La pugna entre el Municipio de Estación Central y las empresas inmobiliarias del sector sigue sumando a su historia. El martes pasado, la Contraloría General de la República emitió un dictamen estipulando que los proyectos inmobiliarios cuyos permisos de construcción fueron aprobados por la Dirección de Obras Municipales (DOM), además de ser modificados si estos cambios reducen el impacto de la construcción.
El dictamen responde a un oficio enviado por la Municipalidad de Estación Central a la Seremi de Vivienda a finales de 2023, en el que se denuncia la situación de cuatro proyectos “ilegales” asociados a las inmobiliarias Amengual, Federico Scotto, Suksa y Conde. del Maule 4669 -firmas vinculadas al Grupo Biba-. ¿La razón? Los proyectos fueron aprobados con la antigua normativa, pero según el municipio, no se rigen por la ordenanza actual.
Paralelamente, los propietarios de estos proyectos presentaron solicitudes de modificación, propuestas que fueron rechazadas por el DOM porque seguían violando la normativa. Ante esta situación, la Seremi solicitó un pronunciamiento a la Contraloría sobre la normativa urbanística.
Conclusiones del Contralor
Específicamente, el dictamen detalla que aquellos proyectistas que cuenten con permisos de construcción validados por el DOM están autorizados a continuar con la construcción de las obras previstas, es decir, la entidad municipal debe proceder con la recepción de las obras.
Respecto a las modificaciones de un proyecto previo a la entrega del permiso de recepción definitivo, la Contraloría declaró que si el cambio se enfoca en reducir la altura del inmueble, su densidad o las especificaciones máximas, no estaría violando la normativa.
“Diferente es el caso de otras solicitudes de modificación de proyecto que se puedan presentar y que impliquen un aumento respecto de los parámetros máximos o una disminución de los parámetros mínimos establecidos en la licencia de obra”, enfatizó la Contraloría.
Consultado al respecto, el abogado de Grupo Biba, David Cademartori, explicó que como empresa se sienten aliviados con el dictamen de la Contraloría, ya que la entidad “sigue respetando el estado de derecho, además de dar una orden clara a la Dirección de Obras de lo que tiene que hacer, que es recibir las edificaciones, de hecho mañana (hoy) presentamos el cumplimiento del fallo a los efectos de recibir las propiedades”.
Por su parte, la Seremi de Vivienda, Carolina Casanova, explicó que el fallo da seguridad jurídica a las 400 familias que están detrás de la compra de estos departamentos.
“Sabemos que nuestra consulta retrasó los plazos, pero tenemos la tranquilidad de haber escuchado y construido una propuesta que hoy nos permite tener una hoja de ruta clara y clara. Esto también nos permite entender cómo y por qué esta autoridad toma sus decisiones”, enfatizó.
En tanto, el municipio indicó que la Seremi de Vivienda es el órgano técnico encargado de este asunto, el cual debe remitir y determinar cómo proceder con las edificaciones en cuestión.
“Estamos convencidos de que hemos actuado en estricto apego a la legislación vigente, y el comunicado de la Contraloría nos respalda. Esperaremos el dictamen técnico de la Seremi, el cual evaluaremos a la luz de las normas legales aplicables. De ser necesario, siempre con el espíritu de observar fielmente nuestro ordenamiento jurídico, buscaremos la mayor seguridad jurídica posible, para lo cual ya estamos trabajando”, indicó el municipio.
Llamado a la Seremi
La Contraloría también aprovechó la oportunidad para llamar la atención a la Seremi de Vivienda. A la espera del oficio, las inmobiliarias denunciaron un retraso por parte de la entidad vinculada al Ministerio de Vivienda.
En este sentido, la Contraloría advierte que la Seremi debe actuar con mayor celeridad, apegándose a los principios de eficiencia, eficacia y celeridad administrativa establecidos en la ley.
Ante esto, Casanova enfatizó que como entidad las resoluciones de la Contraloría siempre se toman con la mayor seriedad y celeridad posible.
