Hace algunos días, el Gobierno presentó un proyecto para fortalecer la institucionalidad ambiental y mejorar su eficiencia, a través de una reforma de la Ley N°19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente. Al respecto, existe consenso entre autoridades públicas, algunos parlamentarios, trabajadores y gremios empresariales de que Chile necesita recuperar su crecimiento económico, que lleva más de una década declinando. Acelerar los tiempos de tramitación contribuirá a una mayor competitividad y esto es especialmente urgente en regiones como Biobío, de orgullosa tradición industrial y que ha visto caer su empleo y su participación en la economía nacional.
Sin embargo, hay un aspecto que merece atención especial y se trata de la intervención de factores ajenos a los procesos técnicos de evaluación. Es el caso, por ejemplo, de los “votos políticos” que se dan en instancias como los Gobiernos Regionales sobre proyectos que ingresarían al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Estos pronunciamientos no son parte de la institucionalidad ambiental y su propósito es poner obstáculos y levantar banderas de índole ideológico o personal contra los proyectos de inversión, sin tener en cuenta que esto retrasa el aporte de la tan esperada inversión para reactivar la economía y el empleo regional.
“Pronunciamientos de Gobiernos Regionales sobre proyectos que ingresarían al SEIA no son parte de la institucionalidad ambiental y su propósito es poner obstáculos y levantar banderas de índole ideológico o personal contra los proyectos de inversión, aun a costa de retrasar la reactivación de la economía y el empleo”.
La Contraloría se ha pronunciado reiteradamente sobre esta práctica viciosa. En diferentes dictámenes ha señalado que los Consejos Regionales podrán aprobar o rechazar propuestas asociadas a proyectos de inversión únicamente en base a motivos relacionados con la compatibilidad territorial o de vinculación con las políticas, planes y programas de desarrollo regional. Así entonces, no procede que los CORES aduzcan razones que no guarden relación con las materias antes indicadas para fundar un eventual rechazo de la propuesta presentada por el Gobernador Regional. Al hacerlo, están excediendo el ámbito de las atribuciones que la Ley N°19.300.
Basta recordar, en otra instancia, la concertación de seremis de la Región Metropolitana para paralizar un proyecto de inversión, que ya llevaba 30% de avance, en la comuna de Ñuñoa. Afortunadamente, en ese caso la Corte Suprema puso las cosas en orden, pero el daño a los inversionistas quedó impune.
Chile aspira a una mejor legislación ambiental, y cuenta con instituciones ética y técnicamente intachables para hacer las evaluaciones necesarias antes de entregar los permisos que corresponden. No obstante, el sistema debe operar sin interferencias para que los proyectos vean la luz en tiempos razonables. Esto exige que tanto los titulares de las iniciativas, como los servicios evaluadores, puedan resguardar un estricto cauce técnico de los proyectos de inversión, de manera que no sean interferidos por intereses ajenos al proceso.
Este es un factor clave para asegurar la transparencia, el apego a la legalidad por parte de los organismos públicos con competencia ambiental, y el desarrollo económico de nuestro país.
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