Reforma de elección en dos días peligra por voto obligatorio de inmigrantes

En una suerte de limbo legislativo quedó la reforma que extiende a dos días las elecciones municipales y regionales de octubre y que implementa otras medidas electorales, luego de que la propuesta para destrabar la iniciativa no contara con los votos suficientes en la sala del Senado.

Aunque las dos propuestas de la comisión mixta -grupo conformado por cinco diputados y cinco senadores con el fin de resolver los nudos de la reforma- contaron con un respaldo mayoritario de la sala, el desmarque del oficialismo fue decisivo para que no se lograra el quórum necesario de 29 apoyos.

Particularmente, la propuesta para reponer multas y rebajar los aportes fiscales a campañas electorales se cayó al contar solo con 25 respaldos. Los senadores de la alianza gubernamental, en tanto, se dividieron entre 7 abstenciones y 7 votos en contra.

La otra proposición para regular la propaganda en redes sociales y canales regionales solo alcanzó 26 apoyos.

Si bien la tramitación de este proyecto estuvo tironeado desde un principio por varios intereses en juego, la alerta levantada esta semana por el gobierno de que habría un conflicto jurídico para aplicar las multas a los extranjeros que no concurran a las urnas, llevó a los senadores de la alianza gubernamental a quitarle el piso.

En la mañana y en la tarde hubo gestiones para tratar de llegar a un acuerdo, pero la derecha se negó tajantemente a liberar de la sanción pecuniaria a los inmigrantes.

En la oposición estimaban que detrás del desmarque oficialista -que contaba con cierta anuencia de La Moneda- había un cálculo electoral, en vista de que el voto de extranjeros en especial de los venezolanos avecindados en el país, supuestamente es contrario a la izquierda. Ello podría ser gravitante en comunas como Santiago, Recoleta o Estación Central.

La senadora Luz Ebensperger (UDI), era una de las más molestas: “Está claro que el oficialismo no quiere que la multa se aplique a los extranjeros. Se busca un beneficio político”.

El senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, al fundamentar su negativa para imponerle el voto obligatorio a los inmigrantes, dijo ese deber debiera limitarse a quienes tengan “una residencia legítima” en Chile.

Lo paradójico es que hasta ayer en la mañana, los senadores oficialistas estaban de acuerdo con las proposiciones de la comisión mixta, donde, este mismo martes, se aprobó por amplia mayoría reponer las multas a quienes no voten, bajar el financiamiento fiscal a campañas electorales y establecer regulaciones de propaganda para medios regionales y redes sociales. De hecho, los senadores Esteban Velásquez (FREVS) y Paulina Vodanovic (PS) votaron a favor en la instancia mixta.

Sin embargo, las posturas cambiaron radicalmente en la tarde, una vez que el gobierno explicó los efectos del voto obligatorio y la eventual multa para los extranjeros avecindados en el país.

“Durante cuatro meses, este tema no estuvo en la discusión. Claramente es un cálculo electoral. ¿Personas que votaron contentas y cambiaron su voto en dos horas?”, reclamó el senador Manuel José Ossandón (RN), quien presidió la comisión de Gobierno que revisó el proyecto y luego lideró la comisión mixta que elaboró las propuestas que ayer fueron rechazadas.

En todo caso, el tema de los extranjeros fue planteado sucintamente ayer en la mañana por la subsecretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, quien llegó temprano a participar de la comisión mixta, presidida por Ossandón (RN).

No obstante, el presidente de la instancia mixta, sin mayores dilaciones, puso en votación la propuesta de la nueva multa, fijándola entre $32 mil y $130 mil, a quienes no concurran a las urnas. Esa propuesta se aprobó por siete votos a favor y tres en contra.

Cuando la comisión ya estaba entrando a discutir el siguiente punto, con algunos minutos de retraso -producto de una reunión previa- llegó a la comisión el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde (PS), quien si bien no puso reparos en el monto de la sanción, pidió hacer un cambio en la redacción para que la multa fuese aplicada a “ciudadanos” y no a “electores”, como finalmente quedó aprobado.

En respuesta, Ossandón reprochó, con tono tajante, el intento tardío del secretario de Estado para corregir el texto. “Llegó atrasado, esto ya se votó, ya está zanjado”, le espetó.

“¿Todos entendieron que estaban votando la redacción?”, preguntó Elizalde tratando de reabrir la votación.

El comentario molestó al senador de RN: “No sé si el ministro tiene atribuciones para venir a interpretar. Se está pasando de lo que le corresponde. Ud. no estaba. No discuta si llegó atrasado”, agregó.

Hasta ese minuto no estaba claro por qué Elizalde estaba buscando cambiar la redacción. Sin embargo, tomó la palabra la senadora Ebensperger (UDI), para explicar por qué razón el Ejecutivo prefería “ciudadano”, ya que ese concepto excluye a los inmigrantes que no están nacionalizados.

En esa materia, Ebensperger dijo que le parecía “inaceptable” que el gobierno intentara hacer una discriminación con una carga exclusiva para los ciudadanos chilenos. “Yo no voy a permitir que la multa se aplique solo a los chilenos y no a los inmigrantes que no fueron a votar… Explíqueme en qué mundo estamos. No lo puedo permitir… Quieren que la multa solo la paguen los chilenos… Es una desigualdad ante la ley. La Constitución asegura la igualdad ante la ley”, dijo la senadora gremialista.

El origen de la controversia está en el artículo 14 de la Constitución que concede el derecho a voto a extranjeros “avecindados en Chile por más de cinco años”, sin estar nacionalizados ni tener necesariamente la calidad de “ciudadano chileno”. Es una norma antigua -que existe desde 1980- que se estableció esencialmente para inmigrantes europeos que llevaban décadas viviendo en Chile.

El problema es que esa norma señala que los migrantes “podrán ejercer el derecho de sufragio”, sin fijar un criterio obligatorio, como pesa para todos los electores. A ello se suma que la realidad migratoria es totalmente distinta a la que había en los 80. Por lo tanto, el gobierno y algunos legisladores tienen la lectura de que podría haber una interpretación constitucional conflictiva para la aplicación de la multa.

La primera en plantear públicamente este tema fue la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), en una entrevista en T13 Radio, el lunes en la mañana. Luego, el tema se conversó en la reunión que todos los lunes sostiene Elizalde con los jefes de bancadas del oficialismo.

Una vez conocido el resultado de la votación de la sala, ayer Elizalde justificó el actuar de los senadores oficialistas y responsabilizó a la oposición de no abrirse a dialogar para resolver el tema de los inmigrantes. “No hubo voluntad de acuerdo”, dijo.

“Fue una propuesta que hicimos de buena fe (para precisar que la multa se aplicara solo a ciudadanos chilenos)… Como este proyecto no tuvo respaldo mayoritario en la Cámara y tuvo una mayoría estrecha en el Senado, nos pareció pertinente poner otros debates sobre la mesa (como el tema de los extranjeros) para llegar a un acuerdo”, planteó el ministro.

Consultado por los pasos a seguir, señaló que el gobierno estudiará las alternativas. Sin embargo, la medida que sonaba con más fuerza era recurrir a un veto presidencial, sobre la base de que al menos existe un texto aprobado por ambas cámaras que permite hacerle observaciones. “Vamos a evaluar los pasos”, comentó.