La existencia de “importantes desafíos en la eficiencia del uso de los recursos y en la protección financiera de los pacientes” fue el diagnóstico de un estudio realizado conjuntamente por la Pontificia Universidad Católica y la Cámara de Innovación Farmacéutica.
El informe -realizado por los académicos Benjamín Ahumada, Pablo Celhay y Francisco León- tiene como una de sus principales conclusiones que Aunque el gasto en salud de Chile ha experimentado un crecimiento significativo, superando el 10% del PIB en 2022 (frente al 7,8% en 2014), esto no ha llevado a una reducción en el gasto de bolsillo de las personas.
Este último Sigue representando el 34,7% del gasto sanitario y, concretamente en términos de medicamentos, la cifra se eleva hasta el 62%, lo que la sitúa como una de las más altas dentro de los países de la OCDE.
En Chile, señala el informe, sólo el 26% del gasto en medicamentos proviene de financiamiento público (que se desglosa en un 17% del aporte estatal y un 9% de la seguridad social pública) y un 9% de seguros privados, lo que se traduce en una mayor carga financiera para los pacientes.
La vicepresidenta ejecutiva de la Cámara de Innovación Farmacéutica, Mariela Formas, aludió a que esta cifra contrasta con países como Portugal y España, donde la financiación pública asciende al 64% y al 80%, respectivamente: “Es urgente implementar medidas que aumentan la cobertura de medicamentos y la eficiencia del gasto público, como la redistribución de mayores fondos para la cobertura como el GES y la Ley Ricarte Soto (LRS), así como medidas de eficiencia como la implementación de acuerdos de riesgo compartido únicamente. de esta manera tendremos un sistema de salud con mayor equidad y sostenibilidad.
Así, el estudio defiende la idea de que, si bien avances como la cobertura de GES y LRS son avances significativos, aún son insuficientes para reducir sustancialmente el gasto de bolsillo.
Recomendaciones y protección financiera.
El informe mostró que, aunque aumenta el gasto en salud, la estructura del gasto público no cambia, manteniéndose en niveles de entre el 12% y el 13% del total de los fondos destinados a medicamentos. La mayor parte del gasto público en medicamentos (68%) se destina a servicios de salud de nivel secundario y terciario, seguido por la LRS (13%), los municipios (12%) y el Programa Nacional de Inmunizaciones (7%). .
Teniendo en cuenta el alto gasto de bolsillo, los académicos argumentaron que este desglose “destaca la necesidad de una gestión más equitativa y eficiente de los recursos asignados a los medicamentos (…) Esta elevada proporción de gasto de bolsillo refleja una falta de protección financiera adecuada para los pacientes, lo que dificulta el acceso a tratamientos esenciales”.
Así, el informe postula que países como España, Holanda y Portugal han conseguido mantener el gasto de bolsillo en medicamentos por debajo del 31%. En tanto, agrega que “en América Latina, si bien Chile destina un mayor monto a medicamentos, el porcentaje financiado directamente por los hogares es similar al de países como México, donde el gasto de bolsillo alcanza el 75%”.
Con todo lo anterior, el análisis de los especialistas planteó ciertas recomendaciones, que van encaminadas a reorientar las políticas públicas hacia la mejora de la equidad y sostenibilidad del gasto público en salud, con especial énfasis en reducir el gasto de bolsillo. y optimizar el gasto en medicamentos.
El coautor y académico del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, Benjamín Ahumada, resumió que “Lo que demuestra este estudio es que, en los últimos diez años, las políticas públicas no han logrado reducir el gasto de bolsillo en medicamentos. Optimizar la gestión del gasto en medicamentos es fundamental: lograr una eficiencia del 5%, según muestra este estudio, liberaría aproximadamente 50 mil millones de dólares para incorporar terapias genéticas o innovadoras”.
El investigador añade que “una mejor organización y trazabilidad en la compra y prescripción en los establecimientos de salud, junto con la implementación de mecanismos de protección financiera, serían claves para reducir este problema”.
