El gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, pidió el martes al Congreso aprobar una tercera prórroga del estado de emergencia para seguir luchando contra las pandillasa la que culpa de la mayoría de los crímenes cometidos en el país centroamericano.
“Esta guerra, si bien es verdad, la estamos ganando, Todavía hay trabajo que hacer”dijo el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, al presentar la solicitud de prórroga del régimen de excepción por otros 30 días.
“La misión que nos están dando los salvadoreños es clara: erradicar a estos terroristas del territorio salvadoreño”, afirmó.
Villatoro aseguró que la captura de miles de pandilleros que han sometido a los salvadoreños durante décadas logró reducir las tasas de homicidios, extorsiones, tenencia de armas y drogas.
Organizaciones de derechos humanos han denunciado repetidas violaciones, incluyendo detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso y han pedido al presidente Bukele que ponga fin al régimen de excepción y revoque las reformas al Código Penal aprobadas por el Congreso, argumentando que tales medidas violan los derechos humanos de la población.
El ministro de Seguridad, sin embargo, destacó el apoyo que, según él, ha manifestado la población a las medidas. Según encuestas recientes de dos prestigiosas universidades del país, más del 80% de los salvadoreños aprueba el régimen de excepción.
“Todos los que defienden los derechos de los criminales y terroristas se han equivocado de país. Aquí se escucha a los salvadoreños”Dijo Villatoro.
José Heriberto Hernández, un trabajador de 51 años, dijo a The Associated Press que está de acuerdo con las medidas antipandillas. Pero “también creo que se deben tomar medidas para liberar rápidamente a los inocentes” o personas detenidas sin vinculación con esos grupos, agregó.
La ONG de derechos humanos Cristosal denunció que a pesar de que las fuerzas de seguridad han capturado a miles de pandilleros, Se siguen reportando desplazamientos forzados internos por lo que culpó a esos grupos criminales.
Las autoridades sostienen que persisten las circunstancias que motivaron la implementación de la medida. En cuanto al régimen de excepción, Las autoridades capturaron a 41.346 personas, la mayoría acusadas de formar parte de estas estructuras criminales o colaborar con las bandas.
Luego de 62 homicidios ocurridos el 26 de marzo, un nivel de delincuencia no visto en años en El Salvador, El Congreso aprobó el estado de excepción que limita la libertad de asociación y suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y motivos de la detención, así como la asistencia de un abogado.
También, amplía el período de detención administrativa de 72 horas a 15 días y permite a las autoridades incautar la correspondencia y los teléfonos celulares de quienes consideren sospechosos.
De acuerdo con la Constitución, el plazo de suspensión de las garantías constitucionales no podrá exceder del plazo de 30 días. Transcurrido dicho plazo, podrá prorrogarse por igual plazo y mediante nuevo decreto en caso de que subsistan las circunstancias que lo motivaron. El no hacerlo resultaría en el restablecimiento total de las garantías suspendidas. Las autoridades de seguridad sostienen que aunque las medidas extraordinarias han dado resultados, muchos pandilleros siguen prófugos y delinquiendo.
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