“Compromiso transversal con la seguridad” es el nombre del borrador enviado por el Ministerio del Interior a parlamentarios, alcaldes y gobernadores con el objetivo de impulsar proyectos y medidas en esta materia a partir de marzo.
Dado lo anterior, la propuesta -con unas 80 ideas- será objeto de ajustes y mejoras durante febrero y se espera que el siguiente mes se firme un documento en un acto encabezado por el presidente de la República Gabriel Boric.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, destacó que la “hoja de ruta” en materia de seguridad se trabajó con diferentes fuerzas políticas y pese a la ausencia de la oposición, confió en que sean parte de las conversaciones desde marzo.
“Las puertas están abiertas, para recibir aportes”, dijo el jefe de gabinete.
Algunas de las propuestas están dirigidas a sectores relevantes de la economía, como bancos, centros comerciales, delivery y comercio exterior.
seguridad privada
En seguridad privada, por ejemplo, la idea es ingresar, durante el primer semestre de 2023, indicaciones al proyecto de ley que ya tramita en el Congreso para fortalecer la coordinación con la policía y reforzar los principios de corresponsabilidad de los actores privados. Una vez presentados los ajustes, se le dará mucha urgencia a la iniciativa.
centros comerciales
Ante la reiteración de agresiones a minoristas de alto valor en centros comerciales y lo que se considera insuficiente avance en acuerdos entre tiendas y centros comerciales, el Ejecutivo enviará un proyecto de ley con estándares equivalentes a los establecidos para los cajeros automáticos que reducen la factibilidad y compensación por este Tipo de evento.
Las opciones que se estudian incluyen el “anclaje” de bodegas, programar el stock de mercadería en tiendas como celulares y equipos tecnológicos, y aplicar tecnología para el ingreso regulado de personal a las bodegas.
Desde la Subsecretaria de Prevención del Delito explicaron que en el primer semestre se avanzará en proyectos de ley y decretos supremos para que haya normas compartidas en el mundo privado y no sean planes voluntarios a los que puedan adherirse.
situación bancaria
En el caso de la seguridad en los bancos, se anunció que se impulsará una moción que establezca las medidas de seguridad aplicables en las cajas de atención al público de las entidades bancarias y financieras este primer trimestre.
En el marco del convenio de trabajo con la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras y BancoEstado, la idea es llegar este año a las cien sucursales con medidas piloto para evitar el delito de “marcaje”. Estas sucursales serán seleccionadas con base en la base de datos disponible del Ministerio Público. Uno de los temas centrales será habilitar pantallas para que la dinámica de los clientes frente a los cajeros al momento de realizar operaciones no se vea desde el exterior de las sucursales, como ocurre en algunos países de Europa y EE.UU.
En abril se presentará el proyecto complementario que permite levantar el secreto bancario cuando exista sospecha de actividades ilícitas y el análisis anonimizado con inteligencia artificial de movimientos bancarios que permite detectar flujos sospechosos.
motos y reparto
En este campo, se prometió una regulación para motocicletas eléctricas y vehículos motorizados menores. De ahí que se presente un proyecto de ley en el primer semestre de 2023 y se amplíe a todo 2023 el plan de inspección de motos sin patente a cargo del Ministerio de Transporte.
También habrá un registro de distribuidores para empresas de reparto. El piloto se realizará este año en San Miguel e Iquique, además de regular la identificación de placas de motocicletas en chalecos y cascos de conductores y pasajeros.
Inicio de actividades
Como forma de enfrentar el comercio ilegal, se establecerá la obligación de iniciar actividades para las personas que operen en comercio exterior (más de dos contenedores por mes); y un proyecto de ley que incluye en el delito de contrabando la entrada o extracción de dinero en el territorio nacional.
Otra iniciativa legislativa será facilitar la persecución y sanción de las ocupaciones ilegales.
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