En Roma los emperadores contaban con la Guardia Pretoriana, soldados que eran expresión del poder ejercido de forma arbitraria. Como siempre que se ejerce la fuerza sin sujeción a reglas, estos soldados se convirtieron en una amenaza para aquellos a quienes se suponía debían proteger.
El Estado de Derecho resolvió esto, ya que la concepción del gobierno de derecho y el principio de responsabilidad terminaron, al menos en el ideal al que aspira toda democracia, con el concepto de fuerza puesta al servicio personal del gobernante. Ahora está organizado profesionalmente, para que sea utilizado en la forma y para los fines establecidos por la ley. El llamado poder civil sobre la policía y el ejército no puede confundirse con el de los gobernantes de la antigüedad. El poder democrático está sujeto a reglas y responsabilidad.
Nada de esto fue recordado por nuestras autoridades de gobierno, ni por los mandos policiales quienes, hasta donde hemos podido saber, entablaron una relación indebida. El Subsecretario de Gobernación, teniendo en cuenta la posibilidad de ser denunciados penalmente -como lo afirmó el Fiscal Armendáriz en audiencia pública-, les dio instrucciones para realizar diligencias de investigación, competencia exclusiva del Ministerio Público y de los Jueces, las cuales se llevaron a cabo. en violación de la ley y perforando los fundamentos que constituyen el carácter profesional de la función policial. Hasta el punto de que hoy estas acciones son investigadas como posibles delitos.
El Director General de la Policía de Investigaciones sintió la necesidad de revelar al Ministro del Interior la existencia de una investigación criminal, que hasta entonces había sido reservada. Recientemente han aparecido versiones periodísticas según las cuales previamente había sostenido una conversación telefónica con el Fiscal Nacional. Hasta ahora, la información se entrega a la opinión pública poco a poco, a medida que los hechos van surgiendo. Nadie ha podido, ni en La Moneda ni en el comando policial, dar de una vez por todas un relato completo de lo que hicieron desde el 22 de septiembre.
Es urgente restablecer el principio de que las instituciones, y las personas que las dirigen e integran, actúan bajo el imperio esencial del Estado de derecho. Es decir, ejercen sus facultades exclusivamente dentro de su jurisdicción legal. En todo lo que se ha conocido sobre el llamado “caso Monsalve”, esto no ha sucedido y por lo tanto la democracia requiere, para ser tal, que se hagan efectivas las responsabilidades políticas y de mando. Sin responsabilidades reales no hay Estado de derecho y sin Estado de derecho no hay democracia. Está así de claro.
Hasta ahora, en otra demostración de inconsistencia, la única responsabilidad que se ha hecho efectiva es la de una mujer y el rango más bajo de la comprometida cadena de mando. Lo que pase con el Ministro del Interior y el Director General de la PDI será una señal fundamental, porque en Chile la policía no es ni puede ser una guardia pretoriana. ¿O eso depende de quién gobierna?
Por Gonzalo Corderoabogado
