¿Regiones y comunas más fuertes?

Un 50% conformará el fondo regional para la productividad y el desarrollo, que se distribuirá a los gobiernos regionales a través de sus presupuestos de inversión según los criterios de asignación del fondo nacional de desarrollo regional; 38% se utilizará para mejorar la equidad territorial de las 302 comunas con mayor dependencia del fondo común municipal; y 12% para compensar externalidades negativas en 43 comunas mineras de las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y O’Higgins. En estos últimos dos casos los aportes se realizarán a través del fondo común municipal, no existiendo restricciones a su administración.

“Es imperioso reglamentar los aportes del royalty minero sujetos al cumplimiento de indicadores de gestión y rendición de cuentas, con un período de transición”.

Si bien la asignación de mayores recursos se enmarca en el proceso de descentralización y autonomía financiera de los gobiernos locales, existen debilidades necesarias de subsanar previamente para que este sea exitoso. En el caso de los gobiernos regionales, los recursos destinados al fondo de productividad y desarrollo requieren contar con estrategias de desarrollo regional y planificación territorial actualizadas, de forma que la cartera de proyectos a financiar sea pertinente. Ello no ocurre en la mayoría de las regiones, las que además en los últimos años han evidenciado dificultades de gestión en la ejecución de sus presupuestos de inversión.

La situación es menos transparente y más compleja de abordar en el caso municipal. Se conocen las fuentes y montos de ingresos y gastos de cuentas agregadas, sin mayor apertura; mientras que los planes de desarrollo comunal están usualmente desactualizados y con ello las prioridades de inversión.

Este contexto es particularmente importante si se considera que a partir de 2025 las comunas verán incrementados sus ingresos un 45% en promedio, cifra que puede llegar a duplicarse en el caso de aquellas más vulnerables; y que, como resultado de los compromisos adquiridos en el proceso legislativo, a partir de este año recibirán el 50% de los recursos comprometidos con cargo al erario nacional, a lo que se suman recursos para seguridad ciudadana y para proyectos de infraestructura en las regiones del norte del país, con lo cual la recaudación tributaria generada por el royalty minero estaría completamente comprometida hasta 2027.

Que la Ley no haya condicionado la entrega de recursos a estándares mayores al de informar al Congreso respecto del uso de estos, no implica que no sea imperioso reglamentar los aportes sujetos a la exigencia de cumplimiento de indicadores de gestión y rendición de cuentas, estableciendo un período de transición. Sin indicadores de desempeño vinculados a los presupuestos y planes de desarrollo no existirán incentivos para mejorar servicios ni ser más eficientes, no se disminuirán las brechas existentes ni se incidirá en el crecimiento.