En el sector salud no hay dudas de que la ley corta de isapres fue solo el principio de una serie de transformaciones que se vivirán en los próximos años. Esta misma norma comprometió, a partir de octubre, avanzar hacia cambios más profundos para el sistema y en la industria saben que dichas modificaciones se hacen cada vez más necesarias.
En ese contexto, los prestadores privados son uno de los actores que ha estado atentamente siguiendo el rumbo que toma la discusión. “La primera intención que queremos esbozar como sector es que estamos dispuestos, aquí y ahora, para colaborar en la salud de todos los chilenos. Pero, para que eso funcione, necesitamos que se establezcan ciertas condiciones, para que esa idea se traduzca finalmente en una complementariedad público-privada. Si no, es solo un discurso”, dijo en entrevista con DF el presidente de Clínicas de Chile, Javier Fuenzalida.
Fuenzalida también sostiene que “el Estado debe asegurar que una cantidad importante de personas participe” en la nueva modalidad, para evitar un fenómeno de selección adversa y que los seguros se encarezcan.
El líder gremial apuntó a que los problemas del sistema no son solo números y se traducen en 2,9 millones de personas en listas de esperas, estadística que ha ido en incremento.
En la pandemia, recordó, los prestadores privados llegaron a representar el 40% de las camas críticas, lo que Fuenzalida atribuye a una definición pública que se tomó para responder a la contingencia. “Bueno, hoy, en la solución de salud de este problema (listas de espera) nosotros somos el 18% o 20% de la oferta, cuando podríamos ser a lo menos el 40%”, aventuró.
“Como sector privado estamos dispuestos a participar más activamente en esto (…) tenemos la voluntad, pero tienen que establecerse esas condiciones concretas que permitan que finalmente esa complementariedad público-privada se traduzca en una acción”.
Los nuevos seguros de Fonasa
Uno de los primeros cambios al sistema, que se incluyó en la ley corta y se hará realidad en 2025, es la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC), mediante la cual Fonasa podrá licitar a compañías privadas para ofrecer seguros complementarios -y voluntarios- para que sus afiliados puedan elevar su cobertura. Al igual que en la Modalidad de Libre Elección (MLE), esta iniciativa también considera la participación de una red de prestadores privados.
Fuenzalida dijo que esta modalidad, como idea, le parece correcta, pero advirtió que “es en la implementación de las acciones donde las cosas se pueden equivocar”, por lo cual, desde el gremio, identificaron un paquete de cinco definiciones que consideran esenciales para que el proyecto funcione. “Si estos cinco puntos son considerados y son parte integral de la reforma, claro que creemos que puede funcionar. La voluntad nuestra está”.
Licitaciones y precios
El primer punto planteado por el gremio es que “el precio no puede ser el único parámetro” en las licitaciones y, en la visión de Fuenzalida, la calidad de las ofertas también debe ser contemplada como un factor esencial.
En ese sentido, se refiere a que “el Estado debe asegurar que una cantidad importante de personas participe de esto”, para evitar que se dé un fenómeno de selección adversa: es decir, que, al ser voluntarios, los seguros solo sean utilizados por los pacientes que los necesitan, encareciéndolos.
“La solución pasa, de alguna forma, por establecer una compensación del riesgo (…) ahí, probablemente, debe haber un costo público. Debe haber una demanda mayor, porque si la demanda se atomiza solo en aquellos que lo necesitan en el minuto, se hace inviable. En esa consideración es indispensable que el Estado participe y lo respalde, quizás con una garantía pública”, argumentó.
En segundo lugar, Fuenzalida agregó que el sistema debe tener una red diversa que permita a los usuarios elegir. “Tenemos que pensar que acá va a haber un paciente de Fonasa, que ya paga su 7%, y va a pagar algo más. Ese paciente, con toda razón y legitimidad, espera un servicio a costa de ese pago adicional (…) Si no logras resolver el primer punto, entonces es muy probable que el número de actores que participen sea bajo”.
Esto, señaló el dirigente, va de la mano con el tercer punto que es la existencia de “precios reales” en los aranceles Fonasa, que permitan cubrir los costos de las prestaciones: “Ahí hay una discusión ingrata que hay que dar. Quiero ser súper riguroso, para que no parezca que decimos que debe haber un sobreprecio, simplemente decimos que debemos poder pagar los costos”.
Fuenzalida aseveró que los aranceles de Fonasa no alcanzan para cubrir esos gastos. Así, recuerda que, en 2023, el sistema público necesitó de US$ 2.800 millones adicionales para poder hacer frente al déficit. “Si nosotros entramos en un default, quebramos”, argumentó.
La propuesta de la asociación es que estos aranceles se fijen mediante un organismo técnico, independiente, para buscar una fórmula con precios que le den viabilidad al sistema.
Fortalecimiento de Fonasa
En cuarto lugar, el presidente de las clínicas coincidió con quienes creen que estos cambios deben ir de la mano con un refuerzo institucional del seguro público, por ejemplo, en cuanto a su gobierno corporativo.
“Esa autonomía no es solamente una cosa discursiva, tiene que ver con que el presupuesto de Fonasa tenga cierta gestión autónoma para que, entre otras cosas, le permita discutir los precios de nuevo”, afirmó.
Fuenzalida postula que el servicio debería migrar hacia un modelo similar al que tienen las empresas públicas, con un directorio autónomo “que le permita tener una sobrevida a los gobiernos de turno (…) que esa autonomía le permita gestionarse en forma distinta, donde además respalde sus decisiones con un organismo técnico asesor”.
En línea con esto, la última idea del gremio es que el seguro público pueda convertirse en un pagador eficiente. Aunque reconoció “que en el último tiempo Fonasa ha hecho un esfuerzo importante por ponerse al día”, recordó que “hasta hace relativamente poco nos debían $ 250.000 millones. Es una cifra sideral, en deuda pública antigua, como consecuencia de la pandemia. Todavía nos deben $ 95.000 millones”, acotó.
Así, Fuenzalida argumentó que “hay que buscar soluciones que sean integrales y permanentes, que establezcan un mecanismo que nos dé certezas. Estamos en disposición de participar en el problema de salud integral ahora, pero necesitamos condiciones (…) hay que tener claras las formas y los procedimientos de pago. Eso te entrega certezas”.
Listas de espera: “Lo que hay que hacer acá (…) es tener una unidad centralizada”
Fuenzalida, en su análisis, recalcó que no quiere manifestar críticas particulares hacia las autoridades de Salud, sino que considera que la solución escapa a ese ministerio en específico y que las medidas para abordar el problema se relacionan con todo el aparato estatal.
“Se hace indispensable, cada vez más, establecer una reforma al sistema de salud que permita todo lo que yo estoy comentando”, señaló.
Por ejemplo, respecto a las listas de espera, estimó que es un problema de salud pública que “tiene una solución integral de recursos que suma al Estado en su totalidad, a los servicios de salud, cada cual es una parte (del sistema). Lo que hay que hacer acá, como idea de solución final, es tener una unidad centralizada, como ocurrió en la pandemia, que ordenó y dijo: ‘Mira, acá tenemos este problema y lo vamos a acometer de esta siguiente manera’. Y al centralizar esto, se pueden buscar soluciones integrales y podríamos llegar a resolver temas de fondo”.
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