Chile será, según el FMI, el único país de América que estará en recesión durante 2023. Las razones son específicas y están asociadas a la incertidumbre que genera el fallido proceso constituyente. Como se ha dicho, la incertidumbre es terrible para la economía y el proceso anterior la elevó a niveles desconocidos. En este contexto, era razonable posponer las decisiones de inversión y consumo de bienes duraderos. Este último tuvo su “verano sanjuanino” con retiros de fondos de pensiones, pero ya pasó. Chile vive de lleno las consecuencias de nuestro problema constitucional no resuelto.
Esto se puede ver en las cifras de inversión. Más allá de proyectos puntuales en energías renovables y minería, el resto no es auspicioso. Las perspectivas de inversión en 2023 son débiles según el Banco Central. El consumo continúa ajustándose a la baja en todas las partidas excepto en los servicios. Esto refleja una normalización después del auge causada en parte por los retiros. Pero otra parte está asociada a las malas perspectivas del mercado laboral. La economía está creando pocos puestos de trabajo (en el sentido de que hoy hay menos que antes del estallido social hace tres años) y la inflación está carcomiendo los salarios reales.
Chile necesita crear condiciones para aumentar la inversión y generar empleo. La receta es simple y se puede hacer, pero se requiere habilidad en muchos frentes.
Estructuralmente, existen condiciones para que desaparezca la incertidumbre. El problema constitucional ya tiene un camino, aunque hay que seguirlo. En 2023, Chile puede tener una nueva Constitución que podría colocar al país en un camino de progreso de décadas si los contenidos evitan los extremos, son razonables y socialmente se perciben como legítimos. Cuando los expertos debaten y llegan a acuerdos, si los concejales electos logran representar al país y se inicia un debate noble, franco y constructivo, se puede consolidar la desaparición de la incertidumbre.
En el cíclico, hay capacidad instalada sin utilizar, particularmente en el mercado laboral. La clave es que la recuperación cíclica de la economía podría coincidir con la eliminación de la incertidumbre. Con una situación fiscal saludable e instituciones sólidas, el próximo año y más allá se puede ver un crecimiento económico significativo. Si el panorama internacional también se estabiliza en ese horizonte, la consolidación de estos dos aspectos debería producir un efecto positivo en la inversión a finales de 2023.
El gobierno puede ayudar a asegurar que el inicio del ciclo expansivo se produzca antes y coincida con las condiciones estructurales, o puede posponerse. Los avances en algunas áreas se han visto empañados por errores de alto valor simbólico. Esta semana fue la discusión extemporánea y conceptualmente equivocada sobre una regalía al sector forestal. Es obvio que hay que tener una conversación al respecto, ¡pero mencionarlo en medio de la crisis es echarle leña al fuego! Antes de ese hecho estaba el error no forzado de los indultos, y antes de eso estaban las declaraciones sobre la situación política del Perú.
Hay una potencial bonanza económica alrededor de 2024 que aún podría tener un efecto positivo en 2023. Pero para que se consolide se requiere de un gobierno que, en su conjunto, aprenda más rápido qué decir, cuándo y cómo.
Por Guillermo Larraínacadémico, FEN, Universidad de Chile
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