La discusión sobre la ley corta de Isapre, y el nuevo proyecto de ley sobre Fonasa, da cuenta de una discusión de fondo de dos niveles: el político y el regulatorio. En el primero, el debate sobre salud traslapa la pugna sobre el modelo de derechos sociales; mostrando la grieta que existe en nuestro sistema político.
Por un lado, están aquellos que visualizan un modelo donde el Estado es el eje principal y los privados lo complementan. Por otro, aquellos que creen que la salud se ejerce desde la libertad económica y la libre elección personal a todo evento. En este escenario, lograr consensos es muy difícil, pues la respuesta legislativa de hoy será vista como el triunfo inicial de uno u otro sector.
Tal cuestión no es nueva, se reflejó ya en la reforma de salud del Presidente Lagos a mediados de la década del 2000. En ese tiempo se contuvo la posibilidad de incorporar ciertos elementos de solidaridad al subsistema privado, y la mejora en la gestión del sistema público y el establecimiento de prioridades sanitarias fue vista como una liberalización y privatización del sistema. Hoy, la disputa se mantiene. El propio Gobierno tiene dos almas: los que creen en un modelo de multi-seguros y los adherentes al seguro único.
Desde la perspectiva regulatoria se debe comprender que la ausencia de leyes adecuadas ha conllevado un proceso de judicialización de la salud privada; por lo que pensar en un camino realista de salida obliga a asumir que hay ciertas cuestiones basales que han sido delineadas por las cortes.
Hay tres asuntos que se deben considerar. El primero, referido a que se ha conformado un sistema de salud compuesto por prestadores y aseguradores estatales y privados. La discusión legislativa, como los dos procesos constituyentes, han reafirmado un modelo mixto.
Segundo, que desde hace más de una década la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional han afirmado que la salud es un derecho social y que los contratos privados de salud están irradiados desde la Constitución. No estamos frente a meros contratos de seguro, sino ante una expresión concreta de dicho derecho constitucional. Esto explica la estimación como arbitraria del alza del precio base de los planes y de las Garantías Explícitas (GES) y que, en la actual discusión legislativa, la médula sea encontrar una fórmula de alza de precio que no acarree un alto precio para los cotizantes.
El tercer aspecto es la consideración de la salud y pensiones como parte de un «sistema de seguridad social». Ambos derechos conforman un modelo que se sostiene en los mismos principios: solidaridad, universalidad, la igualdad y suficiencia, unidad o uniformidad. Sostenido en ellos, se debe edificar el acceso libre e igualitario al derecho, las libertades personales y el rol del Estado.
Al final del día, en la ecualización de estos tres aspectos está la posibilidad de un modelo de salud de consenso mínimo que nos ha sido tan esquivo.
Tomás Jordán D.
Álvarez & Jordán abogados, Profesor U. Alberto Hurtado
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La tramitación del proyecto que refuerza el cumplimiento de las obligaciones tributarias ya entró en tierra derecha.
La comisión de Hacienda del Senado ha despachado varios artículos a Sala, los que se relacionan con temas claves como la nueva gobernanza del Servicio de Impuestos Internos (SII), la nueva forma de aplicar la Norma General Antielusiva (NGA) y la flexibilización del levantamiento del secreto bancario. Se espera que el proyecto se despache a Sala el próximo lunes, para ser votado el miércoles.
Una de las bancadas que tendrá que pronunciarse sobre el proyecto es Demócratas. Un documento de la tienda presidida por Ximena Rincón valora una serie de materias propuestas vía indicaciones por Hacienda, pero también pide aclaraciones en varios puntos del texto.
Así, el texto define ocho temas que consideran van “en la línea de lo correcto”: que se respete el principio de especialidad en materia de Norma Antielusiva; que en caso de aplicar una Norma Especial Antielusión, no se puede aplicar la Norma General Antielusión (NGA) y viceversa, además de que se mantenga la aplicación de la norma a regímenes especiales; que la NGA requiera recomendación del Comité Ejecutivo del Servicio de Impuestos Internos (SII); la creación del Departamento de Normas Generales Antielusión; que se amplíen los plazos para aplicación de la NGA vía suspensión; y que se establece obligación de un apoderado común para grupos empresariales.
La tienda también valora los ajustes que hizo Hacienda a las normas de relación para efectos de fiscalizar a contribuyentes o grupos económicos, fijando que dos o más partes se considerarán relacionadas cuando concurran al menos dos de las siguientes circunstancias: unidad de dirección o administración; dependencia económica o financiera entre las partes; relación de parentesco entre las personas o sus administradores o directores, considerando al o la cónyuge, conviviente civil, ascendientes, descendientes y parientes, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad; y comercialización de bienes o servicios idénticos o similares bajo una misma denominación o marca.
También destacan que no aplicará la facultad de tasación del SII para fusiones, divisiones, ni otros tipos de reorganizaciones con legítima razón de negocios.
Lo que falta
Pese a que Demócratas destaca varias aclaraciones que hizo el Ejecutivo al proyecto tributario, el documento enumera 17 temas que consideran deben ser “perfeccionados”.
Por ejemplo, señalan que se puede perfeccionar la redacción respecto a los abusos de formas jurídicas en la NGA para evitar “malas interpretaciones, sobre todo en las últimas indicaciones presentadas”.
También, en el marco del secreto bancario, proponen agregar que toda comunicación entre la institución financiera y el SII debiese ir con copia al contribuyente. Postulan que se deberían enviar al SII todas las transacciones para consolidar las 50 operaciones de cuentas distintas, en el marco del artículo que busca fiscalizar las transferencias bancarias reiteradas recibidas por un contribuyente.
Demócratas considera muy baja la multa por traslado de mercaderías falsas o sin pago de impuestos, de 20% al 300% de 1 UTA ($ 160.000 a $ 2.400.000). A su vez, critican la eliminación de los incentivos tributarios a las donaciones hasta 250 UTM ($ 16 millones) a legitimarios y asignatarios.
Si bien destacan que se reglamenta el nuevo comité ejecutivo y el consejo tributario con amplias facultades para servir de contrapeso a la dirección del SII, dado el tipo de designación de integrantes “vale la pena pensar si asegura la independencia que se busca o mejor ahorrar recursos”.
En cuanto a las exigencias de información a vendedores habituales de bienes muebles usados, piden aclarar el alcance de la obligación a cualquier operación de compra y venta que supere las 50 UTM o su equivalente en moneda extranjera que deberán efectuarse siempre a través de medios de pago electrónicos o cualquier otro medio de pago que permita la individualización del pagador.
Aunque destacan las mayores facultades que tendrá la Defensoría del Contribuyente (Dedecon), creen relevante tratar la gobernanza del SII junto con los grados de libertad de la defensoría para generar equilibrios entre las obligaciones y derechos.
La indicación al Art.89 será un “dique difícil de sortear”, ya que creen que un certificado de situación tributaria al día para las Pymes es “difícil de cumplir, por lo que debiese bastar con iniciación de actividades.
También, piden que haya “coherencia” entre el denunciante anónimo y el nuevo proceso de autodenuncia que se crea para contribuyentes, en el sentido que solo puede aplicarse a diferencias de impuestos que podrían fundarse en hechos constitutivos de delito tributario.
En cuanto al Consejo Tributario, cree relevante que no solo pueda opinar sobre las circulares del SII, sino también sobre los oficios que emitan el director nacional y los directores regionales en el ejercicio de su facultad de interpretar administrativamente las leyes tributarias
En caso de reorganización empresarial (fusión), se establece que la continuadora legal (absorbente) mantendrá el beneficio o la autorización otorgada a la absorbida para obtener de forma previa a la materialización de la exportación el reembolso del IVA exportador: “Habría que dejar expresamente establecido que ello no suspende ni interrumpe el plazo otorgado al exportador absorbido para materializar la exportación”, pide la tienda.
En consejo de gabinete, Boric pide a ministros acelerar aprobación de la reforma de pensiones y cumplimiento tributario: “No es fácil, pero las vamos a sacar adelante”
El Presidente de la República, Gabriel Boric, lideró este viernes un nuevo consejo de gabinete de ministros en La Moneda. La autoridad entregó palabras al inicio de la reunión, llamando a sus colaboradores a no relajarse y seguir adelante con sus tareas.
“Estamos en un momento de realizaciones, de cosechar lo que hemos ido sembrando y eso requiere mucho trabajo. La cosecha no emerge sola, por lo tanto, tenemos que estar con la gente y atentos a sus necesidades y materializando las reformas que hemos impulsado”, señaló el mandatario a sus secretarios de Estado.
Boric agregó que “sé que puede haber cansancio luego de dos años y medio, queda solo un año medio, pero queda mucho por hacer, no hay espacio para el relajo”.
El Presidente les solicitó “estar firmes con presencia activa y materializando los cambios con que nos hemos comprometido con el país. Estoy motivado, hay motivos para estar optimistas, pero no confiados, depende del trabajo que hagamos y esas son las tareas que debemos afinar”.
El mandatario destacó los avances en reforma de pensiones y el pacto fiscal, al señalar que “felicito el empeño del ministro Marcel y la ministra Jara, en que las reformas de cumplimiento tributario y de sistema de pensiones, que algunos llamaban incluso a desahuciar, estén avanzando y encaminadas. No es fácil, todavía quedan cosas por hacer pero las vamos a sacar adelante”.
Boric además reiteró que durante septiembre se va a ingresar y retomar la discusión sobre la eutanasia y el proyecto que termina con el Crédito con Aval del Estado (CAE) e instaura un nuevo mecanismo de financiamiento para la educación superior.
La encuesta elaborada por el Institutional Investor Research destaca cada año el desempeño de las mejores empresas y ejecutivos de Latinoamérica. Este año aparecieron en el listado compañías de México, Argentina, Panamá, Perú, Colombia, Uruguay y Chile.
Los reconocimientos fueron entregados en una ceremonia en la ciudad de Nueva York el jueves de esta semana. En la 15ª encuesta anual de equipos ejecutivos realizada entre febrero y marzo de 2024, más de 1.100 inversores, gestores de carteras y analistas de 505 firmas evaluaron a 322 empresas y más de 1.000 profesionales en 16 sectores.
Las firmas chilenas fueron las segundas más galardonadas después de las mexicanas con 27 representantes.
Entre las nacionales destacadas están AES Andes, Aguas Andinas, Banco de Chile, Banco Santander Chile, CAP, Cencosud, Colbún, Embotelladora Andina, Entel, Enel Américas, Enel Chile, ENGIE Energía Chile, Falabella, Latam Airlines, Parque Arauco y SMU.
Le siguieron las argentinas con seis firmas, entre las que figuran YPF, MercadoLibre, Pampa Energía, Despegar.com y Arcos Dorados; Colombia con Bancolombia y Cementos Argos; Perú con Credicorp; Panamá con Copa Holdings y Uruguay con DLocal.
Los ejecutivos de Chile se destacaron especialmente en el sector energético. Se premió como mejor CEO a Fabrizio Barderi de Enel Chile, José Ignacio Escobar de Colbún, Aurelio Bustilho de Enel Américas. Dentro de los CFO se reconoció a Giuseppe Turchiarelli de Enel Chile, Miguel Alarcón de Colbún, Eduardo Milligan Wenzel de ENGIE Energía Chile y Ricardo Roizen de AES Andes. También fueron galardonados en el sector de alimentos y bebidas Miguel Angel Peirano, CEO de Embotelladora Andina y su CFO Andrés Waine. En la categoría Real Estate se destacó al CEO de Parque Arauco, Eduardo Pérez Marchant, a su CFO Francisco Moyano y a Lauren Brown, Head of Investor Relations.
Marcelo Gálvez CEO de SMU y su CFO Arturo Silva Ortiz también fueron premiados, al igual que Inés Ostenrieder por su labor de CFO de Cencosud, quien actualmente se desempeña como gerente de finanzas en WOM.
En la categoría de transporte subieron al podio el CEO Latam, Roberto Alvo, su CFO Ramiro Alfonsin y Tori Creighton, la jefa de relaciones con inversionistas. Además, se destacó a Paula Salinas de CAP, quien también lidera la relación con inversionistas.