Para el próximo 25 de abril, está fijado el remate de un millonario proyecto inmobiliario a medio construir en Pucón. Se trata de un complejo de tres edificios con 170 departamentos (con avances que van desde el 75% al 90%), con un mínimo de adjudicación de US$ 15,4 millones.
El proyecto -emplazado en un terreno de 8.700 metros cuadrados en Camino Villarrica-Pucón 1200, Pucón- es propiedad de la Inmobiliaria La Poza S.A., ligada al empresario Alfonso Fuenzalida, que inicialmente intentó sacar adelante un proceso de reorganización judicial, pero finalmente se decretó su quiebra.
No obstante, el abogado de la inmobiliaria, Gonzalo Bulnes, solicitó a la justicia que se suspenda el remate. “Ese acuerdo ha sido acordado, a pesar de encontrarse pendiente la vista y fallo del recurso de apelación de esta parte en contra de la sentencia que decreta la liquidación, y a pesar de haber expuesto esta parte en junta que dicha decisión sólo tiene como fin generar una situación de hechos consumados que dificulte retrotraer los efectos de ser acogido el recurso de apelación pendiente”, sostuvo el jurista.
La solicitud, hasta el cierre de esta edición, se encuentra pendiente de ser resuelta por el 13º Juzgado Civil de Santiago.
Antes, en agosto de 2020, la empresa solicitó a la justicia la apertura de un proceso de reorganización judicial. Sus pasivos superan los $ 17.593 millones, según antecedentes del proceso, en los cuales se precisó que el giro principal de la inmobiliaria es el desarrollo del proyecto La Poza.
El banco y la inmobiliaria
En su propuesta de reorganización, la empresa dijo que para el desarrollo del complejo inmobiliario licitó la construcción de los tres edificios bajo la modalidad de obra vendida, para lo que llamó a una licitación privada, resultando adjudicadas las obras a la Empresa Constructora Julio López Navarro Ltda.
“Lamentablemente, por motivos ajenos a este proyecto y encontrándose las obras en plena ejecución, dicha empresa abandonó las obras, ya que fue demandada de liquidación forzosa, situación que produjo un enorme perjuicio a este proyecto en atención a las evidentes demoras y problemas de coordinación derivados del cambio de una empresa constructora en la mitad de un proyecto, especialmente uno de la envergadura del Proyecto La Poza”, justificó la compañía.
Y añadió: “Como consecuencia de lo anterior y dada la gravedad de la situación, la propia empresa deudora se abocó, a través de una empresa constructora constituida al efecto, a terminar las obras con todo el trastorno que dicha situación produjo, más aún cuando ya se habían celebrado promesas de compraventa de departamentos en construcción con algunos clientes”.
La compañía señaló que no se han podido suscribir los contratos de compraventa definitivos con los promitentes compradores y los costos han sido muy superiores a los presupuestados. “Una prueba de ello, son todos los créditos otorgados por sociedades relacionadas a la empresa deudora que el informe del auditor externo detalla y que suman la cantidad de $ 7.054 millones”, sostuvo.
A fines de 2020, se aprobó la reorganización judicial, y se nombró como interventor concursal a Patricio Jamarne. La comisión de acreedores quedó conformada por representantes del Banco Security y la Chilena Consolidada Seguros Generales.
Hasta que, en enero de 2022, el mencionado banco solicitó declarar la liquidación de la inmobiliaria, acusando el impago de 16 pagarés. A través de la demanda de liquidación forzosa, la entidad financiera decidió hacer exigible el saldo adeudado por más de 77.633 UF.
En su respuesta a la petición de quiebra, la defensa de la inmobiliaria dijo que, para cumplir con el fin de la reorganización judicial, el banco demandante se comprometió a financiar a Inmobiliaria La Poza en su funcionamiento de acuerdo al flujo del proyecto conocido por las partes, lo que -afirmó- lo hizo “sólo parcialmente”. “De hecho, Banco Security, contraviniendo la reorganización judicial, ha elegido qué gastos estima necesarios financiar y cuáles, no retrasando y dañando al proyecto, sus acreedores y a la propia inmobiliaria. Los pagarés con los que se pide la liquidación corresponden a dineros gastados en la construcción del conjunto de edificios casi terminados, usados en la obra”, afirmó.
La justicia decretó la quiebra de la empresa el 22 de junio de 2023.
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