La producción de cobre en Chile, el mayor proveedor mundial del metal para cables, está mostrando signos de recuperación desde sus mínimos de 20 años.
La producción de mayo fue la más alta de este año, aumentando más del 8%, tanto en la comparación con abril como con mayo del año pasado, según datos publicados el viernes por la oficina de estadísticas del país.
Si bien Codelco, el mayor productor del país, ha indicado que su producción no comenzará a mostrar aumentos interanuales hasta el segundo semestre, otros proveedores están compensando la baja que han experimentado tras lidiar con una menor calidad del mineral y contratiempos operativos.
Las autoridades esperan un aumento de 5% en la producción nacional de cobre este año debido a una expansión en la mina Quebrada Blanca y mejoras en Escondida, de BHP.
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El gigante químico alemán BASF abandonó sus planes para invertir en activos mineros de litio en Chile, en momentos que el precio del metal usado en baterías para vehículos eléctricos se desploma.
BASF se retiró de las conversaciones iniciales con la canadiense Wealth Minerals, la cual tiene proyectos de exploración en Chile, dijo la empresa alemana en un correo electrónico a Bloomberg el martes.
El potencial acuerdo habría incluido financiación y compromisos de compra si Wealth obtenía contratos de producción en Chile. BASF también estaba explorando la posibilidad de construir en Chile una planta de cátodos de litio para baterías de vehículos eléctricos.
“Al final no se materializó ninguna colaboración entre BASF y Wealth Materials”, escribió BASF. La empresa no dio ninguna razón para poner fin a las conversaciones ni mencionó que ocurrirá con la posible planta de cátodos.
Demanda por autos eléctricos
BASF anunció la semana pasada que desechaba los planes para una refinería de níquel-cobalto de US$ 2.600 millones en Indonesia. El menor crecimiento en las ventas de vehículos eléctricos ha presionado a la baja los precios de los insumos clave y llevó al litio a su menor valor en tres años tras haber alcanzado un récord a fines de 2022. BASF planea ahora reforzar el suministro de materias primas para operaciones en Europa con una nueva planta de reciclaje de baterías en Alemania que comenzará a funcionar a finales de este año.
Aunque la posible inversión en Chile se encontraba en una fase muy temprana, su retirada supone un golpe a la presión de las autoridades europeas para que las empresas se aseguren acuerdos con los principales proveedores de metales para baterías.
También es un revés para Wealth en momentos que Chile busca abrir nuevas zonas a la extracción de litio. Uno de los proyectos de la empresa se encuentra en una zona considerada de importancia estratégica, lo que significa que tendría que contar con una empresa estatal como socio mayoritario.
El director ejecutivo de Wealth, Henk van Alphen, declinó hacer comentarios sobre la salida de BASF. Dijo que la aplicación de la estrategia del Gobierno chileno sobre el litio ha sido lenta, aunque se está avanzando. Está previsto que la próxima semana las autoridades anuncien los detalles de las empresas interesadas en nuevos contratos en salares no estratégicos.
La comisión de Seguridad Pública del Senado acordó dejar para la próxima semana la votación de la norma que busca ampliar el levantamiento del secreto bancario, en el marco del proyecto de inteligencia económica que impulsa el Ejecutivo con el objetivo de perseguir organizaciones criminales.
A pesar que se esperaba que se sometiera a votación en esta jornada, los senadores optaron por avanzar en los artículos en que hay acuerdo y fue el presidente de la instancia, senador Iván Flores (DC), quien informó en medio de la sesión que “lo del secreto bancario, por acuerdo de la mesa técnica de asesores, no lo vamos a revisar ahora. Creo que será uno de los últimos temas a revisar porque es lo que más controversia ha generado. Eso queda pendiente”.
Luego al finalizar la sesión, el legislador explicó que se votaron cerca de 60 artículos del proyecto de inteligencia financiera “que va a permitir darle herramientas y colmillo a Aduanas y el SII para poder perseguir la ruta del crimen organizado”.
Afirmó que espera resolver el tema la próxima semana: “Solo va quedar pendiente lo de abrir el secreto bancario para el crimen organizado. No pueden estar nerviosos algunos de que se va a levantar su secreto, esto es para actividades de crimen organizado”, puntualizó.
Operaciones en efectivo
En la sesión también se abrió otro debate respecto a la norma que establece un límite para pagos en efectivo. El proyecto establece que en pagos en billetes hasta 1 UTA ($ 760 mil) se debe registrar la compra e identificar a la persona que adquiere un bien para tener información de esas personas.
Sin embargo, Flores indicó que una indicación que también se postergó se relaciona con el concepto de no cash. O sea, prohibir pagos en efectivo desde un cierto monto.
“En países con estándar OCDE no se pueden hacer transacciones en efectivo, como en Italia o Francia, de 2.500 euros, o en el caso de España de 1.000 euros. Esto porque queremos evitar que en tiendas caras de Santiago llegue gente con plata en efectivo y tienen un contador de billetes. La pregunta es ¿por qué no usan tarjeta de crédito, cheque u otro instrumento que permita seguir la ruta de ese dinero? Llegan con el maletín de plata para comprar un auto o reloj caro. Eso es sospechoso desde partida”.
La subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, indicó que la compra en efectivo “no lo prohibimos, pero sí que se identifique el contribuyente con su rut de la persona que adquiere. Esto es para identificar al contribuyente que adquiere bienes en efectivo”.
Flores acordó con los senadores pedir un informe a la Biblioteca del Congreso sobre el estado del arte en la materia en la Unión Europea y Estados Unidos: “En esos países ponen límites y los obligan a entrar al sistema bancario. Hoy tenemos tiendas en Chile que tienen maquinas contadoras de billetes y eso es una forma de lavar dinero”.
La comisión volverá a sesionar el próximo lunes 8 de julio para seguir votando los artículos del proyecto que cambiará de nombre desde “se crea subsistema de inteligencia económica” a uno de “inteligencia financiera”.
Aunque el Gobierno anunció este lunes -justamente en el día en que comienza las alzas en las cuentas de la electricidad- un proyecto de ley para triplicar la cobertura del subsidio eléctrico, de manera de entregarlo a la totalidad del 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares, es decir, más de 4,7 millones de hogares que involucran a cerca de 10 millones de personas, no han cesado las críticas desde la vereda política.
Este martes, la diputada Camila Musante (IND) junto a sus pares Jaime Araya (Ind-PPD), Raúl Soto (PPD) y Carlos Bianchi (IND), anunciaron la presentación de un recurso de protección para suspender el descongelamiento de las tarifas eléctricas y el alza en las cuentas de la luz, fundamentando el derecho a un adecuado nivel de vida que, de acuerdo a organismos internacionales, dicen, guarda relación con el acceso a servicios como el suministro eléctrico.
El recurso -que aún no es ingresado formalmente- buscaría ganar tiempo mientras la mesa técnica de la ley de estabilización de tarifas eléctricas avanza. Y, según indicó Musante, “durante ese período de resolución y donde encontramos medidas permanentes, por ejemplo, para la clase media, para las pymes; que se suspenda la aplicación del aumento de las tarifas”.
“Mientras nosotros resolvemos dentro de los espacios de la mesa técnica, dentro del Congreso Nacional, y damos salidas en el tiempo, lo que debemos hacer es generar una suspensión en el alza mientras podemos encontrar los acuerdos suficientes que espero que estén en el Congreso Nacional, a propósito de los dichos del ministro Elizalde y los votos para aprobar una medida de esas características”, planteó. Esto último, sobre los dichos del titular de Segpres, quien en cuanto a los votos para ampliar el subsidio eléctrico, cuestionó que alguien pudiera rechazar la iniciativa.
Según explicó Musante, quien lidera la acción, “si bien se han tomado algunas medidas y se han anunciado ampliaciones de los subsidios, aún es insuficiente para muchas familias que van a ver afectado su adecuado nivel de vida”.
“Esto es importante de acuerdo a lo que establece, por ejemplo, la Convención Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que señala en su artículo 25 que todas las personas deben tener garantizado un adecuado nivel de vida. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado que esto tiene mucho que ver con el acceso a los servicios. Si bien en nuestro país está garantizado el acceso a los servicios, este depende del pago que exista por parte de los consumidores”, sostuvo.
Efectos del recurso
En cuanto a los efectos del recurso de protección, la parlamentaria detalló que “hay un efecto que busca suspender el descongelamiento mientras se resuelve el recurso. Y el otro efecto es suspender mientras tomemos algunas medidas que permitan verdaderamente garantizar una adecuada calidad de vida y dar solución a otros segmentos que hoy no están incorporados en los subsidios a propósito del alza”.
También se refirieron a la acción los diputados que respaldaron la iniciativa. Jaime Araya sostuvo que están estudiando el recurso de protección y que “lo vamos a presentar en favor de las personas que están siendo afectadas, porque permite paralizar el alza de la puesta en marcha de la tarifa, lo que significa básicamente que podamos detener el proceso que está en desarrollo, para que tengamos tiempo para discutir de verdad esta materia”.
“Si alguna familia a partir de ayer celebra tener un ingreso de $ 500 mil, no puede ser que tenga una cuenta de luz de $ 70 mil o de $ 100 mil o que de $ 30 mil pase a $ 40 mil. Eso es lo que queremos detener para poder buscar una solución que se haga cargo del fondo de este tema”, puntualizó.
Mientras, el diputado Raúl Soto señaló: “Creemos que esta acción va a ayudar al Gobierno a contener una crisis social, que puede ser catastrófica si no actuamos bien y a tiempo. Lo que estamos buscando es una suspensión transitoria del alza de las tarifas eléctricas, mientras tanto llegamos a una solución que sea más integral y más robusta para dar certeza y tranquilidad a los sectores vulnerables, pero también a la clase media, y a las micro y pequeños emprendimientos de nuestro país, que hasta este momento están siendo excluidos”.
“Sabemos que hay un trámite legislativo que va a venir, sabemos que hay una mesa técnica trabajando, pero esto va a demorar todo el mes de julio, todo el mes de agosto y mientras tanto la incertidumbre de los chilenos que van a ver llegar sus cuentas a la casa va a seguir allí”, afirmó.
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