Diputados del PDG presentan acusación constitucional contra exministro Allamand por “haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación”

Un grupo de diputados presentó este miércoles en el Congreso una acusación constitucional contra el excanciller Andrés Allamand.

Son diputados del Partido Popular, independientes, de izquierda y de oposición.

Yovana Ahumada Palma, Roberto Arroyo Muñoz, Karen Medina Vásquez, Rubén Oyarzo Figueroa, Víctor Pino Fuentes, Francisco Pulgar Castillo, Gaspar Rivas Sánchez, figuran entre los firmantes, además del miembro independiente del comité de Evópoli Enrique Lee Flores y la diputada Pamela Jiles, del extinto Partido Humanista y actual miembro de la comisión parlamentaria Verde e Independiente Ecologista. Viviana Delgado también firma de esa comisión parlamentaria.

El grupo de diputados cuestiona el viaje de Allamand a España, que precipitó su salida del gobierno, en momentos en que se desarrollaba una crisis en la zona norte asociada a protestas por la inseguridad relacionada con la migración irregular desde Bolivia y Perú.

En la presentación de los legisladores, se acusa al excanciller de “haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación”.

En noviembre de 2021, la exministra fue elegida Secretaria General Iberoamericana. El jueves 3 de febrero del presente año, la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España, José Manuel Albares difundió en sus redes sociales fotografías del primer “reunión de trabajo” con Allamand, entonces secretario general electo de la entidad que agrupa a 22 países.

La Cancillería informó entonces que la autoridad fue “haciendo uso de su feriado legal a partir del lunes 31 de enero” y que retomaría sus funciones el lunes 14 de febrero.

El 6 de febrero, sin embargo, Allamand presentó su renuncia a la Cancillería en medio de la polémica. A los dos días asumía su nuevo cargo en España.

“Nunca hubo ni un atisbo de abandono de funciones”, dijo el excanciller en una entrevista con Tercera.

Diez diputados son suficientes para presentar el libelo hasta tres meses después de que un ministro deja el cargo. La acusación ya había sido considerada apenas renunció. El plazo estaba a punto de expirar.

Los diputados buscan que la acusación sea acogida por la Cámara de Diputados y elevado Senado de la República, por lo que de ser aprobada, la ex autoridad quede inhabilitada para ejercer cualquier función pública, sea o no de elección popular, por el término de cinco años.