Este jueves fue enviado al Senado el Mensaje ingresado el 30 de diciembre por el Poder Ejecutivo y que modifica la Ley N° 21.419, que crea la Pensión Universal Garantizada. que actualmente se tramita con discusión inmediata (seis días en cada Cámara), por lo que la Cámara Alta debe hacer su trabajo, idealmente, la próxima semana para que la iniciativa sea despachada como ley.
La propuesta la cual fue aprobada por la Cámara en general y en particular casi por unanimidad -131 votos a favor y una abstención- Permitirá aumentar en unos 70.000 los nuevos beneficiarios de la PGU.
En este sentido, la ministra de Trabajo, Jeannette Jara, quienes participaron en la sesión de votación de la Sala de Cámara, en compañía del Subsecretario de Bienestar Social Christian Larraín, junto a agradecer el respaldo a la medida Explicó nuevamente que este proyecto cambia la forma de determinar el universo de beneficiarios de esta política pública del 70% al 90%.
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De hecho, El proyecto propone “extender el universo de focalización de la PGU del subgrupo de población de 65 años o más a toda la población del país”, con lo cual el umbral de corte será mayor y permitirá que más adultos mayores se beneficien de la PGU, corrigiendo los errores de la metodología anterior que dejaba fuera a muchos eventuales beneficiarios de esta póliza.
En segundo lugar, La iniciativa regula que el Instituto de Bienestar Social verificará de oficio el cumplimiento de los requisitos de quienes, habiendo solicitado, no accedieron a la PGU o de quienes no la solicitaron a pesar de que podían tener derecho a la prestación.
La fluidez del debate no significa, sin embargo, que no haya habido debate, ya que un grupo de diputados de RN -Ximena Ossandón, Eduardo Durán y Frankl Sauerbaum- más la diputada independiente Pamela Jiles insistieron en volver a presentar una indicación a la Sala que establecía que las mujeres comenzarían a cobrar la PGU a partir de los 60 años, que es la edad oficial de jubilación para ellas, y no a partir de los 65, que es la edad a la que se jubilan los hombres. La Sala votó sobre su admisibilidad y fue rechazada.
Tras la votación, el titular del Trabajo explicó que se espera que con esta ley se incorporen 76.000 nuevos beneficiarios con un gasto fiscal de alrededor de $147.000 millones, en un proceso en el que el Gobierno quiere alcanzar la universalidad. Y se hizo cargo de la controversia por el referido indicio, asegurando que la aplicación de esta medida significaría un financiamiento público de alrededor de US$ 1.300 millones y que “Generar expectativas sin fuentes de financiamiento, sin duda es solo populismo”.
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