Señora Directora:
En 2017, el megaincendio registrado entre las regiones de Coquimbo y la Araucanía afectó a más de medio millón de hectáreas. Ante esto, la autoridad encargada de las Áreas Protegidas del Estado (CONAF) decidió cerrar temporal y preventivamente gran parte de los Parques, Reservas y Monumentos para enfocar los esfuerzos en la prevención y cuidado del personal, comunidades aledañas y ecosistemas.
La medida evitó daños y costos significativos en términos de área quemada, pérdidas materiales, desplazamiento de personas, emisiones de CO2, vocación turística de estos territorios y recursos económicos para el combate y restauración.
Hoy nos encontramos en un escenario de alta ocurrencia de incendios de gran magnitud y es altamente probable la necesidad de cerrar áreas protegidas con alta afluencia de turistas. Difícil decisión, ya que la industria turística necesita y espera recuperar el dinamismo perdido por la pandemia; pero a la vez necesaria, en favor de la salvaguardia del patrimonio natural que sustenta esta actividad económica.
Por ello, en un contexto complejo, es fundamental que las autoridades integren a los gremios, prestadores de servicios y comunidades locales, para informar los criterios que se utilizarán en la toma de decisiones y la periodicidad en que se informarán estas medidas preventivas, así como así como, evaluar las soluciones económicas que den sostenibilidad a estas decisiones.
fernando aizman
Director de la Escuela de Expediciones y Ecoturismo, U. San Sebastián
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