El 5 de marzo de 2021, Álvaro Castro, dueño de Best Quality Products SpA, presentó una querella por estafa contra el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue Jadue (PC), quien por ese entonces era presidente de la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp).
El empresario acusaba haber vendido a medidas de 2020, en plena pandemia de coronavirus, una serie de cajas de mascarillas N95, guantes y termómetros a Achifarp, pero no haber recibido los pagos comprometidos. En parte de la alegación se sostiene que recibió una cheque firmado por Jadue por $103.530.000 que no tenía fondos. En total, el ingeniero comercial de la Usach afirmó que la asociación le quedó debiendo $ 956 millones por productos para enfrentar la pandemia. Por ese entonces, la firma quedó al borde de la quiebra.
“Se hace necesario recalcar en este punto nuestro desconcierto y asombro ante lo que consideramos hoy en día una defraudación millonaria que nos tiene al borde de la quiebra, con problemas con el Servicio de Impuestos Internos debido al no pago del IVA, con proveedores chinos exigiendo insistentemente el pago de las mercaderías que importamos, entre otros varios graves inconvenientes a los que nos hemos visto expuestos en razón de este perjuicio, que asciende hoy en día a la suma de $ 961.667.273. Cifra a la que se arriba al considerar que el total de las ventas efectuadas a Achifarp fue de $ 1.384.817.875, monto al que debe descontarse la suma de $185.555.660 por concepto de pagos aislados e infrecuentes por parte de la referida asociación, y luego descontar $ 237.594.942 por concepto de factoring”, señalaba la acción judicial.
Castro prestó testimonio ante la fiscal de la Fiscalía Centro Norte, Giovanna Herrera, el 20 de abril de 2021. Ese fue el punto de inicio de una investigación llevada adelante por la Fiscalía Centro Norte que la semana pasado concluyó con la formalización del alcalde de Recoleta por cinco delitos: estafa, administración desleal, cohecho, fraude al fisco y delito concursal.
Con esa hebra, la fiscalía encontró otros presuntos delitos. Durante la formalización, la fiscal Giovanna Herrera también le imputó al alcalde de Recoleta cohecho. A juicio del Ministerio Público, la autoridad comunal lo habría cometido el 1 de julio del 2020, en una reunión con la empresa Best Quality, en la que le ofreció convertirse en proveedora de la Achifarp, y de próximos proyectos, a cambio de entregar una “bonificación” de productos avaluados en más de $ 20 millones en la sede comunal del PC.
Según imputó la fiscalía, prácticamente todos los recursos de la Achifarp provenían del aporte de municipalidades adscritas, pero principalmente de la propia Municipalidad de Recoleta. Allí se configuraría el delito de fraude al Fisco.
El abogado defensor de Jadue, Ramón Sepúlveda, señaló en la audiencia que la compañía vendía sus productos 10 veces más caros durante la pandemia. Sepúlveda calificó a la empresa como “inescrupulosa” y como la culpable de “reventar” a Achifarp.
Jadue y Matías Muñoz, exfuncionario de la Municipalidad de Recoleta y ex secretario ejecutivo de Achifarp, quedaron en prisión preventiva. El Tercer Juzgado de Garantía de Santiago fijó un plazo de 120 días de investigación.
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