Esta mañana, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, abordó la discusión sobre el proyecto de ley de legalización, que fue ingresado por el gobierno de Sebastián Piñera y que la actual administración aplicó la máxima urgencia para su discusión, que tiene como objetivo objetivo es reducir la actuación de los notarios en trámites y otros trámites.
La iniciativa del gobierno es parte del plan que busca reducir la participación de los notarios en la economía, avanzar en la digitalización de los trámites y reducir el tiempo dedicado a estas actividades a través de herramientas como la firma electrónica. El plan se considera parte de las ocho medidas fundamentales de la agenda de productividad anunciada el 27 de enero y que corre paralelo al proyecto de desnotarización presentado por la pasada administración.
De esta forma, el ministro Cordero en entrevista con Radio Sónar fue contundente respecto a la determinación del gobierno de sacar adelante el plan de reforma del sistema notarial. “O acordamos la reforma a los notarios y conservadores por convicción o por conveniencia, porque esto va a cambiar y esa reforma va a venir igual”, remarcó el titular de Justicia en una entrevista con Radio Sónar.
“Por convicción, porque hay formas modernas de llevar las condiciones del régimen registral a un sistema eficiente y eficaz, donde estos auxiliares de administración de justicia (notarios y curadores) se puedan adecuar y eso tiene que ver con mejorar el servicio y con una sistema institucional robusto y transparente”, dijo Cordero por un lado.
Por otro lado, en cuanto a la “conveniencia”, el abogado afirmó que “el régimen para la designación de notarios y curadores descansa en un modelo de gobierno judicial, este es quien tiene las funciones administrativas y jurisdiccionales, que en el sistema chileno es la Corte Suprema de Justicia”. Uno de los consensos transversales que existe es que se debe separar la función de gobierno judicial de administración y nombramientos de la función jurisdiccional (…) Si la separamos, todo el sistema de nombramientos cambia”.
La autoridad de Justicia también citó un informe de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) sobre el funcionamiento de los notarios, el cual señala que “han optado por un mercado que tiende a las ineficiencias productivas, con tendencias monopólicas y costos indirectos para los usuarios, generando una pérdida de bienestar en un escenario sin intervención regulatoria”.
El proyecto de ley de desnotarización se encuentra en la Comisión de Constitución del Senado y se encuentra en su segundo trámite constitucional, desde que ingresó a la Cámara Baja el 25 de mayo de 2020.
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