¿Ley Lafkenche o caletas con perspectiva de género?

Han transcurrido más de 15 años desde que entró en vigencia la Ley Lafkenche, y la preocupación por el abuso de su aplicación y la obstaculización de los sectores productivos se ha convertido en un problema relevante y cada vez más grave. 

¿Cuál era la idea original? Preservar el uso consuetudinario de dichos espacios, a fin de mantener las tradiciones y el uso de los recursos naturales por parte de las comunidades indígenas vinculadas al borde costero. Hasta ahí, pareciera que está todo en orden, pero ¿qué ha ocurrido en la práctica? Vamos viendo. 

La Ley Lafkenche estableció una preferencia para las solicitudes de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) por sobre otras solicitudes de concesión en el borde costero, tales como concesiones marítimas para turismo, concesiones acuícolas para el cultivo de salmones, destinaciones marítimas para caletas pesqueras, áreas de manejo para la extracción de recursos bentónicos que se otorgan a pescadores artesanales, entre otros. 

¿Qué problema ha generado esta preferencia? Que la mera solicitud invocando esta normativa genera una suspensión inmediata de cualquier otro tipo de concesión en trámite. Esto ha significado que las ECMPO se han incrementado en número y en superficie solicitada (casi 4 millones de hectáreas en distintas regiones del país hasta agosto de 2023). ¿Qué ha implicado esto? Las ECMPO se han convertido en un instrumento especulativo, en un bloqueo de la actividad productiva del país y en un factor de riesgo adicional en materia de seguridad. 

En segundo lugar, en la tramitación de las ECMPO intervienen diversos servicios públicos (Subsecretaria de Pesca, gobiernos regionales y CONADI) que no sólo incumplen con los plazos establecidos en la propia Ley Lafkenche (solo a modo de ejemplo la CONADI tiene el plazo de un mes para que se emita el informe de uso consuetudinario y no se cumple), sino que además la dilación por parte de los funcionarios públicos llega a tal punto, que una ECMPO puede tardar hasta ocho años en ser tramitada. 

¿Qué genera esto? (i) una verdadera captura del solicitante respecto de ese territorio que muchas veces no busca obtener el espacio, sino que sencillamente evitar que otros se instalen; (ii) paralización de las solicitudes de concesiones de acuicultura de la pesca artesanal; (iii) paralización de las solicitudes de destinaciones marítimas del MOP (construcción de obras fiscales e infraestructura portuaria fiscal); un riesgo para la seguridad, al perder el control sobre la superficie solicitada, entre otros efectos. 

A sólo horas de que un convento de religiosas fuera violentamente asaltado en Santiago -nada menos que en el mismo barrio donde reside el Presidente de la República-, la misma autoridad anunciaba con bombos y platillos, la creación de las “caletas con perspectiva de género”. Este Gobierno sigue poniendo la ideología por sobre las personas. Es urgente modificar la Ley Lafkenche para que cumpla su objetivo sin afectar el desarrollo económico, la seguridad y la relación entre chilenos.

Constanza Hube

Abogada y profesora UC