El Ministra de la Mujer e Igualdad de Género, Antonia Orellanarealizó un punto de prensa en La Moneda la tarde de este jueves para responder a las declaraciones de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, sobre un cierre “arbitrario” de un convenio entre ese municipio y la cartera de Gobierno.
“Ante las declaraciones de la alcaldesa de Providencia Lo primero que queremos hacer es hacer un llamado a la responsabilidad hacia las mujeres que sufren violencia. No hay mujer que vaya a requerir atención, de la Providencia, en nuestro Servicio Nacional de la Mujer, que no la vaya a tener. No hay ninguna de estas 140 mujeres cuya asistencia legal depende del Servicio Nacional de la Mujer, pero si lo necesitan, ahí estaremos”, dijo la Secretaria de Estado.
Matthei cuestionó la terminación de un convenio entre el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) y el municipio, que permitió a la comuna representar legalmente a mujeres víctimas de violencia. La alcaldesa afirmó que 140 mujeres de Providencia y otras comunas de la Región Metropolitana quedarán sin representación legal en diferentes casos de violencia y grave riesgo de vida.
“Aquí no hay animadversión hacia ningún municipio en particular. El Servicio Nacional de la Mujer y el Ministerio de la Mujer tienen como mandato a todas las mujeres. Trabajamos con municipios de todos los colores políticos y de todas las regiones con más de 60.000 mujeres atendidas al año”, respondió la jefa de Mujeres esta tarde.
Orellana recordó que el año pasado la alcaldesa anunció que devolvería el dinero que le entregó el gobierno central para el funcionamiento de la Defensoría de la Mujer en la comuna. De acuerdo con la versión de la cartera, para no salir de manera abrupta, se estableció entonces un convenio de asesoría técnica que finalizó el 31 de diciembre. El ministro afirmó que cuando el municipio, fuera de plazo, solicitó ampliar la asesoría, se le informó que “los términos” del acuerdo que consideraron información que no recibieron no se cumplieron.
“Queremos descartar que haya arbitrariedad o algún tipo de discriminación o mala voluntad hacia la comuna de Providencia, porque esto va más allá de su alcaldesa. El convenio que se cerró es un convenio de asesoría técnica, no de revisión caso a caso y ese convenio fue nuestra manera amable de dejar el municipio luego de que la propia alcaldesa, en abril de 2020, nos cerrara unilateralmente el convenio”, aseguró la ministra Orellana.
“Este lamentable episodio de desinformación sobre cómo funciona el circuito de atención a la mujer que sufren violencia, reitera una vez más la importancia de que se apruebe de una vez por todas la ley integral sobre violencia contra las mujeres, porque no puede ser que por diferencias de opinión de una alcaldesa, o porque cambie un gobierno municipal, la continuidad pueda estar en peligro de el servicio”, agregó.
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