Un amplio respaldo tuvo en diversos expertos en materia de probidad y transparencia las recomendaciones que entregó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para perfeccionar la Ley del Lobby en Chile que rige hace 10 años y que, entre otros aspectos, pide incluir a los centros de pensamientos como lobistas y transparentar su forma de financiamiento.
Esta solo fue una de las 33 sugerencias que hizo el organismo multilateral, que también incluyeron suprimir el actual criterio de la normativa chilena de tener que recibir una remuneración para distinguir entre lobistas profesionales o ser gestores de intereses particulares cuando no son remunerados, fusionando estos términos en un concepto único: “representantes de intereses”.
En esa misma línea, pidió incorporar en la definición de lobby y representantes de interés a todos los actores que intentan influir en los procesos de elaboración de políticas públicas, independientemente de su estatus o de si reciben remuneración por sus actividades: empresas, asociaciones empresariales y comerciales, organizaciones no gubernamentales, laboratorios de ideas (think tanks), centros de investigación y sindicatos, entre otras organizaciones.
Marcelo Drago, expresidente del Consejo para la Transparencia.
“Cualquiera que incida en el proceso de toma de decisiones públicas tiene que someterse a estándares de transparencia”, dice Drago.
Jeannette von Wolfersdorff, exintegrante de la comisión de transparencia.
“Estas organizaciones juegan un rol importante para la sociedad, pero tienen riesgos potenciales de ser capturados”, opina von Wolfersdorff.
Alberto Precht, directorio de Transparencia Internacional.
“Lo que busca una buena legislación de lobby (…) es que podamos hacer una trazabilidad del por qué de las tomas de decisiones”, señala Precht.
María Jaraquemada, expresidenta de la comisión asesora para la transparencia e integridad. “Es importante que haya transparencia en quiénes promueven estas ideas, no solo las caras visibles del think tank”, afirma Jaraquemada.
El mismo Gobierno se hizo eco de algunas de estas materias en el proyecto de ley que presentó el viernes al Congreso para modernizar la regulación del lobby y las gestiones que representen intereses particulares.
La Comisión para la Integridad Pública -que depende de la Secretaría General de la Presidencia- precisó que la propuesta incluye reglas especiales para los que queden en calidad de “calificados” por hacer lobby más intensivamente, incluyendo los centros de estudios. Además, agregaron que en el caso del proyecto de transparencia 2.0 -ya en trámite en el Parlamento- hay reglas para todos los think tanks que reciban asignaciones parlamentarias, quienes deberán transparentar su financiamiento, directorio y balances.
Un hecho que destaca Marcelo Drago, quien presidió el Consejo para la Transparencia, la instancia que administra la actual plataforma del lobby.
“Están instalados en el Congreso, que es perfectamente legítimo, están presentes físicamente en las discusiones en particular de muchos proyectos, los parlamentarios consultan cuestiones in situ; entonces, tienen un nivel de influencia que debe transparentarse”.
A juicio de Drago, “cualquiera que incida en el proceso de toma de decisiones públicas tiene que someterse a estándares de transparencia y eso contempla a centros de estudios. Tenemos que conocer su forma de financiamiento en detalle, no en términos generales, para poder indagar si los proyectos en que realizan informes y presentaciones los hacen realmente por interés público o interés privado comprometido”.
Junto con valorar la necesidad de este avance, la exintegrante de la comisión de transparencia, Jeannette von Wolfersdorff, dice que las exigencias no se deben limitar a ese tipo de entidades, sino que también abarcar a todas las ONG “que tienen una cierta tendencia de querer empujar políticas públicas afines a los objetivos que persiguen: deberían indicar quién lo financia y, con ello, transparentar un aspecto que es muy importante y de forma indirecta lobby”.
En Europa, expone que hay distintos estudios de empresas de tecnología y como el lobby es cada vez más indirecto a través de centros de estudios y ONG. “Entonces, estas organizaciones juegan un rol importante para la sociedad, pero tienen riesgos potenciales de ser capturados”, sostiene.
Y recuerda que en Chile desde hace muchos años se pide una mayor transparencia de los think tank y fundaciones, “específicamente quién los financia, que es distinto a un registro de beneficiario final”, dice.
Mayor cobertura
El miembro del directorio de Transparencia Internacional, Alberto Precht, opina que en la actualidad los centros de estudios ligados a los partidos políticos tienen el nivel de transparencia que exige la Ley y, por lo mismo, considera “importante” que se conocieran las principales fuentes de financiamiento de aquellos con un perfil distinto. ¿La razón? Eventualmente, pueden ejercer influencia en la toma de decisiones por parte de autoridades públicas.
Esto permitiría, señala, “hacer este seguimiento o trazabilidad de influencia, dinero que financia y toma de decisiones”.
Precht también valora que esta información sirva “para cruzarla, por ejemplo, con la que está disponible en las declaraciones de patrimonio e intereses de las autoridades. La OCDE dice bueno, no lo siga haciendo separado y haga un solo repositorio donde se puedan hacer estos cruces y esto es importante, porque finalmente lo que busca una buena legislación de lobby junto con el acceso igualitario a la autoridad es que podamos hacer una trazabilidad del por qué de las tomas de decisiones”.
La expresidenta de la comisión asesora para la transparencia e integridad, María Jaraquemada, sostiene que la Ley ya rige para centros de estudios y gremios que quieran hacer algún tipo de actividad para influir en la toma de decisiones, solo que los llama de distinto nombre, por lo que considera adecuado que se fortalezca eso y abarque más actividades.
Respecto a los centros de estudios, señala que si bien “parte de su misión es influir en el debate público respecto de sus propuestas e ideas, también es importante que haya transparencia en quiénes promueven estas ideas, no solo las caras visibles del think tank, sino que también los que los están financiando”.
#Lobbistas #transparentar #financiamiento
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La reforma de pensiones, una de las iniciativas más emblemáticas de la administración del Presidente Gabriel Boric, entró en un mes clave.
Mientras se afinan los últimos detalles del trabajo de la mesa técnica que se instaló para acercar posiciones entre los diversos actores políticos, el Gobierno busca acelerar el trámite legislativo con el objetivo de que en esta semana la iniciativa se vote en general en la comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado.
Dicha instancia sesionará este miércoles y se llevará a cabo con un ingrediente adicional: un cambio transitorio en la presidencia por la ausencia del senador UDI Iván Moreira, quien estará fuera durante este mes por motivos de salud.
“Si lo que se quiere es esperar el informe de la comisión (técnica), ese informe va a estar esta semana”, aseguró el ministro de Hacienda, Mario Marcel.
Así, se espera que el senador gremialista Juan Antonio Coloma, asuma las riendas de la instancia, lo que tendrá que ser ratificado al inicio de la sesión del miércoles.
“Estamos todavía conversando con la oposición, han salido varias alternativas en el Senado”, aseguró este lunes la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, en entrevista con CNN Radio.
Junto con agradecer la disposición que ha percibido en la Cámara Alta, adelantó: “Hay como 14 temas en los cuales tenemos acuerdo y en los cuales podríamos avanzar, pero esto depende hoy de los votos de la oposición”.
Dentro de esos ejes figurarían algunos cambios a la industria que permitan darle mayor legitimidad al sistema, además de otras medidas para aumentar el ahorro, como por ejemplo, un seguro de lagunas previsionales.
Mientras, el destino del 6% de cotización adicional sigue siendo el nudo crítico, aunque se estarían buscando alternativas que permitan llegar a un consenso.
¿Fin a las AFP?
Asimismo, este lunes Jara insistió en que “la propuesta del Gobierno continúa con la eliminación de las AFP”.
Lo anterior, ha tenido distintas miradas en el oficialismo. Este domingo, en el programa “Mesa Central” de Canal 13, la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, señaló: “¿Nosotros vamos a terminar con las AFP? Claramente no. No es el momento, tenemos que entregarles mejores pensiones a los chilenos y chilenas hoy día”.
Filial de BancoEstado
La ministra Jara también recordó que la reforma previsional divide las funciones de la industria, teniendo por un lado inversión, con participación del Estado en igualdad de condiciones, y administración. “Hemos escuchado distintas propuestas técnicas y si logramos avanzar en la idea de legislar, se van a expresar éstas en las indicaciones que como Ejecutivo nos hemos comprometido a ingresar”, dijo.
Durante este lunes la ministra dio algunas luces de lo que podría implicar la incorporación del Estado como un actor más, planteando que “va a haber una alternativa pública que va a ser a través de BancoEstado, en una filial de gestión de fondos en igualdad de condiciones y las personas van a poder elegir”.
Hace un mes, el CEO de BTG Pactual, Juan Guillermo Agüero, respaldó un modelo de este tipo, cuando sostuvo que “así como le adjudicó a Codelco el litio, el Gobierno podría asignar a BancoEstado el rol de AFP Estatal”.
Plazo para votar
En las últimas horas, el Presidente Boric emplazó nuevamente al Congreso a votar la reforma e hizo un llamado a que “todos nos pongamos una mano en el corazón” e instó a que “a la brevedad se llegue a un acuerdo en el Congreso”.
Tanto desde Chile Vamos como desde el oficialismo aseguraron que votar este miércoles en general se ve a lo menos difícil, considerando que la oposición tiene mayoría y que ha insistido en que hoy no están dadas las condiciones para que se ponga en tabla esta semana.
El senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, aseguró que “no vamos a ser cómplices de una mala política pública”.
El parlamentario agregó que “si la ministra (Jara) insiste en apurar el tranco legislativo en una discusión que no tiene que ver con los tiempos, tiene que ver con el contenido, nosotros no estamos disponibles este miércoles”.
La postura se suma a la del presidente de RN, Rodrigo Galilea, quien ha insistido -tal como lo hizo en una reciente entrevista con DF- en que no es un tema de plazos, sino que de contenidos. “Con el título de qué se trata la ley, y nada abajo. Eso no es votable”, aseguró en conversación con Radio Infinita.
La derecha apunta que para que se avance en la votación, se debería tener al menos sobre la mesa el informe de la mesa técnica.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, aseguró este lunes en entrevista en T13 Radio que esta semana concluiría el trabajo de dicha instancia. “Si lo que se quiere es esperar el informe de la comisión, ese informe va a estar esta semana, por lo tanto, no hace una diferencia muy grande respecto de la fecha de votación”, expresó la autoridad.
Llegó el 1 de julio y, con ello, la polémica alza en las cuentas de la electricidad. En medio de un intenso revuelo político y técnico, el que fue aumentando en las últimas semanas cuando el ajuste estaba a la vista, el ministro de Energía, Diego Pardow, anunció este lunes que el Gobierno presentará un nuevo proyecto de ley para triplicar la cobertura del subsidio eléctrico, beneficio que está dirigido actualmente a 1,5 millón de hogares más vulnerables y cuya postulación para acceder a este comenzó ayer, de manera de entregarlo a la totalidad del 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares, es decir, más de 4,7 millones de hogares que involucran a cerca de 10 millones de personas.
Entre las medidas para ampliar el subsidio está aumentar su monto para aquellos hogares beneficiarios que pertenezcan a Sistemas Medianos; establecer un subsidio adicional para hogares en que habiten personas electrodependientes, equivalente a 150 kW/h mes; y aumentar en un año la entrega del subsidio, con una disminución gradual, permitiendo que durante 2027 exista una ayuda a las familias que lo necesiten y sea a la vez un lapso de transición hasta la disminución del cargo.
La Moneda indicó que el objetivo de recaudación que permitirá viabilizar el proyecto llegaría hasta US$ 350 millones anuales.
Por el lado del ingreso, considerando que el Gobierno se mantiene firme en que no hay recursos para financiar este subsidio, el proyecto de ley propondrá un aumento temporal al impuesto al carbono, aporte fiscal con cargo a la recaudación adicional de IVA que estará asociada al alza de tarifas de electricidad y el aumento temporal del valor adicional del Cargo por Servicio Público correspondiente a mayores consumidores industriales (superior a 5.000 kWh).
Aunque no hubo una bajada específica de lo que implica, el Gobierno indicó que el objetivo de recaudación que permitirá viabilizar las medidas anunciadas es del orden de entre US$ 300 millones y US$ 350 millones anuales.
La idea, además, es acompañar todo este paquete con una reforma corta al régimen de abastecimiento de suministro a clientes regulados para permitir que puedan comprar energía a los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD). Esto permitirá, de acuerdo al Gobierno, reducir en 7% (en sus cálculos iniciales) y de manera permanente el precio de energía traspasable a los clientes finales, y generará beneficios sistémicos para los demás clientes y la industria.
La discusión que viene en la mesa técnica
Este anuncio fue explicado más tarde, en términos generales, por el ministro Pardow en el exCongreso en el marco de la sesión de la mesa técnica asesora de la ley de estabilización programada para este lunes, donde justamente se busca alternativas de aumento del subsidio eléctrico y otros mecanismos para mitigar las alzas en las boletas.
Una de las definiciones fue poner el pie en el acelerador. Ayer se definió evacuar este mes el proyecto desde la mesa para iniciar su discusión legislativa, siguiendo la intención del Gobierno de que esta presentación sea a más tardar el 15 de agosto. Esto, considerando que el subsidio tiene un período de postulación entre el 1 y el 14 de julio, y después en octubre nuevamente. Asimismo, la mesa tendrá un mínimo de dos sesiones por semana. La próxima cita será este jueves con asesores y estará enfocada en la proyección del gasto y el balance de las postulaciones al subsidio. Y, el lunes 8 de julio, se retomará el debate político.
Aunque la propuesta generó apoyo entre los parlamentarios, no dejó a todos conformes. Junto con solicitar la presencia del ministro de Hacienda, Mario Marcel, algunos consultaron si se seguirán buscando nuevas fuentes de financiamiento para ayudar a otros grupos como la clase media y las PYME. Este fue el caso del diputado Cristián Tapia (PPD), quien además sostuvo que “las generadoras de energía no se pueden quedar al margen. También deberían hacer un esfuerzo para que los clientes puedan tener algún tipo de rebaja del costo”.
El diputado RN, José Miguel Castro, sinceró: “Vamos a tener que ser muy precisos en ese tema. Cuando uno habla de simplemente aumentar el impuesto a clientes libres, estamos hablando, por ejemplo, de mineras que pagan un 19% más de electricidad en comparación a cualquier otra parte del mundo. ¿Cómo eso influye en la economía?”.
Su par de RN, Ximena Ossandón, fue más crítica: “Estoy absolutamente de acuerdo en las propuestas, pero aquí estamos haciendo que un problema del Estado, que lo debería pagar el Estado, lo paguen los particulares, que lo paguen otros”.
En esta línea, enfatizó que “tenemos que buscar cómo entre todos lo terminamos pagando. No sé por qué se saltaron esta parte”. Aseguró que “nos faltan muchísimos datos” y advirtió: “Son US$ 120 millones para 1,5 millones de hogares, y se supone que ahora se triplica, pero esto no necesariamente se multiplica por tres. Ahí tenemos que ver exactamente cuáles son los datos para que salgamos del discurso político”.
Partidos oficialistas insisten en medidas adicionales para las PYME y clase media
POR RODOLFO CARRASCO
Comité político ampliado buscó ordenar al oficialismo y atenuar las demandas adicionales que siguen proponiendo dirigentes y parlamentarios.
Con gusto a poco quedaron en el Congreso distintos parlamentarios ante el anuncio del Gobierno para atenuar el alza en las cuentas de electricidad, manteniendo la presión para que el Ejecutivo adopte otras medidas que abarquen la clase media y las pymes.
El tema fue analizado en un comité ampliado en La Moneda con los partidos del oficialismo realizado en forma extraordinaria en la tarde de ayer lunes, hasta donde llegó el Presidente Gabriel Boric para informar a los legisladores las medidas que está adoptando el Ejecutivo y tratar de contener las propuestas adicionales que siguen surgiendo para frenar las alzas.
Tras la reunión, la presidenta del PS, senadora Paulina Vodanovic, valoró que se busque extender el subsidio eléctrico, mientras que el diputado y timonel de Convergencia Social, Diego Ibáñez, señaló que esperan tramitar rápido este proyecto.
Para el presidente del PPD, senador Jaime Quintana, la reunión fue “provechosa, con el objetivo de la necesaria unidad de la alianza que aspira a proyectarse” y dijo que “el Gobierno actúa con empatía en buscar todos los mecanismos para que este beneficio sea lo más extensivo posible”. Agregó que; ante las alzas de las tarifas “los partidos oficialistas van a colaborar en la búsqueda de soluciones, pero hay limitaciones fiscales y eso lo señaló el Presidente”.
Previamente, el senador Juan Luis Castro (PS), que preside la comisión de Energía y Minería, indicó que “ya no estamos encapsulados solo en un subsidio para un tercio del 40% de hogares más necesitados… ya se abrió la puerta, se está triplicando, queremos aún más y las maneras de llegar a esos recursos las vamos a discutir”.
Diputados de la bancada PPD-Independientes, encabezados por Raúl Soto, llegaron a La Moneda para hacer entrega de una carta dirigida al Presidente para que amplíe subsidios a la clase media y a las PYME por el alza de las tarifas eléctricas.
En ese marco, el parlamentario indicó que la medida “aún es insuficiente, pero va por buen camino” y que “la clase media sigue siendo excluida, las micro y pequeñas empresas y los emprendimientos van a ser muy golpeados. Por lo tanto, queremos instar al Gobierno a seguir avanzando en esa dirección”.
También un grupo de alcaldes de partidos oficialistas llegó a la sede de Gobierno exigiendo que no se descarten alternativas, como congelar tarifas hasta enero o renegociar contratos. “Esperamos que se revisen todas las opciones para que no exista alza o esta se pueda mitigar con subsidios”, sostuvo la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC).
Sorpresa total en el mundo tributario y legal. A las 16:33 horas de ayer, el Ministerio de Hacienda confirmó un rumor que marcó la mañana de este lunes: la salida del actual director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Hernán Frigolett, quien llegó al cargo en marzo de 2022.
El economista, cuya renuncia se hará efectiva el lunes 8 de julio, reemplazó al ingeniero Fernando Barraza, a quien se le pidió la renuncia como parte de los 12 cargos de Alta Dirección Pública (ADP) que pueden ser removidos sin concurso en los primeros seis meses de un nuevo Gobierno.
“El ministerio agradece el desempeño de Frigolett en estos 27 meses como director del servicio, quien durante un período muy complejo logró sacar adelante las tareas tales como asistir el proceso de cambios en la normativa tributaria contribuyendo al crecimiento, a la certeza jurídica y el financiamiento de programas sociales para el desarrollo del país; asegurar e incrementar la recaudación de impuestos; reducir la evasión fiscal, fortaleciendo la fiscalización y promoviendo más y mejores servicios que faciliten el cumplimiento tributario; y fortalecer los procesos internos, tecnológicos y gestión de recursos, para mejorar la satisfacción de los contribuyentes, y avanzar en la modernización institucional”, señaló la cartera liderada por Mario Marcel.
Definiciones recientes de Etcheberry
“Si bien se estima indispensable actualizar y modernizar algunas normas tributarias (…) nada impide hacer esto apoyando otras prioridades nacionales tales como el crecimiento y desarrollo económico, la lucha contra la informalidad, y otras formas de delincuencia, incluyendo también mafias”.
“Tengo dudas acerca de la conveniencia de la norma de repatriación de capitales y de condonación de multas e intereses (juicios)”.
“En el tema de fondo, estoy de acuerdo con el fiscal Valencia. Él tiene toda la razón: el SII no tiene que preocuparse solo de los temas tributarios. Impuestos Internos está en un país donde hay otras instituciones, como la Fiscalía, la PDI, Carabineros, los tribunales”.
Frigolett sale en un momento complejo para la agenda tributaria del Ejecutivo, con un proyecto de cumplimiento de las obligaciones fiscales que está en etapa de negociaciones entre Hacienda y los senadores de la comisión del ramo. Este hecho, se asume, podría ayudar a descomprimir esas tratativas.
Regreso de un histórico
Pero tan sorpresiva como la salida de Frigolett fue el anuncio de su reemplazo: el ingeniero Javier Etcheberry, quien lideró el SII entre 1990 y 2002, y quien postulará al concurso que se abrirá próximamente por Alta Dirección Pública (ADP) para completar el cupo.
El también exministro de Transportes y Obras Públicas del gobierno de Ricardo Lagos arribó al servicio este lunes para asumir como subdirector de Asuntos Corporativos, para luego en la tarde ser oficializado en la dirección nacional en calidad de subrrogante.
De hecho, la tarde de ayer aún aparecía en ese rol quien hasta el viernes era subdirector de Asuntos Corporativos, Juan Apablaza.
¿La razón? Un funcionario del servicio debe quedar a cargo de la entidad en caso de renuncia del director, por lo que no podía ser una persona externa la que asumiera dicha responsabilidad. Aquello da cuenta de que el diseño fue conversado en altas esferas del Gobierno y socializado con pocas personas durante el fin de semana.
Etcheberry es conocido como un duro, pero con manejo político. Durante su paso por el SII modernizó la gestión del servicio, redujo la evasión e implementó la declaración anual de impuestos por internet, entre otros hitos.
Distintas fuentes explican que su llegada logrará descomprimir las negociaciones entre Ejecutivo y Legislativo para destrabar el proyecto de cumplimiento tributario.
Su trayectoria pública y privada (fue CEO de Klap, Tenpo y Multicaja tras salir del Gobierno a mediados de los 2000) entregaría más certezas a la oposición, que cuestionaba el perfil más político de Frigolett. Aquello ha complicado, por ejemplo, la aprobación de la flexibilización del secreto bancario y la aplicación administrativa de la Norma General Antielusión (NGA).
Etcheberry también tiene cercanía con los senadores Juan Antonio Coloma (UDI) y José García Ruminot (RN), dos de los principales negociadores de la oposición en temas tributarios. Además, es padrastro del senador de la comisión de Hacienda, Felipe Kast (Evópoli).
A partir de hoy, Etcheberry iniciará una ronda de conversaciones con las distintas áreas del organismo, para empaparse de los planes estratégicos y las capacidades instaladas. También, asumirá un rol clave en la tramitación del proyecto de cumplimiento tributario.
A comienzos de junio, en su calidad de exdirector del SII, asistió a la comisión de Hacienda del Senado para exponer sobre el proyecto de Ley que dicta normas para asegurar el cumplimiento tributario.
En la ocasión no sólo estimó indispensable actualizar y modernizar algunas normas tributarias, sino que apoyar prioridades como el crecimiento, la lucha contra la informalidad, el comercio ilegal y otras formas de delincuencia, incluida mafias, carteles y asociaciones terroristas, en sus aspectos de evasión y delitos tributarios.
Para ser exitosos propuso medidas concretas en la materia y planteó no debilitar las atribuciones del director del SII.
Una gestión compleja
Pasadas las 16 horas, Frigolett convocó a una inusual reunión a todas las subdirecciones del servicio, donde anunció su salida y presentó a su interino.
Su cese, que venía siendo conversado hace semanas con el ministro Marcel, se da luego de una gestión marcada por distintos conflictos, en particular con los gremios de funcionarios, quienes cuestionaron su gestión. De hecho, los trabajadores paralizaron funciones a fines de 2023 y a inicios de este año, en plena Operación Renta.
Otro foco fueron los cuestionamientos de la oposición y técnicos al informe que encargó al exSII Michel Jorratt, que evidenció un incumplimiento del pago del impuesto a la renta superior al 51% y de más de 18% en el caso del IVA. Frigolett defendió esos cálculos.
El próximo destino del economista sería París, Francia, donde asumiría como nuevo embajador de Chile ante la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), en reemplazo de Francisco Saffie.
Saffie retornaría al país para asumir un rol especial en Hacienda para la tramitación de los cambios a la NGA y luego el proyecto con cambios al impuesto a la renta, que se ingresará al Congreso a más tardar en septiembre.
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