Señora Directora:
La lentitud de los organismos públicos que intervienen en la aprobación de proyectos ha llegado a niveles escandalosos, y últimamente ha sido objeto de opinión pública especializada.
Meses de espera para recibir respuestas a consultas ante las agencias del Minvu. Años de tramitación de anteproyectos, permisos y aceptaciones definitivas ante Direcciones de Obras. Esta lentitud e indiferencia del agente público ha sido normalizada y legitimada con total impunidad, dados los plazos de respuesta que regulan la actuación de los organismos públicos.
Las excusas, según se ha leído en la prensa, son inverosímiles: déficit de plantilla, retrasos por “efectos de la pandemia”, sobrecarga de trabajo, en definitiva. Ninguno de ellos es admisible. Tanta demora parece ser intencional en algunos casos, buscando provocar a la contraparte y generar molestia.
Pocos desarrolladores están dispuestos a llevar estos abusos ante los superiores jerárquicos, ya que nadie quiere tener una relación tensa con su autoridad durante un proyecto. Prefieren esperar estoicamente su aprobación, en lugar de convertirse en acusadores de los burócratas locales. Se instala así un lamentable clima de desconfianza y desincentivo a la inversión privada.
Cualquier retraso resulta en costos de vivienda más altos. Cualquier demanda adicional recarga su valor. Nada en los actos administrativos de una autoridad local es inocuo para los proyectos. Este desconocimiento de sus tareas de aprobación de proyectos solo aumenta la escasez de oferta de viviendas, haciéndolas cada vez más inaccesibles para miles de chilenos.
Rodrigo Aravena A.
Arquitecto, director AGS Visión Inmobiliaria
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