El nuevo giro de La Moneda y la carrera contra el tiempo para evitar otro estado de excepción en el sur

En un nuevo giro argumental, el gobierno cambió abruptamente la agenda del Congreso de esta semana al anunciar un veto sustitutivo a la reforma constitucional que faculta al Presidente Gabriel Boric disponer de las Fuerzas Armadas. para proteger la infraestructura crítica.

Con esta medida, el Ejecutivo hizo definitivamente suya esta iniciativa, inicialmente resistida por el Frente Amplio y el PC, que le brinda al Presidente herramientas para disponer que los militares realicen tareas de orden público y seguridad interior.

hasta la fecha, La Moneda había optado por no involucrarse en el proceso que se reactivó en el Senado precisamente para dotar al gobierno de nuevos instrumentos para enfrentar los episodios de violencia en La Araucanía y Biobío, que ahora también se extienden a la Región de Los Ríos.

La idea era evitar que se decretara un nuevo estado de excepción constitucional de emergencia lo que, además del despliegue militar, implica una restricción de los derechos y libertades civiles. los proyecto de infraestructura crítica, por otro lado, no altera las garantías constitucional.

Sin embargo, en el análisis que se hizo en La Moneda luego de que el Congreso aprobara esta reforma la semana pasada, es que la iniciativa requirió la actualización de algunas normas, especialmente para establecer una cadena de mando y ajustar las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) que dan instrucciones sobre cómo deben proceder las tropas en situaciones complejas como una protesta o un ataque. Finalmente, se decidió incluir algunos temas dentro de la propia reforma a través de este poder presidencial.

El problema es que el veto, que entrará esta tarde, debe ser aprobado por el Senado y luego por la Cámara, que posterga la promulgación de la moción, reemplazando el texto que había elaborado el Congreso.

Además del trámite legislativo, donde los parlamentarios sólo pueden aprobar o rechazar con un quórum de 3/5 (93 diputados y 30 senadores), el gobierno debe cumplir con el trámite administrativo respectivo en la Contraloría y luego ante el Diario Oficial. Recién una vez publicada esta reforma, comenzaría a surtir efecto.

Adicionalmente, el Ejecutivo deberá publicar las nuevas normas que ayuden a implementar la nueva herramienta constitucional.

Para cumplir con todos esos requisitos legales y constitucionales, el gobierno solo tiene 10 días. ¿La razón? El último estado de emergencia aprobado el miércoles pasado en la Cámara y el Senado vence a la medianoche del viernes 29.

Si para esa fecha el Ejecutivo no tiene lista la aplicación de la reforma de infraestructura crítica, el presidente Gabriel Boric deberá solicitar una nueva prórroga del estado de emergencia, a pesar de las advertencias de las bancadas oficialistas, en especial del PC, que pidieron no recurrir a este mecanismo que restringe derechos y libertades.

“es una carrera contra el tiempo poder disponer de esta nueva herramienta”, dijo el diputado socialista leonardo soto.

Por su parte, la diputada de Convergencia Social Javier Morales, que siempre ha apoyado las peticiones del Presidente para aplicar el estado de excepción, admitió que sería incómodo tener que votar por una nueva prórroga dada la tensión que ha generado en el oficialismo. “Esto tiene que ser resuelto esta semana.“, retenida.

En tanto, la diputada independiente del Frente Amplio mercedes bulnes Anunció que si tienen que pronunciarse, volverá a abstenerse porque tiene objeciones al uso de los estados de excepción para hacer frente a los delitos.

El diputado RN, Miguel Melladodijo que esta obra de teatro de La Moneda era una “vaselina” para que sus parlamentarios “traguen más fácilmente” el trabajo de los militares en tareas internas.

Pero ese no es el único problema. Si La Moneda no logra que el Congreso apruebe el veto sustitutivo entre hoy y mañana, el escenario empeora. La próxima semana es distrital y regional, es decir, no hay trabajo legislativo en Valparaíso, por lo que habría que convocar a sesión extraordinaria con el riesgo de ausentismo que eso implica, tanto para votar un veto que requiere una gran cantidad de parlamentarios o para una nueva prórroga de un estado de excepción.

El Ministro del Interior, Izkia SichesSeñaló que si no se aprueba a tiempo la observación del gobierno sobre el proyecto de infraestructura crítica, habría que evaluar la prórroga de un nuevo estado de excepción constitucional, que en este caso, lamentablemente, debería recaer en la semana distrital”.

Una de las ventajas del nuevo instrumento es que las prórrogas pueden hacerse de forma sucesiva cada 60 días y no quincenalmente, como los estados de excepción.

Siches también explicó que el veto fue necesario para precisar la cadena de mando, que estaría a cargo de un “jefe de la Defensa Nacional”, definir facultades a través de reglamentos y delinear las Reglas de Uso de la Fuerza por decreto.

Este es el primer veto que usa Boric en su mandato, haciendo uso de una facultad que le otorgó el régimen presidencial chileno.

Sin embargo, el caso de la reforma de infraestructura crítica tiene una connotación adicional: la maniobra del Presidente se suma a una serie de giros políticos a la accidentada tramitación de esta iniciativa.

La idea de proteger la “infraestructura crítica” fue anunciada a fines de 2019 por el gobierno del entonces presidente Sebastián Piñerapara hacer frente a la violencia callejera, que había dejado daños en servicios como el Metro, tras el estallido social de 2019. La iniciativa de Piñera, sin embargo, no prosperó al no contar con el apoyo necesario en el Parlamento.

Además, se presentó una segunda iniciativa -de autoría de los senadores de independientes-RN, Kenneth Pugh y Carmen Gloria Aravena-, Aunque fue aprobado en el Senado, fue rechazado en la Cámara, con la oposición del PC, el Frente Amplio y el PS. Entre los votos en contra, registrados el 9 de septiembre de 2020, se encontraban los entonces diputados Gabriel Boric, Giorgio Jackson y Camila Vallejo. Luego de ese revés, el proyecto fue remitido a una comisión mixta.

A falta de acuerdos y debido a otras prioridades legislativas, la iniciativa permaneció “dormida” en el Congreso hasta mayo de este añocuando el gobierno bórico decidió avanzar con una iniciativa que denominó “estado intermedio” para proteger las rutas del país sin declarar un estado de excepción.

Pero, ante la resistencia del PC y del Frente Amplio, el Ejecutivo se retractó y prefirió no innovar en la materia por la falta de apoyo de las fuerzas oficiales. Incluso el Ministro Secretario General de la Presidencia, george jacksonexponiendo ante la comisión mixta que se reactivó precisamente por el interés de La Moneda de avanzar en la reforma, deslizó que “Puedes perder tu trabajo” dado el proceso constitucional en curso que renovaría todo el texto constitucional.

Las palabras de Jackson causaron molestia entre senadores y diputados, quienes gracias a un acuerdo del PS con la UDI, definieron una propuesta que finalmente fue despachada por ambos poderes del Congreso el 11 de julio, sin la anuencia de La Moneda.

En la última votación, sin embargo, solo aprobaron dos diputados de Aprueba Dignidad, la coalición de base de la que surgió la candidatura del presidente Boric. El resto de parlamentarios del Frente Amplio y del PC rechazaron la reforma o se abstuvieron.