Este lunes, el pleno de la Corte Suprema tenía en su tabla para revisarla, la solicitud de remoción del fiscal regional Metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz. Requerimiento presentado por parlamentarios de oposición quienes acusaban al persecutor de falta de imparcialidad en las causas del estallido social de 2019.
La solicitud de los diputados, quienes la ingresaron en abril pasado, luego de que la Fiscalía Centro Norte solicitara audiencia para formalizar al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, fue rechazada por unanimidad durante este lunes. Lo anterior, luego de que el pleno escuchara los argumentos de las partes, presentadas ante el máximo tribunal.
Se trataba de un requerimiento de los diputados UDI Jorge Alessandri, Henry Leal, Juan Antonio Coloma (jefe de bancada) y Juan Manuel Fuenzalida; los Demócratas Miguel Ángel Calisto y Joanna Pérez; los RN Miguel Mellado y Ximena Ossandón, además de Andrés Jouannet (Amarillos), Stephan Schubert (del comité del Partido Republicano) y Jaime Araya (Ind.-PPD).
A través de un comunicado, el Poder Judicial confirmó que la causa “quedó en estado procesal de acuerdo y la sentencia será comunicado oportunamente, sin perjuicio de lo cual el tribunal pleno dispuso comunicar el veredicto”, el cual rechazó por unanimidad el requerimiento de los diputados. Pese a eso, no se les condenó en costas.
El escrito presentado por los diputados de oposición ante la Suprema apuntaba como causal de remoción -facultad única del máximo tribunal- a la de “mal comportamiento y negligencia”, la cual está estipulada en el artículo 89 de la Constitución.
En esa acción judicial, los parlamentarios afirmaban que persecutor “ha incumplido sistemáticamente el estándar de objetividad e imparcialidad” en las causas relacionadas al estallido social en 2019. En esa misma línea, planteaban que en los casos que el imputado era carabineros “con particular encono, subjetividad y parcialidad a funcionarios de Carabineros”.
Solicitud a la que, en duros términos, respondió pocos días después de ser ingresada, el fiscal Armendáriz, representado por su abogado Cristián Riego.
En el escrito ingresado por Riego, expuso que era complejo plantear una defensa, ya que los diputados “no contiene un conjunto claramente determinado de hechos precisos respecto de los cuales pudiera estructurarse una imputación, en términos tales que permita hacerse cargo de ella en forma precisa y detallada”.
Seguido de aquello, el requerimiento agregó que “más bien de un conjunto de aseveraciones generales, muchas de ellas apreciaciones puramente subjetivas, formuladas más bien en un tono propio del periodismo o, derechamente, del actual debate político”. Más adelante, apunta que “lo que se requiere como contestación son explicaciones muy básicas sobre cómo funciona el sistema de justicia penal en general y el Ministerio Público en particular”.
El fiscal Armendáriz afirmó en esa respuesta que el requerimiento “no sólo es vago e inespecífico, sino que adolece de un grave problema en su basamento y que dice relación con las fuentes de información utilizadas y en especial con la información de aquellos pocos casos que son aludidos en particular”. Por lo mismo, asegura que “en lugar de entregar un relato preciso y concreto de supuestas infracciones, opta por un relato episódico, basado sólo en prensa y trascendidos”.
Este lunes llegaron hasta la sala del pleno, los abogados que representaban a cada una de las partes. En el caso de Riego, según pudo conocer este medio, centró su exposición a una falta de argumentos y pruebas por parte de los parlamentarios a la solicitud de remoción.
En su comparecencia, el abogado apuntó a que se trataba de un requerimiento más bien formal pero que el fiscal Armendáriz no había incurrido en las faltas de la cuales acusaban los diputados, quienes -entre otras cosas- cuestionaban la decisión de formalizar al general Yáñez.
Por parte de los parlamentarios de oposición, su equipo de abogados apuntó a que existió una “mala disposición” de parte del fiscal al trabajo con los funcionarios de Carabineros. Además de eso, se cuestionó que el Ministerio Público no persiguiera delitos como el de rebelión de los manifestantes. Argumento que fue impugnado por Riego al decir que ese tipo de hechos requería una querella del Ministerio del Interior de la época, en esos términos, algo que nunca ocurrió.
