El aumento de los casos de crimen organizado en Chile han significado una mayor actividad para la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la entidad encargada de prevenir y combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en Chile. Así lo confiesa Carlos Pavez, quien lleva dos años a cargo de la institución que además de hacer inteligencia, tiene como una de sus funciones capacitar a entes públicos y privados para que detecten operaciones sospechosas y las informen debidamente. La colaboración con el Ministerio Público se ha estrechado y hoy forman parte de muchas de las reuniones con los fiscales de las diferentes macrozonas del país y entregan capacitación a los Consejos Regionales de Crimen Organizado, las entidades creadas a partir de la Política Nacional para combatir a estas mafias.
Hoy ya son casi 8.800 los sujetos, entre públicos y privados, obligados a informar a la UAF cada vez que detectan alguna anomalía en el comportamiento de sus clientes o beneficiarios, y cada año se incorporan nuevos informantes. Por lo mismo, no es de extrañar que en 2023 se haya registrado una cifra récord de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS): 13 mil, un aumento de 11,2% respecto a 2022.
Aquellos privados que no informan, son fiscalizados por la UAF y eventualmente sancionados. El año pasado, la entidad inició 117 procesos sancionatorios, un aumento de 125% respecto a 2022, por incumplimientos en su deber de informar, y de esos la mayoría se concentró en empresas de factoring, de transferencia de dinero, administradoras de fondos de inversión, casas de cambio, firmas de gestión inmobiliaria y notarios.
Pavez se muestra satisfecho con el trabajo realizado, pero reconoce que aún queda mucho camino por delante tanto a nivel mundial como local para prevenir el lavado de dinero. “Hay cifras que hablan que a nivel internacional el lavado de activos es entre 2% y 5% del PIB global, pero menos del 1% de eso se logra recuperar. En general, estamos todos los países al debe”, dice.
Fotos: Verónica Ortíz
Narcotráfico y corrupción
-¿Cuáles son los fenómenos más relevantes para Chile en el lavado de activos?
-La mayor cantidad de condenas por lavado de activos que hemos constatado en nuestro país, tienen que ver con el delito de narcotráfico y con corrupción. Y ha ido adquiriendo mucha más importancia el crimen organizado que también se interpone porque las organizaciones criminales hoy, entrecomillas, tienen varias líneas de negocio. Operan en el tema de tráfico de drogas, de personas, de inmigrantes. Las preocupaciones crecientes hoy, es que están aumentando mucho los temas de extorsión y secuestro. Y en términos de financiamiento de terrorismo, de acuerdo a nuestras evaluaciones, el riesgo es más bajo y tiene que ver con temas bien locales que están identificados.
-¿Cómo han ido aumentando los casos vinculados a corrupción? Siempre se ha hablado de que Chile es un país poco corrupto ¿Ha cambiado eso?
-Yo diría que sí, ha habido un aumento importante. Se ha ido ratificando como el segundo delito precedente más importante desde el punto de vista de lo que es el lavado de activos. Y le estamos dando la importancia a través de la Estrategia Nacional de Integridad, donde es un tema central. Tenemos un trabajo muy interesante con la Contraloría General de la República que nos ha permitido levantar antecedentes para analizar casos relacionados a delitos de corrupción.
-¿Ha ido cambiando la composición desde donde provienen los reportes que reciben?
-Los bancos siguen siendo el sujeto obligado que más reportes generan y envían a la UAF. Y ahora, los notarios y los conservadores de bienes raíces se han transformado en sujetos relevantes en los reportes de operaciones sospechosas, porque una forma de lavar activos es a través de la adquisición o venta de bienes raíces.
-¿Qué nuevas prácticas para lavar activos han identificado?
-Un fenómeno relativamente nuevo, pero que ha ido adquiriendo más importancia, es la utilización de activos virtuales, todo lo que tiene que ver con monedas virtuales, no solamente bitcoin. Particularmente en el ámbito del crimen organizado es un tema que hoy genera preocupación y está en el foco de atención de todos los que formamos parte de este sistema.
Ruta del dinero
-¿Cuáles son las áreas donde la UAF todavía está al debe?
Desde la evaluación que nos hacen los organismos internacionales, en este caso Gafilat (el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica) en 2021, estamos con un foco muy importante en el desarrollo de un sistema que permita identificar beneficiarios finales, es decir, las personas que están detrás de las estructuras de sociedades. Y hay un proyecto de ley que está creando una institucionalidad que se hará cargo de crear un registro de esos beneficiarios finales. Es un tema prioritario. Otro punto es que hay que incorporar a ciertas personas o entidades que hoy día no son sujetos obligados, como los abogados y los contadores, que en Chile no tienen obligación de entregar informaciones sospechosas.
-Y respecto al aumento del crimen organizado ¿qué desafíos trae para la UAF?
-Hay bastante consenso de la importancia que tiene este instrumental de lavado de activos para combatir criminalidad de base. Cuando persigo el lavado de activos, lo que quiero es combatir el tráfico de drogas u otro delito y otra de las recomendaciones es que haya autonomía entre los delitos. Es decir, que yo pueda sancionar por lavado de activos, aún cuando no haya todavía acreditado el delito base. Y eso tiene que ver con seguir la ruta del dinero e impedir la utilización de esos recursos.
Ley de Inteligencia Económica: acceder a información catalogada como secreta
“El proyecto de Ley de Inteligencia Económica lo que busca es crear este subsistema de inteligencia económica, que nosotros podamos compartir, con mayor libertad, la información o los datos a los que vamos a tener acceso, con otros organismos del Estado que van a formar parte de este subsistema. En principio con las unidades que se crearían en el Servicio de Impuestos Internos, en Aduanas y con el sistema Central de Inteligencia del Estado, de inteligencia civil”. Esa colaboración, plantea Pavez, es uno de los ejes del proyecto de ley que se tramita en el Congreso desde fines de mayo de 2023 y que según el director de la UAF “debería estar tramitado este año”.
¿Qué otras atribuciones entregaría este proyecto a la UAF?
– Por ejemplo, poder acceder a información que está catalogada como secreta o reservada de otros servicios en Chile. Nosotros podemos pedir el levantamiento del secreto bancario con autorización de un ministro de la Corte de Apelaciones, pero esa información después no la podemos compartir con nadie, salvo con el Ministerio Público. Así también, hay información que es muy relevante para nuestros procesos, que tiene que ver con secreto tributario o secreto aduanero que hoy no nos pueden compartir. Lo que busca este proyecto de ley es poder balancear mejor eso.
– ¿Incorpora la ley la obligatoriedad de reportar a organismos públicos que hoy no lo hacen?
– Llama la atención que de las 375 municipalidades, solo hay 76 registradas, pero también nos pasa con otros servicios públicos. Hay algunos que no participan y lo que buscamos es que se aclare la obligatoriedad de registrarse también con este proyecto de ley.
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