Uno de los proyectos emblemáticos aprobados por el Ministerio de Hacienda durante este gobierno ha levantado una serie de dudas entre los expertos. Aprobado con éxito por el Congreso la semana pasada después de ocho meses de procesamiento parlamentario, La iniciativa contra la evasión o cumplimiento tributario promete mayores ingresos de 4.500 millones de dólares bajo el régimen. (1,5% del PIB) y unos 1.200 millones de dólares el próximo año, lo que ha levantado las sospechas de muchos especialistas sobre el flujo de ingresos de uno de los proyectos contenidos en el pacto fiscal.
en lo fundamental la nueva ley -sólo falta su promulgación oficial- tiene como objetivo mejorar las regulaciones relacionadas con los delitos fiscales y fortalecer los organismos de supervisión, y tiene como apuntar, según el gobierno, financiar el aumento de la Pensión Universal Garantizada (PGU) a $250 mil y el gasto destinado a fortalecer la seguridad pública. Las medidas clave de la iniciativa son el delator anónimo fiscal con recompensa, la mejora de la gobernanza del Servicio de Impuestos Internos (SII), la aplicación de la Norma General Antielusión (NGA) en los tribunales y el levantamiento del secreto bancario. entre otros. .
“Los evasores tendrán que prepararse” dijo un desafiante ministro de finanzas, Mario Marcelo, después de la aprobación del proyecto.
Pero el Congreso también aprobó un sistema de repatriación de capitales con una tasa del 12%, réplica de la misma medida lanzada en 2014, que exigía una tasa del 8% y que finalmente logró recaudar el 0,63% del PIB. Esta vez, sin embargo, el plazo para firmar la medida es mucho más estrecho que su contraparte de hace 10 años y tendrá como fecha límite el 30 de noviembre de 2024. “Se proyecta de manera conservadora que la repatriación de capitales propuesta en esta ocasión recaudará un tercio de lo ganado en aquella ocasión (2014). Por aquí, La recaudación sería del 0,21% del PIB durante el año 2024”, describe el informe financiero del proyecto aprobado.
Ante la mirada inquisitiva de muchos expertos tributarios por el efecto recaudatorio de las medidas contenidas en la iniciativa, esta semana el subdirector del SII, Javier Etcheberry, Traté de calmar las dudas y Se dijo optimista sobre las mejoras en las herramientas con las que cuenta Rentas Internas para atacar la evasión, el comercio ilícito, el crimen organizado y la informalidad. De hecho, destacó la mayor presencia sobre el terreno para supervisar. “Son 700 funcionarios del SII que participan cada mes en acciones de Cumplimiento Tributario en terreno, cuyo objetivo central es generar un cambio de comportamiento en el contribuyente, y en quienes lo rodean”, enfatizó Etcheberry.
Sin embargoXimena Niño, Socio Legal y Fiscal de Deloitte, muestra sus dudas sobre los potenciales ingresos que tendrá la nueva ley antievasión, especialmente en 2025, cuando se espera que esta iniciativa aporte US$1.200 millones al Presupuesto Nacional. “A todos nos gustaría que los ingresos proyectados se cumplieran con las modificaciones que introduce el proyecto de cumplimiento tributario, pero tenemos dudas razonables sobre la potencial recaudación que se podría lograr con los cambios. Si bien algunas de las medidas nos parecen importantes, como las que buscan la formalización de empresas, Nos preguntamos si la implementación de tales medidas, junto con otras actividades para combatir el comercio ilícito, puede ser efectiva. y, en definitiva, reducir al máximo el comercio y las actividades informales que evaden el cumplimiento tributario”, afirma Niño, quien también cuestiona el cumplimiento de las estimaciones de crecimiento económico para el próximo año. Mientras el gobierno ha fijado la expansión de la actividad en un 2,7% para 2025, el mercado sólo espera un 2,2%.
Juan Alberto Pizarro, presidente de la Comisión Tributaria del Colegio de Contadores de Chile, profundiza el análisis: “Es muy difícil elevar una cifra del 1,5% (del PBI) con medidas administrativas contra la evasión. Estas medidas son, en su mayor parte, lentas de implementar. En algunos casos -como por ejemplo reglas anti-evasión– requieren calificación previa y el contribuyente tiene derecho a defensa en los TTA (Tribunales Fiscales y Aduaneros) y instancias judiciales superiores. Por aquí, La recaudación efectiva de impuestos puede llevar años. Si a esto le sumamos que las medidas de cumplimiento tributario deben apuntar a reducir conductas que subyacen a fenómenos como la economía sumergida (informalidad en los negocios), que requieren de un esfuerzo conjunto de políticas públicas y no necesariamente se trata de más o menos inspectores y facultades al SII , cumplir el objetivo de recaudación puede ser aún más complejo”, sostiene.
El experto coincide también con el análisis realizado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) a finales del año pasado, cuando proyectó que la iniciativa no recaudará más de un tercio de lo prometido.
En la misma línea, el exdirector de Presupuesto del segundo gobierno de Sebastián Piñera, Matías Acevedo, Dice que el informe financiero del proyecto no contaba con los supuestos para poder evaluar si las estimaciones realizadas son factibles o no de cumplir. “Todo esto demuestra la dificultad de medir y lo incierto que será la recaudación más alta, como señaló el FMI en enero de 2023, donde como mucho ha visto una recaudación mayor de 0,5 puntos del PBI y no 1,5 puntos del PBI como señala el gobierno”, afirma Acevedo, quien de todas formas destaca la presencia de Javier Etcheberry en el timón del SII, en momentos en que se busca generar una mayor recaudación tributaria.
Una opinión más matizada tiene el socio de KPMG Tax & Legal y excoordinador de Política Tributaria del segundo gobierno de Michelle Bachelet, Alberto Cuevas, quien considera que cumplir con la meta de recaudación depende principalmente de la gestión de control que realice el SII.
“Las modificaciones introducidas, salvo algunas como la nueva ventana de regularización de rentas y activos del exterior y la eliminación de la exención del IVA y derechos de aduana a las importaciones de escaso valor, no producen ingresos por sí solas. Es cierto que puede haber algún efecto disuasorio por algunas medidas, pero la mayoría depende de lo que haga el SII, Aduanas y Hacienda. Este último, en materia de mejora de la recaudación de deudas tributarias. Sin una supervisión estricta, las estimaciones no se cumplirán”, afirma el abogado de KPMG.
Cuevas también destaca la “excesiva” experiencia que tiene Etcheberry en la gestión inspectora que realizará, especialmente en materia de IVA.
“Si se puede reducir la evasión del IVA, eso también tendrá un impacto en los ingresos y puede ayudar a cumplir las expectativas, pero llevará tiempo. También existen importantes lagunas generadas por el contrabando y, en general, por la delincuencia organizada, por ejemplo en el caso de los cigarrillos. Allí se requiere un trabajo coordinado con la Aduana, la policía y el uso de la tecnología disponible, además de una fuerte presencia en el terreno”, afirma Cuevas.
En todo casoEl abogado señala que actualmente el trabajo de inspección es mucho más complejo. “Los antiguos evasores han mutado en organizaciones criminales, incluso internacionales, donde la mera presencia de inspectores del SII ya no es suficiente. También se debe cuidar la seguridad de los funcionarios y realizar trabajos de inteligencia fiscal por parte de otras entidades como la Fiscalía y la Unidad de Análisis Financiero. Todo esto lleva tiempo y los procesos son largos para generar resultados concretos en materia de recaudación”, añade.
Pero Uno de los mayores interrogantes sobre la nueva ley apunta a la medida que abre una ventana a la repatriación de capitales, cuya recaudación está prevista para este año y ronda los US$ 700 millones. A diferencia de la misma medida lanzada en 2014, Esta vez el espacio para aprovechar la ventana será inferior a dos meses. “Este beneficio estará disponible a partir del mes siguiente a su publicación y hasta el 30 de noviembre” del año de su aprobación, señala el texto legal.
“El plazo tan estrecho juega muy en contra de quienes quieren aceptar, por lo que esperamos que este plazo se incremente por la vía legal, de lo contrario no se podría cumplir con la meta de recaudación por este concepto”, dice Ximena Niño, de Deloitte. , quien recuerda eso La tasa requerida será del 12% (a diferencia del 8% en 2014).
“Para que tal medida sea efectiva y se alcancen los objetivos, los poseedores de tales activos e ingresos no deben tener desconfianza en nuestro país y sus expectativas sobre el futuro deben llevarlos a beneficiarse del sistema de regularización de sus inversiones. Sin embargo, no podemos garantizar que esto suceda”, afirma.
Un abogado influyente de la plaza. coincide y dice que no hay razones claras para que un contribuyente traiga su capital del extranjero a un ritmo mayor que hace una década y en un entorno político y social más turbulento.. “Si no traje esos recursos a Chile en 2014, ¿por qué debería traerlos ahora?” pregunta la misma fuente.
Alberto Cuevas de KPMG considera que el corto plazo para registrarse y repatriar hace muy difícil lograr la recaudación estimada. “Una alternativa podría ser ampliar el plazo. Elaborar este tipo de declaraciones implica solicitar documentos, a veces incluso del extranjero, algo muy difícil de conseguir en un plazo tan limitado”, concluye.
