Economia
Comunidades indígenas podrían administrar área con 325 concesiones salmoneras
Menos de un año después de que en distintas ciudades del sur los trabajadores de la industria salmonera protagonizaran distintas movilizaciones en contra de la norma que buscaba prohibir la acuicultura en áreas protegidas, la Región de Aysén está siendo el escenario de nuevas manifestaciones por la posible aprobación de dos solicitudes de Espacio Costero Marítimo de los Pueblos Originarios (ECMPO) este jueves.
Según el director territorial de SalmonChile, Tomás Monge, estos dos ECMPOs -Cisnes e Islas Huichas- significarían que un grupo de “alrededor de 30 personas” se quedara con la administración de 621 mil hectáreas de mar y borde costero.
Loreto Seguel, presidenta del Consejo del Salmón, detalló que esta zona incluye 325 concesiones que, a nivel del sector laboral, afectan a 6.750 empleos directos de las empresas productoras y a otros 9.225 empleos indirectos ligados a la salmonicultura.
“Pesa a que (la Ley Lafkenche) tuvo un fin noble en su tramitación, la aplicación práctica ha sido deficiente y errática”, dijo Tomás Monge, director territorial de SalmonChile.
Son “el 45% de las (concesiones) existentes en Aysén y aproximadamente el 25% de la capacidad nacional de engorda de salmones”, agregó Monge.
¿De dónde vienen estas solicitudes?
La polémica tiene su origen en la Ley Lafkenche, que entró en vigencia en 2008 y estableció un mecanismo para destinar los ECMPO, con el fin de “preservar usos y costumbres indígenas”. A través de este instrumento, se entrega por un tiempo indefinido la administración de un borde costero a una comunidad o asociación de comunidades indígenas, tras una verificación de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) de los usos y costumbres alegados por éstas.
Según la Biblioteca Nacional del Congreso (BCN), a junio de 2023 se habían otorgado 19 ECMPO que corresponden a un total de 184 mil hectáreas, por lo que las solicitudes actualmente cuestionadas superan el total de las que existen hoy. Este 29 de febrero, la Comisión Regional de uso de Borde Costero (CRUBC) votará las solicitudes y, en las últimas semanas, desde pequeños gremios de Aysén hasta las principales asociaciones empresariales del país, como la CPC y la Sofofa, se han pronunciado en contra de las mismas.
Gerardo Ramírez, de Ovalle Consejeros Legales y autor del libro “Derecho Acuícola Chileno”, explicó que el problema viene de antes, porque si bien la votación se realizará hoy jueves, desde que se presentaron las solicitudes todos los trámites en el área involucrada se han paralizado. La Ley Lafkenche, en su artículo 10, dicta que la suspensión de todos los procesos hasta que la Conadi emita un informe.
El abogado señaló que cuando se otorga el ECMPO no significa que las concesiones activas tengan que dejar de funcionar, pero que sí se complicarán las renovaciones y solicitudes de nuevos permisos.
“Una vez otorgado, la comunidad o agrupación debe presentar un plan de administración a la autoridad, señalando las actividades que se realizarán allí. Ahí, entiendo, se puede negociar con la titular de la ECMPO que puedan explotarse recursos hidrobiológicos y en qué condiciones”, explicó Ramírez.
Agregó que las comunidades indígenas tienen derecho preferente para usar ese espacio. Sin embargo, también recuerdó que un ECMPO se puede quitar si es que la comunidad en cuestión incumple el plan de administración que presentó.
Monge, de SalmonChile, planteó que “como país, es urgente revisar la Ley Lafkenche y su aplicación, que pese a que tuvo un fin noble en su tramitación, la aplicación práctica ha sido deficiente y errática por parte del Estado, servicios públicos involucrados y comisiones regionales de uso del borde costero, donde no ha existido una mirada estratégica de largo plazo que apunte a un desarrollo armónico y equilibrado”.
Blumar: “Podría afectar hasta un 70% de nuestras concesiones en la región”
Entre las salmoneras que podrían salir afectadas por la aprobación de las solicitudes de ECMPO que se votarán en la jornada de hoy jueves, está Blumar.
El gerente general de esta compañía, Gerardo Balbontín, señaló que ven “con preocupación e incertidumbre esta decisión, ya que podría afectar hasta un 70% de nuestras concesiones en la Región de Aysén”.
El ejecutivo sostiene que en esas operaciones trabajan con 250 personas, “fortaleciendo el desarrollo local de las PYME y vinculados a las comunidades, con quienes impulsamos activamente proyectos de sostenibilidad”.
Mirando hacia adelante, Balbontín agregó: “Estamos convencidos de que la salmonicultura puede convivir con todos los usos del borde costero y marítimo, que es de todos los chilenos, especialmente de los ayseninos, y no solo de un grupo de 38 personas”.
Camanchaca: la Ley Lafkenche “se ha prestado para abusos que paralizan el desarrollo”
En línea con los números que han entregado los gremios, el vicepresidente de Salmones Camanchaca, Ricardo García Holtz, planteó: “¿Usted se imagina una propuesta de trámite fuera del Congreso que elimine un 25% de las capacidades de la agricultura o de la minería”.
García dijo que “lo que nos parece fuera de la razón e incomprensible es cómo el Estado puede entregar una ECMPO de 600 mil hectáreas a muy pocas personas (…) significaría dar 15 millones de m2 de superficie de mar del país a cada una de estas personas”. Recordó que no solo la salmonicultura se ve afectada, sino también la pesca artesanal, el turismo, el sector marítimo portuario, el forestal, e incluso actividades públicas como proyectos de infraestructura y telecomunicaciones.
En este marco, postuló que la Ley Lafkenche debe revisarse “con urgencia”, puesto que se ha implementado con “resultados deficientes y se ha prestado para abusos que paralizan el desarrollo de las actividades legítimas que se han desarrollado en las zonas involucradas”. Agregó que el Congreso y los chilenos han demostrado “ser muy racionales a la hora de tomar decisiones colectivas” y apuntó a que eso prevalezca hoy jueves.
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