Diputados anticipan debate tributario con foco en aplicación de norma antielusión y repatriación de capitales

Este martes, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, presentó el proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias. Y de inmediato generó las primeras reacciones a nivel político. La comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados será la primera instancia que revisará este proyecto, que, si bien ingresará la próxima semana, se comenzará a discutir en marzo, ya que en febrero el Congreso entra en receso.

En la presentación, el ministro fijó mayo como plazo para tener aprobado el texto, pero luego por la tarde lo amplió a junio. Sin embargo, los legisladores esperan una discusión con calma: “Espero que el gobierno permita tener una discusión democrática y nos dé el suficiente tiempo para escuchar a expertos y tener un debate y confrontación de ideas, sin estar apurados y votando a toda carrera. La urgencia en la tramitación de un proyecto de esta naturaleza, puede ser contraproducente, e incluso podría hacerlo fracasar”, sostuvo el diputado del partido Republicano, Agustín Romero.

Misma visión entregó la diputada Sofía Cid, RN, quien planteó que “el gobierno ha tenido serias dificultades para sacar adelante sus proyectos en el Congreso, y lo más probable es que este no sea la excepción. Esto, porque pese a que intentan presionar a la oposición, lo cierto es que muchas veces ni siquiera cuentan con los votos de su sector, lo que ha demorado muchas iniciativas”.

Y desde el oficialismo, Jaime Naranjo PS acotó que “ojalá el proyecto esté despachado del Congreso en el primer semestre para financiar los objetivos que se persigue en materia de la PGU y otros costos derivados de la reforma de pensiones y seguridad ciudadana”.

Sobre los ejes del proyecto, el diputado Miguel Mellado RN dijo que aún habría que reforzar aspectos del proyecto, “para que realmente sea un texto que cierre la evasión y gran parte de la informalidad”. Asimismo, agregó que el proyecto es una medida necesaria. “Sobre todo en el fortalecimiento institucional del SII, aduana y tesorería, dado que hoy no tienen ni la tecnología ni personal necesario para fiscalizar adecuadamente y a tiempo y su resultado está a la vista con las operaciones de facturas falsas”, agregó.

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Respecto de la repatriación de capitales, los diputados de la comisión de Hacienda manifestaron opiniones opuestas. Para Mellado se trata de una buena medida, y señala que “ya lo han hecho gobiernos anteriores y ha dado buenos resultados que debe sumarse a otros incentivos para reactivar la inversión también”. Mientras que, para Naranjo, se deben crear incentivos para “hacerlo atractivo”.

Cid, en tanto, se mostró más negativa de este punto. “En el papel, entregar beneficios tributarios para fomentar la repatriación de capitales suena bien, pero la verdad es que, en este momento, con el estado de nuestra economía, los chilenos están pensando más bien en sacar el dinero de Chile. Ya antes se han aplicado este tipo de incentivos y nunca terminan recaudando lo que se suponía”, explicó.

Por otro lado, dentro del proyecto, Hacienda propone que la institución que aplique las sanciones deba ser el Servicio de Impuestos Internos (SII) y no los Tribunales Tributarios y Aduaneros como opera actualmente.

Ante esto es que la diputada Cid declaró que “creo que deberían ser los Tribunales quienes apliquen las sanciones, porque son ellos los mandatados a cumplir con la justicia, según nuestra Constitución. Entregar más facultades al SII no parece sensato. Sí habría que hacer una modificación para permitir que tribunales inicien causas sin la denuncia previa del SII”.

Para Romero, “son los Tribunales Tributarios y Aduaneros, los que deben seguir calificando los hechos elusivos, yo estimo que el Servicio de Impuestos Internos tiene todas las herramientas para actuar, pero creo que esas atribuciones fiscalizadoras no se han ejercido con la debida eficiencia”.

Contrario a lo que plantea Cid y Romero, Naranjo apoya la idea propuesta por Hacienda. “Considero que debe ser el SII como ente fiscalizador”, declaró, además de indicar que el Servicio debería garantizar un debido proceso al que ha cometido actos ilícitos.