El Consejo de Defensa del Estado (CDE) informó esta tarde que, a través de su Procuraduría Fiscal de Santiago, presentó una querella criminal contra siete exfuncionarios de la Municipalidad de Maipú, entre ellos, la exalcaldesa Cathy Barriga y en contra de quienes resulten responsables, por los delitos de fraude al Fisco y falsificación y/ o uso malicioso de instrumento público falso, por un monto que supera los $ 30 mil millones.
Esto, a días de que Barriga sea formalizada por la Fiscalía de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente por delitos reiterados de fraude al fisco y falsificación de instrumento público, cometidos entre 2016 y 2021 mientras se desempeñó como máxima autoridad de la comuna capitalina.
Así, desde el CDE indicaron esta jornada que la acción judicial interpuesta ante el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, se dirige nominativamente contra la exalcaldesa Cathy Barriga y los exfuncionarios municipales Ana María Cortés, Luis Japaz, Andrea Díaz, Bastián Báez, María Palma y Andrea Monsalve, “quienes habrían participado en actuaciones ilícitas referidas a la gestión desleal del patrimonio municipal y/o de falsedades, ocasionado con ello un enorme perjuicio económico”
Mediante un comunicado, desde el CDE indicaron que la querella señala que “de acuerdo con los hechos ocurridos durante la administración de la exedil, los imputados cometieron tales ilícitos utilizando mecanismos como la delegación de atribuciones, sobreestimación del presupuesto municipal y la adulteración de certificados de disponibilidad presupuestaria para realizar distintas acciones defraudatorias, aumentando así el déficit y generando un perjuicio a las arcas municipales”.
“Lo anterior, bajo el amparo de sus cargos de confianza, posición que les habría permitido evadir todo tipo de controles internos”, agrega la acción judicial.
Desde el CDE indicaron que conforme con los antecedentes recabados por la investigación penal, “a la fecha, el perjuicio provocado al patrimonio municipal superaría los $30 mil millones”.
La querella del CDE se da a conocer pocos días antes de que el Ministerio Público formalice a la exalcaldesa de Maipú, en una audiencia que está fijada para las las 9.30 de este martes 16 de enero.
Ante el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, la Fiscalía de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente le imputará responsabilidad en calidad de autora, y en grado de desarrollo consumado, de los delitos reiterados de fraude al fisco y falsificación de instrumento público, cometidos entre los años 2016 y 2021, mientras fungía como autoridad comunal.
Se formalizará también por fraude al fisco a funcionarios municipales durante la administración Barriga, la directora del Secpla Ana María Cortés González, el asesor Luis Fernando Japaz Lucio, la administradora municipal Andrea Bernardita Díaz Troncoso y la periodista Andrea Yeannette Monsalve Saavedra. Por otro lado, a la directora de control, María Isabel del Carmen Palma Barros se le imputará el delito de falsificación de instrumento público.
El presunto fraude que está siendo indagado ascendería a más de $95 millones, mediante la renovación sucesiva de contratos y pago de honorarios a la periodista Andrea Monsalve, por servicios no prestados.
El 14 de septiembre de 2023, el fiscal nacional, Ángel Valencia, había delegado la causa a la fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Lorena Parra, que encargó la indagatoria a la fiscal, especialista, en delitos económicos de la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen organizado, Constanza Encina.
La persecutora a cargo de la investigación recibió la investigación formalmente el 22 de septiembre y desde entonces decretó una serie de diligencias que le permitieron recabar los antecedentes que fundan la solicitud de audiencia de formalización que se desarrollará en enero.
Pamela Valdés, jefa de Asesoría Jurídica y vocera de la Fiscalía Oriente informó que las medidas cautelares que se solicitarán están siendo evaluadas por la fiscal Encina.
“Son delitos muy graves”, señaló Valdés, afirmando que corresponden a una pena de crimen y que el monto total del perjuicio es de 31 mil millones de pesos.
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