Luego de que algunas Isapres informaron a sus afiliados que la tabla de deuda por factores se pagaría en hasta 156 cuotas, utilizando como plazo máximo los 13 años que les dio la Ley Corta, el tono ha sido de indignación.
Si bien la norma fue aprobada en mayo, fue después de que los usuarios recibieron las cartas que se comenzaron a buscar responsabilidades políticas: parlamentarios han señalado a la Superintendencia de Salud, que aprobó los planes de pago; Desde el Gobierno han trasladado la responsabilidad a las isapres, argumentando que no supieron regularse; mientras otros señalan al mismo Congreso que aprobó la Ley Corta.
Sin embargo, lo cierto es que la situación se veía venir. Los Planes de Pago y Ajuste (PPA) de las aseguradoras fueron revisados por un Consejo Asesor de expertos -aprobados por el Congreso- y avalados por la superintendencia. Durante toda esta preparación, no se desconocía que la situación podría terminar en pagos de cuotas muy bajas e, incluso, se propuso un mecanismo para evitarlo, que no se concretó.
las alertas
La primera en abordar el problema fue una isapre. El DF revisó los informes del Consejo Consultivo, en los que se puede observar que el 11 de julio, en su primera propuesta de devolución, Consalud tomó la iniciativa e impuso un monto de pago mínimo mensual de UF 0,053 por afiliado (unos $2.000). .
El consistorio, en su informe, señaló que esto permite “conseguir que los importes devengados mensualmente sean significativos, reduciendo también los tiempos de pago”.
Consalud hizo un comunicado público este martes en el que sostuvo que con este “esfuerzo financiero” el 23% de las personas verán acelerados sus plazos de pago y que hay 4.700 afiliados que recibirán su pago en una sola cuota.
El Superintendente de Salud, Víctor Torres. Foto de : Agencia Uno
Pero el consejo fue más allá y, para todas las demás isapres abiertas, recomendó a la superintendencia “autorizar la posibilidad de establecer un monto mínimo mensual de pago de la deuda a los afiliados, para generar un proceso eficiente”.
Este consejo estuvo encabezado por la presidenta ejecutiva de Espacio Público, Paula Benavides; acompañado del ex Superintendente de Salud, Patricio Fernández; el médico especialista en salud pública, César Cárcamo; el exsubsecretario de Salud Pública (en este mismo Gobierno), Cristóbal Cuadrado; y el economista Claudio Sapelli.
Consultado, Cárcamo sostuvo que sabían que para algunos afiliados “la expectativa de recibir $400 o $500 iba a ser un problema”. De todas formas, advirtió que las Isapres siempre transmitieron que, por ahora, no tenían el efectivo para ofrecer montos mayores, pero que no estaban cerradas a hacerlo en el futuro: “Con los inconvenientes que ha habido, creo que los que no lo han ofrecido, es muy probable que lo estén evaluando”.
Fernández, en tanto, sostuvo que la decisión quedó en manos de las isapres, pero considera que la superintendencia aún está a tiempo de ver si hay espacio regulatorio para establecer una cuota mínima sin necesidad de hacer modificaciones legales. “Hay gente que va a recibir un ínfimo reembolso (…) ante el revuelo que ha generado este tema, hay el deber de buscar una salida”, que incluso se podría trabajar con las empresas, afirmó.
El papel de las isapres
La superintendencia dijo al DF que la Ley Corta sólo estableció “un marco de acción” para las isapres: un plazo máximo de 13 años para pagar a los menores de 65 años; 5 años para personas entre 65 y 80 años; y 2 años para los mayores de 80 años, “sin que en ninguna parte de la normativa se considere una obligación legal de determinar un monto mínimo de pago”.
Con esto, la entidad que preside Víctor Torres sostuvo que, ante las recomendaciones del concejo, “no podía obligar a las isapres a incorporar esta medida”, ni podía rechazar los PPA por no proponer un pago mínimo, siempre y cuando se ajustaran a los plazos que se habían establecido. estableció la propia Ley.
La superintendencia “era responsable de revisar si los PPA cumplían con la ley, y eso fue lo que se hizo. Cosa distinta es si nos gusta o no el accionar de las isapres”, señaló.
Vale decir que, además de Consalud, otras empresas también han optado por intentar acelerar sus pagos. Nueva Masvida busca completar rentabilidades al 66% de la cartera en 2025 y Colmena fijó un plazo máximo de 10 años.
Los “ínfimos” montos que han sido cuestionados por los usuarios de Banmédica, Cruz Blanca y Vida Tres surgen del mecanismo de cálculo utilizado por ellos. El DF tuvo acceso a sus planes de pago, en los que se observa que estas aseguradoras dividieron la deuda total en 13 partes iguales, para ocupar todo el período permitido. Como los primeros años debían priorizarse a los mayores de edad, se redujeron las cuantías para los usuarios menores de 65 años, lo que explica las menores tarifas en los primeros años.
