Señor Director:
Hace algunos días se despachó desde la comisión mixta el proyecto de ley de protección de datos personales, que ahora debe ser ratificado en ambas salas del Congreso. Uno de los puntos más importantes es el establecimiento de causales específicas que autorizan a los responsables del tratamiento de datos personales para procesarlos.
En esta línea, uno de los temas más debatidos durante la discusión legislativa -y que se dilató hasta el final del debate- fue la inclusión o no de las fuentes de acceso al público como una de estas causales que justificarían el uso de datos. Por ejemplo, uso de datos que provengan del rutificador, conservador de bienes raíces, Poder Judicial, etc.
Ambas cámaras, finalmente, acordaron dejar fuera esta causal, argumentando que la normativa quedaría sin aplicabilidad práctica de considerarse esta “autorización”. Algunos actores del mercado han manifestado preocupación por esta decisión. Sin embargo, y para evitar confusiones, es importante mencionar que el hecho de que no se hayan incorporado las fuentes de acceso al público como una causal propiamente tal, no implicaría una prohibición del tratamiento de los datos proveniente de las mismas, sino que impondría al responsable la obligación de justificar su uso considerando las obligaciones que corresponden por ley.
Constanza Pasarin y Trinidad Laborde
Managers área de Compliance y Protección de Datos eStudio jurídico ECIJA OTERO
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