Actualmente, el Conservador de Bienes Raíces de Santiago tiene bajo su jurisdicción a 26 comunas de la Región Metropolitana, ya diferencia de lo que ocurre en otras zonas del país, sus funciones son desempeñadas por tres profesionales distintos. Uno está a cargo del Registro de la Propiedad, el segundo del Registro de Hipotecas y Gravámenes, y el tercero, del Registro de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar. Tienen distintas atribuciones, aunque los tres diputados han sido noticia porque por su trabajo reciben mensualmente sumas de más de $150 millones, siendo una de las mejores remuneraciones del aparato estatal.
Eso sí, la realidad que hoy viven podría cambiar diametralmente si avanza el proyecto de ley que presentaron los senadores Álvaro Elizalde (PD) y matthias walker (DC) con miras a dividir dicha entidad en siete unidades. Aunque la moción no lo dice expresamente, sus autores coinciden en que al dividir las funciones, también dividirá el presupuesto y ningún funcionario público se hará millonario ni concentrará sumas de dinero tan importantes como los ingresos mensuales.
La discusión se da en medio de la expectativa que hay en el mundo judicial por la designación del abogado que deberá dirigir el Registro de Hipotecas y Gravámenes en la capital. La Corte de Apelaciones de Santiago ya armó la lista, pero el Ministerio de Justicia aún no se ha pronunciado al respecto y con este nuevo escenario es probable que se espere aún más este codiciado nombramiento.
En los círculos de notarios y conservadores, por su parte, ven con resentimiento este proyecto, ya que, a su juicio, debilitaría el trabajo que se ha realizado de buena manera durante años, pero entienden que los millonarios que contribuyen a este trabajo generan rechazo de la sociedad y de la arena política.
El texto del proyecto indica que la conformación actual del organismo en la capital presenta diferentes problemas. En el primer punto, señalan que en su forma actual, “la coordinación se dificulta tanto por el tratamiento separado de asuntos estrechamente vinculados entre sí, como por una administración eficiente y oportuna de la oficina y su personal”. Junto a ello, señalan que el extenso territorio que atiende no favorecería el desarrollo de negocios que requieran “una atención cercana, oportuna, rápida y eficiente a los usuarios”.
Por la misma razón, proponen como solución la designación de conservadores de Bienes Raíces separados e independientes, “limitados a un territorio más adecuado formado por un conjunto de municipios con continuidad geográfica y equivalencia en sus tamaños registraleslo que permitirá una mejor y más cercana atención al público en general”.
Con esto, pues, la idea de derogar el Decreto con Fuerza de Ley N° 247, de 22 de mayo de 1931, y así crear siete unidades: una conservadora radicada en la capital para el servicio de las comunas de Santiago, Independencia, Conchalí, Quilicura y Renca; un curador radicado en Las Condes, al servicio de dicha comuna, Vitacura y Lo Barnechea. Lo mismo se replicaría para el grupo de Providencia, Recoleta, Huechuraba y Ñuñoa; uno en La Florida, La Reina y Peñalolén; otra con sede en la comuna de Maipú, por esa zona y Cerrillos; otro funcionario de Estación Central, Pudahuel, Lo Prado, Cerro Navia y Quinta Normal; y -finalmente- un ministro de fe para Colina, Lampa y Tiltil. Cada uno, por cierto, con los registros que marca la ley.
“A medida que se divida el territorio a administrar, los ingresos tendrán que bajar considerablemente, pero el servicio tendrá que mejorar para llegar a todos los sectores”, dijo el Senador Walker cuando se le preguntó sobre el propósito de la moción. Por su parte, el otro autor, la senadora Elizalde, afirmó: “Buscamos acercar geográficamente los servicios a la gente, mejorar la calidad y evitar que tengan que viajar a lugares distantes para realizar los trámites correspondientes”.
Bajo la misma lógica, ambos parlamentarios agregan que el proyecto también busca aumentar el número de notarios. Ello, porque como se describe en el texto de la presentación, la creación de nuevas oficinas notariales en comunas o agrupaciones de comunas, de acuerdo con el Código que rige los Tribunales, “no necesariamente ha acercado estos servicios a la comunidad”.
“La experiencia ha demostrado que las nuevas oficinas notariales que se han creado se han instalado en zonas céntricas que ya contaban con notarios, en detrimento de sectores densamente poblados que generalmente no cuentan con servicios públicos cercanos, lo que implica desplazamientos y costos. innecesario. Lo anterior hace Se recomienda que exista la posibilidad de que las notarias que se creen en el futuro puedan establecerse en localidades, barrios o sectores dentro de una determinada comuna.”, complementa la moción.
En ese sentido, Walker enfatizó que estas entidades deben ser asignadas a territorios específicos que “pueden ser populares, aunque comercialmente sean menos atractivos, porque son importantes para sectores que hoy no tienen la posibilidad y que deben trasladarse al centro”. de las ciudades”.
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