SEÑOR. PRINCIPAL:
Un reciente dictamen de la Contraloría General de la República cuestionó la validez legal de una resolución de la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas que, dejando sin efecto las anteriores, creó una unidad educativa para las Fuerzas Armadas. ahora- a quienes la desafiaron y temieron un intento de politización a través de esa organización.
Pero el asunto es aún más complejo. Las instituciones educativas de las Fuerzas Armadas son muy similares a las instituciones de educación técnica y superior del ámbito civil. De hecho, otorgan grados académicos acreditados por la CNA. Pero son diferentes: instruyen y educan, pero sobre todo forman; y lo hacen con un fin primordial: la defensa de la soberanía nacional, donde para lograrlo se debe estar dispuesto a dar o quitar la vida. No hay otra profesión u oficio que capacite para un objeto tan radical. De ahí también la polémica en torno a la instrucción y adiestramiento necesarios para las Fuerzas Armadas. están en condiciones de actuar en materia de orden público.
Una vez más debemos atender a los objetivos y competencias. No en vano, estos últimos se definen como poderes finalizados; es decir, dirigida a un fin. Una organización creada por una resolución exenta no puede otorgar facultades a un titular del departamento del poder político en funciones para influir en asuntos tan delicados como la formación para la defensa de la soberanía. Más allá de las formalidades -que deben ser respetadas-, la formación de las Fuerzas Armadas. requiere un análisis técnico, atendiendo siempre al fin último de estos y, por tanto, su participación es imprescindible.
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Y si ese propósito se va a modificar en el futuro, seguramente requerirá mucho más análisis y una visión de largo plazo del Estado.
Alicia de la Cruz M.
Catedrático de Derecho Administrativo UAH
Exjefe jurídico del Ministerio de Defensa
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