En agosto el Gobierno anunció el Plan de Fortalecimiento de la Industria Regional del Biobío, un conjunto de 32 medidas de corto y mediano plazo para enfrentar dos desafíos económicos en la región: la pérdida de dinamismo productivo; y el cierre de la Empresa Siderúrgica Huachipato (CSH).
A poco más de dos meses de su implementación, el subsecretario de Trabajo, Giorgio Boccardo, destaca que ocho de las acciones anunciadas ya están en práctica, varias de ellas encaminadas a contener el impacto laboral del cierre de la empresa.
“Y ya se está trabajando para darle seguimiento a las otras medidas que se están llevando a cabo, que tienen que ver con acelerar proyectos de inversión pública, facilitar o agilizar los permisos que requieren determinadas operaciones de inversión privada, entre otras”, dice Boccardo.
“Dada la magnitud de la crisis, este plan está permitiendo, por un lado, evitar una crisis laboral mayor y lograr una transición, apoyando a las empresas proveedoras y a los trabajadores a relacionarse con nuevos sectores económicos”dijo Boccardo.
La primera fase del programa tuvo como eje central reducir el impacto laboral y productivo del cierre de Huachipato, y revertir, en el corto y mediano plazo, las pérdidas de empleo, producción e infraestructura industrial que ha sufrido la región en últimos años.
Ante esto, además de asesorías a los trabajadores cesantes, se aplicaron subsidios de retención que tuvieron como objetivo apoyar a las empresas proveedoras de CSH a mantener la relación laboral con sus trabajadores; y contratación, que tienen como objetivo que los trabajadores no comprometidos puedan trabajar en empleos donde se requieren sus habilidades y competencias.
Además, las empresas proveedoras de CSH se han vinculado con otro tipo de empresas para construir nuevos vínculos comerciales.
Entre octubre y noviembre, 57 empresas han solicitado el subsidio de conservación del empleo, involucrando a 896 trabajadores. Y, de ese grupo, 17 ya recibieron algún pago.
Para el apoyo a la contratación han solicitado 21 empresas, que involucran a 99 trabajadores. En este último no hay datos de pago, porque se paga a final de mes.
“El cierre de la empresa (Huachipato) se produjo el 8 de agosto, y el 15 de noviembre ya estábamos pagando los primeros subsidios. Entonces, dada la magnitud de la crisis, este plan está permitiendo, por un lado, evitar una crisis laboral mayor y lograr una transición, apoyando a las empresas proveedoras y a los trabajadores a relacionarse con nuevos sectores económicos”, destaca Boccardo.
El representante agrega que otro eje central es monitorear el impacto de estas medidas: “Estas requieren apoyo, seguimiento, para asegurar que la reubicación o reinserción de los trabajadores esté funcionando; que encuentran trabajos que se adaptan a sus habilidades”, explica.
Hace unos días también se celebró en la región una feria de empleo exclusiva para la zona, en la que participaron 35 empresas que ofrecen más de 550 puestos de trabajo.
“Esta feria de empleo creemos que fue una excelente oportunidad, tanto para los trabajadores que pudieron quedarse en la región, porque hubo empresas regionales que ofrecieron, como también para empresas de fuera de la región que fueron a buscar trabajadores, porque la Los trabajadores de CSH están altamente calificados, actúan en procesos industriales complejos y son muy valorados por la industria”, afirma Boccardo.
– Este plan surge particularmente a raíz del cierre de la CSH, pero entiendo que es parte de un trabajo que apunta a fortalecer las instituciones para reaccionar ante este tipo de crisis laborales. ¿Es eso así?
-Ese fue un diagnóstico compartido que tuvimos en el Gobierno sobre la necesidad de tener una institucionalidad más resiliente, más robusta, que pueda actuar en determinadas situaciones, y en diversas situaciones que se dieron en los últimos dos años asociadas a incendios, inundaciones. y otros.
Durante este tiempo pudimos avanzar en diferentes medidas, en diferentes diseños, que de cierta manera ya despliegan una respuesta institucional e interministerial coordinada, como en la situación ocurrida en Huachipato.
Por ejemplo, implementamos subsidios para la conservación del empleo en caso de incendios. También se coordinaron ayudas con Corfo, Sercotec, Sence, entre otros, y se generaron alianzas que ahora también están funcionando.
Por lo tanto, aquí es importante señalar que, por un lado, hubo un trabajo previo que nos permitió llegar con algunos trabajos avanzados a la situación de Huachipato. Y, por otro lado, tiene que ver con líneas programáticas de nuestro Gobierno que apuntan precisamente a fortalecer determinadas líneas productivas y laborales de acuerdo con las transformaciones que vive el mundo.
Lo que viene para 2025
En relación a la agenda de trabajo para el próximo año, Boccardo dice que los esfuerzos estarán dirigidos a, por un lado, finalizar la tramitación de iniciativas legislativas que buscan mejorar las condiciones laborales de buzos y recolectores de residuos; y, por otro lado, presentar nuevas iniciativas.
En esta línea, Boccardo anticipa que próximamente se presentará el proyecto de ley para mejorar el sistema de subsidio laboral.
“En las próximas semanas, de aquí a fin de año, esperamos poder presentar el proyecto de reforma del subsidio laboral que de cierta manera bebe de todo este aprendizaje que hemos tenido en los últimos años en materia laboral. Los contenidos y detalles no me corresponde anunciarlos, pero es un proyecto al que esperamos entrar pronto porque sabemos que es una herramienta muy relevante tanto en materia laboral como en términos de reducción de la informalidad laboral”, afirma.
Vinculado a lo anterior, Boccardo también abordó las críticas a las cifras laborales y la informalidad laboral que han sido cuestionadas por diversos expertos, quienes plantean que el país atraviesa una emergencia laboral.
“Las cifras no pueden dejarnos en paz. Y por eso esperamos desplegar y estamos desplegando una serie de proyectos que esperamos que también muestren interés, preocupación y apoyo en el Congreso, como lo fueron los anuncios que se hicieron en materia de seguridad y enfermedades profesionales, y también esperamos avanzar en una reforma integral del sistema de subsidios, diferentes iniciativas que apuntan a abordar la informalidad”, afirma.
