Organizaciones de derechos humanos presentaron a la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) documentación sobre las muertes registradas en las protestas contra la presidenta de Perú, Dina Boluarte, tras el derrocamiento de mandatario izquierdista Pedro Castillo, quien permanece en prisión preventiva en un penal de Lima.
La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), una organización peruana preocupada de los DD.HH., presentaron ante las autoridades de la CPI, bajo el artículo 15 del Estatuto de Roma, la documentación que data de diciembre de 2022 y el 9 de febrero de 2023.
Según las mencionadas organizaciones, durante el tiempo señalado detallan el ataque sistemático al que se sometieron las personas que salieron a protestar contra el actual gobierno peruano. Aseguran que las fuerzas del orden realizaron un uso excesivo de la fuerza, desproporcionada e indiscriminada, principalmente contra “hombres jóvenes e indígenas”, según reporta el diario ‘La República’.
El mismo medio peruano señala que para la FIDH y la Aprodeh, estos hechos constituyen crímenes de lesa humanidad, conforme a lo establecido por el Estatuto de Roma. Por ello, han solicitado ante la Fsicalían de la CPI que inicié una investigación sobre lo sucedido en el país.
En esa línea, la directora de Aprodeh, Gloria Cano, dijo que se realizó un informe detallado de 49 muertes ocurridas durante las manifestaciones. Asimismo, señaló que las víctimas fueron asesinadas mientras ejercían su derecho a la protesta.
En tanto, la directora para las Américas de la FIDH, Jimena Reyes, manifestó que el gobierno de Dina Boluarte acusó sin pruebas y fundamentos a las personas que salieron a protestar en su contra, al calificarlas como “terroristas”.
“Por este motivo, entre otros, los operativos, que contaron con la capacidad táctica y armamentista de los cuerpos de seguridad, tuvieron como resultado la represión violenta contra manifestantes mediante el uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza”, señala.
El gobierno de Dina Boluarte, tras los hechos conocidos, intentó negar públicamente sus responsabilidades frente a los mismos, culpando a los propios manifestantes de haber provocado las muertes en las diferentes regiones del país.
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