGU a $250.000, nos podemos imaginar que si todo lo que queríamos financiar a través del componente de seguridad social tuviera que ser financiado a través de impuestos generales, tendríamos que tener una reforma tributaria más, no menos“, dijo, en respuesta a sectores opositores que piden que el aporte adicional del 6% se destine íntegramente a cuentas individuales y que el componente solidario del nuevo sistema de pensiones se solucione solo con gasto público.
Naranjo reconoce la estrecha relación entre ambos proyectos de ley, señalando -eso sí- que de momento no vislumbra que ambos textos estén en paralelo en la comisión de Hacienda. La reforma de pensiones se tramitará la próxima semana.
“La reforma previsional requiere la aprobación de la reforma tributaria, son dos reformas que son fundamentales para el país y se retroalimentan. Sin reforma tributaria es muy difícil sacar una buena reforma previsional, ya que el Estado necesita recursos frescos para poder financiar la reforma previsional. Yo espero que los sectores políticos que afirman que una reforma de pensiones es fundamental, también estén de acuerdo en apoyar fuertemente la reforma tributaria. Uno necesita urgentemente al otro”, dice.
El independiente Carlos Bianchi cree que “lo peor que puede pasar” es que ambas iniciativas coincidan en el proceso en la comisión, por lo que espera que vayan por “carriles totalmente separados”.
“Efectivamente, la reforma tributaria suscita mucha más coincidencia que la discusión de la seguridad social. Con mucho, la reforma más difícil de abordar va a ser la reforma de la seguridad social. Todos coincidimos en que la reforma tributaria es la base para cumplir con compromisos sociales que tiene el país”, agregó el legislador.
La oposición analiza sus alternativas, como separar la reforma
En Chile, Vamos y el Partido Republicano mantienen sus críticas a las instrucciones ingresadas por el Ejecutivo durante octubre, las cuales se acentúan tras conocerse los ejes de la reforma previsional.
El diputado Frank Sauerbaum (RN) cree que el financiamiento de la PGU es una “parte menor” de la reforma tributaria si se consideran los cerca de US$ 12.000 millones que pretende recaudar el proyecto: “Por lo tanto, con una parte menor de la reforma aprobada, por ejemplo, con cambios en exenciones, medidas contra la evasión y elusión fiscal y regalías mineras, hay recursos suficientes para aumentar la PGU. Esos recursos van a estar ahí y por eso le propusimos al gobierno separar la reforma y acelerar la aprobación de esos recursos”.
La UDI Guillermo Ramírez pone en perspectiva que el costo de aumentar el PGU es de 0,7% del PBI, versus el 4,1% del PBI que busca recaudar el proyecto en su conjunto: “Si el presidente Boric dice que para aumentar el PGU se requiere aprobar el reforma tributaria, estamos disponibles. Con la regalía minera y algún impuesto adicional podríamos recaudar el 0,7% del PBI y financiar fácilmente la PGU. No es necesario aprobar esta reforma completa, que va a destruir la inversión, para financiar la PGU”.
Agustín Romero, de Republicanos, es más duro en su planteamiento y cree que en el actual momento económico “Chile no necesita una reforma fiscal refundacional para financiar una reforma radical de pensiones”. Así, se pretende incluir mayores incentivos al crecimiento, la inversión y la formalidad laboral en ambos proyectos.
Tiempo el también RN Miguel Mellado no ve que los cambios previsionales presionen la discusión tributaria, pues los ajustes más profundos de la reforma previsional no requieren de recursos relevantes, en relación con la transición a un nuevo sistema mixto con gestores privados y estatales. “Lo que hay es una mala reforma de pensiones y una reforma fiscal inoportuna
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