SEÑOR DIRECTOR:

El miércoles 3 de julio, a menos de un mes de la entrada en vigencia de la llamada Ley Karin, por fin el reglamento fue publicado en el Diario Oficial. Esto permitirá a los empleadores realizar modificaciones a los reglamentos internos, y el desarrollo de protocolos de protección a los trabajadores frente al nuevo tipo de violencia laboral ejercida por terceros ajenos a la empresa.

El poco tiempo para incorporar los cambios, puesto que no se contaba con toda la normativa para hacerlo, aumenta la ansiedad de los empleadores y sobre todo de las pymes, las que hasta esta nueva ley no tenían obligación de tener dichos protocolos.

Esta nueva figura de violencia en el lugar de trabajo ejercida por terceros afecta aún más a aquellas empresas que se dedican a rubros particularmente sensibles a estas situaciones: en general, todas las que tienen trabajadores que atienden directamente al público y que se ven expuestos a maltratos de terceros, como lo son los call center, las empresas de seguridad y los negocios que tienen cajeras, entre muchas otras, ya que a partir de agosto será obligación del empleador velar porque estas situaciones no sucedan, siendo responsable de los daños en caso de que ocurran.

A pesar de esto, y al igual que con la normativa relativa a la rebaja de 45 a 44 horas, las empresas han sabido tener paciencia con la Dirección del Trabajo. Esperemos pues que ese organismo público presente la misma paciencia con los empleadores al momento de fiscalizar el cumplimiento de la Ley Karin.

Manuel de la Castilleja

Abogado laboralista

Académico de la Universidad Finis Terrae

Varios congresistas demócratas de alto rango han pedido este domingo por la tarde, durante una llamada privada, que el presidente estadounidense, Joe Biden, se haga a un lado en la carrera para las elecciones presidenciales que se celebrarán en noviembre, debido a las dudas sobre su fortaleza cognitiva y su descenso en las encuestas publicadas recientemente.

Los representantes han mostrado su preocupación durante una llamada de casi dos horas con el líder de la minoría del organismo, Hakeem Jeffries, de quien esperan que se posicione públicamente. Hasta ahora, Jeffries ha evitado compartir su opinión y pregunta frecuentemente a su propio grupo parlamentario.

Durante la llamada, los ‘pesos pesados’ del partido en la Cámara Baja han subrayado la posibilidad de que pierdan la oportunidad de obtener mayoría en la Cámara si Biden es el candidato. Según han indicado, el grupo está tratando de “encontrar la mejor manera de avanzar” sin dejar de dar al presidente el respeto que creen que se merece por su histórica carrera.

Varias fuentes consultadas por los medios estadounidenses han indicado que entre los involucrados están los legisladores Jerry Nadler y Joe Morelle, por Nueva York; Mark Takano, por California; Adam Smith, por Washington; Jim Himes, por Connecticut; y Susan Wild, por Pennsylvania, informa CNN.

Estos nombres se suman a los de otros cinco representantes (Lloud Dogget, de Texas; Raul Grijalva, de Arizona; Seth Moulton, de Massachusetts; Mike Quigley, de Illinois; y Angie Craig, de Minnesota) que recientemente pidieron de forma pública que el mandatario retirara su candidatura a la reelección.

El ministro en visita extraordinaria Álvaro Mesa Latorre, condenó a dos carabineros (r) por su responsabilidad como cómplices en el homicidio simple del estudiante secundario Roberto Huaiqui Barría y en el homicidio frustrado de José Oporto del Río, en la comuna de Lago Ranco, en septiembre de 1973.

Mamerto Ávila González y Carlos Galindo Ruiz -sargento primero y carabinero al momento del crimen, respectivamente- fueron condenados a seis años de presido e inhabilitados de manera perpetua para cargos y oficios públicos, derechos políticos y profesiones titulares durante el tiempo de las condenas.

En la sentencia de primera instancia, el ministro Mesa dio por establecido que Roberto Huaiqui Barría (17) era militante del Partido Socialista y que fue divisado por Carlos Galindo junto a al menos cinco personas, corriendo entre unos matorrales en el sector de Riñinahue.

El grupo divisado, según estableció la investigación, estaba integrado por jóvenes socialistas y comunistas, que habían salido de la ciudad de Lago Ranco con destino a Argentina, con la intención de pasar por los pasos fronterizos que existen en Riñinahue, y de cruzar la cordillera, sin tener éxito, por las condiciones climáticas. Huaqui Barría y Oporto del Río, se separaron de este grupo y se encontraron con civiles y carabineros, entre ellos Mamerto Ávila.

“Los carabineros encargados de la persecución, Mamerto Tercero Ávila González y Carlos Emilio Galindo Ruiz, observaron que Huaiqui y Oporto se introdujeron al río Nilahue. Produciéndose a continuación una serie de disparos sobre los cuerpos de Roberto Huaiqui y su amigo José Jovin Oporto. Roberto Huaiqui, recibió un impacto de bala, comenzó a perder vitalidad mientras la corriente del río se lo llevaba. Por otra parte José Jovin Oporto, su amigo acompañante, recibió un disparo en la espalda a la altura del pulmón izquierdo, acercándose a la orilla para tenderse en aquel lugar, momento en el cual este grupo extenso de personas, lo detuvieron, golpearon en la cabeza con la culata de una carabina y con pies y puño”, agrega la sentencia.

Momentos después, Oporto fue trasladado en avioneta hasta Río Bueno y luego entregado a una comisaría. Posteriormente, fue llevado a un hospital y más tarde a prisión. El padre de Roberto Huaiqui, también de militancia socialista, arrendó una embarcación para recorrer el río Nilahue en búsqueda de su hijo, pero fue impedido por Carabineros.

“Cabe señalar que carabineros de Lago Ranco, en otras oportunidades, habían ido juntos a efectuar allanamientos al hogar de la víctima de autos, deteniendo al padre de Roberto, llevándolo a la cárcel de Río Bueno”, consigna el documento.

La sentencia explica que ambos uniformados fueron parte del grupo que dio muerte a la víctima y que no realizaron ninguna acción tendiente a impedir la ejecución del ilícito, sino que colaboraron con aquel. Por otra parte, se reprochó que no denunciaron ni informaron a la superioridad de Carabineros ni a otra autoridad del hecho, así como tampoco consta que se haya efectuado alguna investigación de lo sucedido.