Durante la última junta de accionistas de la Clínica Las Condes (CLC), el pasado 26 de abril, Óscar Sepúlveda Muñoz se identificó como proveedor de transportes de taxi de la empresa y sostuvo que se le adeudaban pagos desde hace un año. Según el acta de la junta, preguntó si existían planes de pago para los proveedores y dijo haber solicitado audiencia sin éxito.
El gerente general de CLC, Pablo Ortiz, respondió que esto le llamaba “poderosamente la atención”. Dijo que la compañía tiene más de 500 proveedores de servicios permanentes y más de 1.500 proveedores de insumos y medicamentos, a los cuales se les paga con una política de 90 días, plazo que se extendió a 150 días, producto de la “dilación de los pagos” de isapres y Fonasa. En ese momento, aseguró, ese periodo ya se había acortado a 120 días.
“Por los pasillos deambulan las ánimas como consecuencia de la falta de médicos y pacientes”, dijo el abogado Juan Esteban Montero León, en representación de minoritarios.
No obstante, otras nueve empresas han llevado a la CLC a la justicia acusando deudas de la clínica, solo desde el 17 de enero hasta esta fecha. Además de la demanda de Femsa Salud -matriz de Farmacias Cruz Verde, acción legal ya publicada en este medio- y su brazo de equipamiento médico, la lista la completan otras grandes y pequeñas firmas (ver recuadro).
Y si bien tras esa junta de accionistas, Alejandro Gil -pareja de Cecilia Karlezi, controladora de la clínica- logró retener la presidencia del directorio, la intervención de Sepúlveda coronó una tensa discusión protagonizada por exmédicos del establecimiento, que hoy se mantienen con participaciones minoritarias.
Dardos de los doctores
En 2023, la CLC tuvo más de $3.400 millones de pérdidas, con una caída de un 22,2% en sus ingresos. La ocupación sobre la infraestructura total de camas disponibles cayó a un 35,6% y el porcentaje de uso de pabellones a un 26,7%. Las consultas médicas también bajaron un 36,5%. Asimismo, la caja de la clínica se redujo a casi un cuarto, pasando de $19.889 millones a $5.182 millones. En contrapeso, la empresa ha estado impulsando un plan de optimización y redujo sus costos de venta en un 19,8% y sus gastos de administración en un 14,8%.
ALEJANDRO GIL, PRESIDENTE DE CLÍNICA LAS CONDES.
Con ese telón de fondo, según se lee el acta de la junta, Ortiz -quien es el sexto gerente general de la empresa desde agosto de 2019, cuando Karlezi tomó el control de CLC- planteó que estaban coordinando y alineando a sus equipos profesionales para generar una gestión eficiente; optimizando tiempos de atención a pacientes y resguardando recursos para mantener la estabilidad financiera, y reestructurando diversas áreas, entre otros.
Pero los mensajes no fueron bien tomados por los exmédicos. El abogado Juan Esteban Montero León, en representación de sociedades ligadas a los doctores Manuel Espíndola y Ricardo Zalaquett, acusó que el grupo controlador “asoló el crecimiento de la clínica que predominó por cerca de 40 años (…) No es libre para hacer lo que quiera y para generar tal despropósito y tampoco puede decir ‘que al que no le gusta que se vaya’. El mercado es cruel, pero requiere cierta inteligencia mínima para evitar provocar resultados negativos propios y para terceros y estoy seguro que hay pocos en esta sala que se encuentren conformes con la actual administración de la clínica”.
Aseveró que en la clínica “por los pasillos deambulan las ánimas como consecuencia de la falta de médicos y pacientes” y que se ha “alimentado fuertemente a la competencia (Clínica Uandes y MEDS) entregándole de regalo a grandes médicos y profesionales”.
Los médicos han protagonizado una fuga masiva de la CLC. El propio Ortiz, en la junta, señaló que 263 médicos salieron en 2023 y que hubo una alta rotación en los primeros meses del año, cuya causa “no está completamente clara para la administración”.
Montero adelantó que sus representados están prontos a demandar judicialmente los honorarios que cobraron a sus pacientes, ya reembolsados por isapres y Fonasa y también pagados por los propios pacientes.
Tras él, otros doctores se sumaron. Por ejemplo, Roberto Postigo, según el acta, declaró que los médicos “tienen una ética distinta y están acostumbrados a ser serios. Se imaginaba que cuando alguien hablaba en una junta de accionistas, lo hacía seriamente”.
Por otro lado, Javier Brahm, manifestó desacuerdo con los antecedentes entregados por el gerente. Aseguró que es “completamente falso” que se trabajó en armonía con el cuerpo médico y criticó que en 2023 los exámenes de laboratorio de la institución fueron, en gran medida, realizados fuera de ella, decisión que no habría sido comunicada a los doctores.
Ortiz, más adelante en la junta, planteó que “la deuda con los profesionales médicos” es “muy importante para la compañía” y que se está trabajando en ello. En los últimos meses, agregó, se recibieron solicitudes de revisión de las cuentas de diversos médicos, por lo que se están haciendo las auditorías pertinentes al respecto.
Y proyectó: “La recuperación de la oferta de profesionales médicos que ingresaron a la clínica en el segundo semestre fue gradual. Hoy en el año 2024 se evidencia una recuperación de la actividad importante y creciente, pero que requerirá un ajuste en el tiempo”.
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