Hace cinco años, cuando las instituciones políticas naufragaron tras chocar con el iceberg de la explosión, los municipios actuaron como botes salvavidas.
Mientras La Moneda y el Congreso se hundían en la impotencia, los intendentes, en contacto con las incipientes organizaciones y cabildos vecinales que iban surgiendo a lo largo de Chile, comenzaron a articularse para buscar una salida. La Asociación de Municipios de Chile anunció una consulta nacional sobre un proceso constituyente y temas sociales como el IVA y las pensiones. Al proceso se adhirieron 330 de los 345 municipios, incluidos alcaldes de derecha, centro e izquierda.
Fue un primer salvavidas del sistema institucional.
Finalmente, 225 municipios realizaron la consulta, con un mix de voto presencial y electrónico, y sin supervisión del Servel. Participaron más de 2.300.000 personas.
Los alcaldes mostraron así fuerza y una legitimidad esperanzadora en un escenario de colapso del poder político cada vez más pronunciado.
Como advierte Juan Pablo Luna en su último libro, “¿Democracia muerta?”, este colapso no se da sólo en Chile, y no se debe sólo a causas internas de la política institucional. Son “problemas estructurales, porque van más allá de lo que los líderes políticos pueden hacer y de las reglas que definen sus incentivos”.
Estos problemas se expresan en fenómenos como la incapacidad del Estado para controlar grandes territorios y mercados ilegales; el debilitamiento de la promesa de avance social a través de la educación; el declive de instituciones intermedias que ejercían legitimidad en los barrios, como la Iglesia Católica; y la ruptura de vínculos entre los partidos políticos y sus supuestos representantes.
La política democrática está herida de muerte porque ya no puede sostener un compromiso básico: que tiene la capacidad de mejorar la vida de la gente. En su libro, Luna recuerda la promesa que hizo Raúl Alfonsín al asumir el poder en 1983, como símbolo de la primavera democrática en América Latina. “Con la democracia no sólo se vota, sino que también se come, se cura y se educa”.
La democracia era más que un procedimiento para elegir un gobierno y proteger los derechos de los ciudadanos. Poner el poder en el pueblo era garantía de que la vida mejoraría para aquellas personas que tomaban las riendas de su destino.
Como sabemos, Alfonsín no pudo cumplir su promesa: estalló la hiperinflación, mientras la democracia crujía y el presidente tuvo que acortar su mandato. En Chile, en cambio, la Concertación podía presumir de haber cumplido esa parte del contrato. La democracia era incompleta, pero los índices sociales marcaban la caída de la pobreza y la incorporación de las grandes masas a la sociedad de consumo.
Ese encanto se rompió hace un tiempo, y el creciente hastío se expresó a través de la abstención, que pasó del 13% en 1989 al 57% en las últimas elecciones municipales, en 2021. La reintroducción del voto obligatorio hizo carne el lema de nuestro escudo: si Si no se pudiera convencer a los votantes de participar mediante la razón, entonces se haría por la fuerza. El espectro de las multas elevó la participación a niveles comparables a los del retorno a la democracia y atrajo a millones de votantes obligados al padrón electoral.
Es paradójico que, ante la impotencia del Estado para encantar a los ciudadanos con la democracia brindándoles seguridad contra el crimen, buena educación y salud y beneficios sociales de calidad, no tenga más remedio que recurrir al poder coercitivo de las multas.
Parafraseando a Alfonsín, si con la democracia ya no comemos, curamos ni educamos, hay que conseguir que voten los menos.
Aunque sea por obligación.
Este domingo sabremos si ese hastío se traduce en una gran masa de votos blancos y nulos, que sustituyan a la abstención como forma de expresar protesta, desinterés o ignorancia. En las últimas elecciones de alcaldes con voto obligatorio, en 2008, los votos nulos y blancos alcanzaron el 8,6%.
Si el voto de los alcaldes se ve arruinado por una ola de blancos y nulos, será una señal siniestra. Esta ola es de esperar en elecciones como la de consejeros regionales, que conllevan una combinación fatal: son cargos invisibles, con poco interés y muchos candidatos que convierten la papeleta en una hoja ininteligible. Demasiada oferta para tan poca demanda.
Todo el debate que tendremos el domingo por la noche sobre quién ganó y quién perdió (las alcaldías ganaron, las gobernaciones arrebatadas, los trozos de poder devorados por cada coalición) puede parecer crucial. Pero, cuando miramos un poco hacia arriba, vemos que es irrelevante a largo plazo.
Porque lo fundamental aquí no es si cae más la oposición arrastrada por Hermosilla, o el oficialismo derrotado por Monsalve, sino la constatación de que toda la clase dominante ha perdido su legitimidad.
En cierto sentido, es una suerte que estos escándalos toquen a uno y a uno: Hermosilla a la oposición y Monsalve al oficialismo. Porque nos permite comprender mejor que la felicidad cuando el escándalo actual toca a “otros” es suicida.
Oficiales y oponentes parecen tan razonables como dos jugadores estarían jugando a las cartas en la cubierta del Titanic, celebrando o lamentando cada mano del destino, mientras el agua comienza a cubrirlos y quitarles las cartas. El problema que enfrenta Chile es mucho mayor que cualquier escándalo y mucho más profundo que ganar o perder una elección.
Por lo tanto, al menos, sería esperanzador haber elegido alcaldes con una proporción apreciable del padrón electoral.
No engañemos a los solitarios: sabemos que esos votos son más resignados que entusiastas. Que esos botes salvavidas son frágiles, están mal parchados y tienen agujeros por todos lados.
Pero, a estas alturas del naufragio, tener esos salvavidas es mejor que nada.
