En marzo de 2023 el Hotel Punta Piqueros, ubicado en los roqueríos de Avenida Borgoño en Concón, se tomó las redes sociales. Pero no específicamente por su prometedor estándar hotelero con vista directa a las costas del Océano Pacífico, sino más bien por un video que mostraba a la estructura siendo azotada por grandes olas que la inundaron hasta el techo en repetidas ocasiones. Tal escenario había sido parte de los argumentos de la Corte Suprema para detener la construcción de sus obras en 2019 por no cumplir con los permisos de edificación.
En contexto, el proyecto liderado por la Inmobiliaria homónima fue edificado sobre unos roqueríos y se encuentra extremadamente cerca del mar, además de contar con baja altura. Estos factores hacen que esté severamente expuesto a eventuales maremotos y marejadas, según argumentó en su momento el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA).
Y si las olas no lo han botado, sí podrían hacerlo las autoridades: a casi un año del registro que provocó cuestionamientos a la estructura, este jueves la Seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) de Valparaíso ordenó la demolición del Hotel Punta Piqueros en Concón, acción que se enmarca en el último fallo de la Corte Suprema -30 de mayo de 2022- donde se instruye a dicha repartición emitir un nuevo pronunciamiento sobre la petición de demolición de dicho inmueble solicitada por la Corporación de Defensa de Patrimonio Histórico de Valparaíso.
La seremi del Minvu, Belén Paredes, comentó que en este caso se cumplen las dos causales que establece el artículo 157 para ordenar la demolición total o parcial de las obras, debido a que en la actualidad no se ajusta al plan regulador comunal y no cuentan con permisos comunales.
Pero, ¿qué tiene que ocurrir para que el hotel sea efectivamente derrumbado? ¿Hay acciones que aún pueda interponer la inmobiliaria? ¿Hay plazos definidos?
Desde la notificación de la resolución, el Serviu regional cuenta con 10 días hábiles para iniciar los trámites necesarios y concretar la aludida demolición. Una vez transcurrido ese plazo -y si es que no existe una reclamación de ésta ante la justicia ordinaria- el servicio regional procederá a iniciar las tramitaciones necesarias para llevar a cabo la demolición, las que deben contemplar en todo caso con un proyecto y los papeleos administrativos sectoriales que se requieran para acometer dicha medida, incluido con ello el ingreso al Sistema de Evaluación Ambiental.
Según el Serviu de Valparaíso, en caso de que se interponga una reclamación en contra de la resolución de demolición ante la justicia dentro del referido plazo de 10 días, se debe esperar la determinación de los tribunales, es decir, que exista sentencia definitiva y no existan posibilidad alguna de interponer nuevos recursos judiciales. Y esto tiene un plazo indefinido, puesto que depende de muchos factores. Incluso, podrían transcurrir años, según entendidos.
De hecho, entendedores del proceso en el Minvu sostienen que el comienzo de la demolición no tiene ni de cerca una fecha establecida. En principio, porque tampoco se conoce cuánto puede tomar el proceso de tramitación y levantamiento de antecedentes técnicos y ambientales del hotel para crear el diseño que -una vez listo- tendrá que licitarse. Y eso tiene plazos propios indefinidos también.
Entre los argumentos que puertas adentro se hablan en el Minvu para defender la falta de un plazo está el hecho de que no se tiene experiencia de una situación así, lo que dicen nunca antes había sido mandatado.
Pero además, como se ha dicho, la Inmobiliaria Punta Piqueros también cuenta algunas alternativas y herramientas, partiendo por el plazo de 10 días hábiles -desde la notificación- para apelar a la decisión. Desde la compañía, de hecho, señalan que están evaluando usar el derecho a reclamación en el plazo estipulado.
“Como está demostrado, una demolición total de la estructura causará más daño que el que se pretende evitar. De hecho, hemos puesto en conocimiento de las autoridades los informes elaborados por prestigiosos científicos que señalan categóricamente que la intervención en la zona que produjo la construcción está completamente superada y que la biota marina y el entorno están íntegramente restaurados”, añaden.
Y apuntan, además, a la arista judicial que podría abrir el camino para más tiempo: “Esta obra se inició y levantó en todo momento con permisos otorgados legalmente por las autoridades locales y regionales correspondientes, por lo que continuaremos con nuestras acciones legales por falta de servicio e indemnización contra todos quienes resulten responsables”.
Pese a la decisión del máximo tribunal, expertos han abordado experiencias sin éxito de demolición por parte de la Seremi en la misma región. Hace dos años, la entidad dictó una resolución que buscaba demoler las construcciones sin permiso en la toma de Quilpué, terreno de la familia del empresario Alejandro Correa, víctima del caso “sicariato de Concón”. Aunque hasta la fecha dicha orden no ha tenido avance ni ha sido ejecutada.
Desde el Serviu responden que ambas situaciones son diametralmente distintas. “El caso referido al inmueble de la familia Correa buscaba demoler construcciones emplazadas en una toma de terrenos y no se pudo materializar porque la familia no ejecutó las acciones judiciales respectivas para obtener el lanzamiento de las familias que lo habitaban, lo cual impidió llevar a cabo la demolición. En cambio, el Hotel Punta Piqueros se encuentra absolutamente deshabitado, en ese sentido, no existe inconveniente para materializar la demolición. Lo señalado, sin perjuicio de las acciones legales que el titular del proyecto puede interponer ante la justicia ordinaria”.
Aunque según el arquitecto urbanista, Iván Poduje, por lo general estas ordenes no son acatadas, por ejemplo en viviendas sin permiso. Pero dada la relevancia del hotel -y la presión que existe- cree que “no tendrán más remedio que cumplir. Y será un proceso muy complejo por la forma en que está construido el edificio”.
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