Será ley. La tarde de este miércoles, la Cámara del Senado aprobó el acuerdo alcanzado en la comisión mixta entre senadores y diputados de este martes y dejó listo para convertirse en ley el proyecto de Presupuesto 2025.
Así, el texto es enviado por el Parlamento dos días antes de la fecha límite constitucional, fijada para el 29 de noviembre. El resultado fue 37 votos a favor y uno en contra.
La Cámara de la Cámara Alta ratificó el consenso luego de que durante esta tarde la Cámara de Diputados hiciera lo mismo, en aquella ocasión con 106 votos a favor, 16 en contra y cuatro abstenciones.
El acuerdo en el mixto
Luego de casi cuatro horas de negociaciones, pasadas las 16 de este martes, los senadores y diputados de la comisión mixta dieron a conocer los detalles del acuerdo alcanzado con el Ejecutivo para desbloquear el trámite de la ley de Presupuesto 2025.
En el acuerdo se sustituyeron los recursos que fueron rechazados o reducidos en el tercer trámite en la Cámara de Diputados. Por ejemplo, los relacionados con la Defensoría Penal Pública, en los que se aclaró que las jornadas destinadas a la defensa de migrantes son una fracción mínima del total de recursos; el dinero para el Servicio Nacional de Alcohol y Drogas (Senda); y los del programa de apoyo a Pymes afectadas por los hechos de violencia en el estallido social, incorporado al Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec) del Ministerio de Economía, con recursos por $1.000 millones, siendo similares a los de este año. En 2025, Sercotec deberá, durante el primer semestre, lanzar una convocatoria pública que deberá estar abierta a recibir postulantes durante un mes.
Asimismo, el consenso contempló la reposición de fondos para la Secretaría de Comunicaciones (Secom) de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), ubicándolos en $400 millones para gastos de personal y bienes y servicios de consumo, pero con el compromiso que cualquier modificación proviene de reasignaciones dentro del juego.
Otros puntos
El acuerdo también abordó temas que han generado controversia a raíz de la situación del caso que involucra El exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, en prisión preventiva por una denuncia de presunta violación que se le atribuye y cuestionado por uso de gastos reservados y posibles violaciones a la Ley de Inteligencia.
La Cámara redujo los gastos reservados para dicho subsecretario, por lo que para reponer los $538 millones el Gobierno acordó presentar en el primer semestre de 2025 -y luego de la aprobación del nuevo Ministerio de Seguridad- un proyecto de ley que aumenta el control sobre estos gastos. de dicha distribución y refuerza su responsabilidad.
Otro asunto polémico estuvo relacionado con la aprobación de la obligatoriedad para que el Presidente de la República, ministros y subsecretarios se sometan a un examen obligatorio de drogas y estupefacientes una vez por semestre. Aquí, el Gobierno acordó eliminar esa glosa desde la salida de la Presidencia de la República a cambio del compromiso de legislar sobre la materia en un proyecto sobre la incompatibilidad de la función pública con el consumo de drogas.
El consenso estableció que la ley de reajuste del sector público abordará el tema de la formación obligatoria sobre violencia de género para el sector público.
Además, se llegó a un acuerdo respecto de los recursos necesarios para el cierre de la corporación dedicada a los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Se propusieron $700 millones para el pago de indemnizaciones y $100 millones para gastos adicionales relacionados con el cierre de la instancia durante el próximo año.
Hacienda también insistió en la norma que busca racionalizar el conjunto de declaraciones presupuestarias, tras el trabajo realizado con las mesas de la Cámara y el Senado.
Otro punto del acuerdo establece modificaciones a la composición de la comisión que discutirá mejoras al funcionamiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), lo que implica la incorporación de representantes de ambas cámaras del Congreso.
Un tesoro sin precedentes
Además de estos cambios, se había alcanzado un primer acuerdo en la Comisión Especial Mixta de Presupuesto, que establecía principalmente que Los gastos proyectados para 2025 se redujeron en 600 millones de dólares, lo que llevaría a que el gasto público creciera un 2% en lugar del 2,7% estimado inicialmente.
Se trató de un ajuste fiscal sin precedentes, ya que se comprometió en el marco de la misma discusión del Presupuesto. Asimismo, el Tesoro se comprometió a recortar el gasto por 1.000 millones de dólares este año para cumplir sus objetivos fiscales.
Otro acuerdo relevante en ese caso fue que El Ministerio de Hacienda deberá solicitar autorización al Congreso cuando se retiren recursos del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) que superen el 0,3% del PBI durante el año.
Asimismo, se acordó solicitar asesoría internacional para mejorar las estimaciones de ingresos del sector público, además de reforzar el control mensual sobre el cumplimiento de las metas fiscales.
Sin embargo, también hubo cuestiones complejas para el Ejecutivo que probablemente serán resueltas en el Tribunal Constitucional (TC). Por ejemplo, el Congreso aprobó artículos considerados inadmisibles por el Ejecutivo, como uno que reduce a $0 la valoración fiscal de las propiedades de los adultos mayores beneficiarios de la Pensión Universal Garantizada (PGU), además de otro que suspendió la vigencia de la Ley Lafkenche. sobre autorización de uso del litoral a pueblos indígenas.
