Al implementar la ley que posibilita el fallo que ordena a las isapres aplicar la nueva Tabla Única de Factores (TUF) y devolver los excesos de cobros del pasado, quedó claro que no iba a ser una tarea fácil. Por ello, el proyecto contempló la creación del Consejo Consultivo, encargado de revisar los planes de pago de cada aseguradora, los cuales ya se encuentran vigentes.
En concreto, son 701.517 personas recibirán un reembolso y los montos fluctuarán entre $400 y $70 millones por persona. Además, estas declaraciones se entregarán en un plazo máximo de 13 años, tiempo que se reduce para los mayores de 65 años a entre dos y cinco años.
El problema es que la comunicación de las formas de devolver el dinero ha desatado el fastidio de varios usuarios porque las aseguradoras liquidarán sus deudas en cuotas muy bajas a lo largo de más de una década. Esto incluso levantó el debate, generando fricciones entre el Ejecutivo y los parlamentarios.
Todo este caos, dicen en los alrededores del propio Consejo Colectivo, fue discutido extensamente por los cinco integrantes -César Cárcamo, Paula Benavides, Claudio Sapelli, Patricio Fernández y Cristóbal Cuadrado- quienes durante sus sesiones expresaron que honorarios tan bajos como los de 400 dólares, podría desatar el descontento entre algunos usuarios. Por eso buscaron formas de intentar evitar esa situación.
Y tras ver que algunas isapres proponían un pago mínimo por cuota, lo que agilizaría el tiempo de pago y conseguiría que los retornos mensuales sean más significativos, El grupo de expertos recomendó en agosto que todas las aseguradoras implementaran la misma medida.
Así, en cada uno de los informes en los que hicieron sus observaciones a los planes propuestos por las isapres agregaron el siguiente párrafo: “Se recomienda a la Superintendencia de Salud autorizar la posibilidad de establecer un monto mínimo de pago mensual de la deuda para los afiliados, para generar un proceso eficiente que los beneficie”.
Sin embargo, la superintendencia que encabeza Víctor Torres explicó al grupo de expertos que esto no sería posible, ya que la ley corta solo establecía que las aseguradoras podían distribuir el pago en 13 años, y que su rol se limitaba a aprobar o rechazar los planes. propuesto. Sin embargo, algunas interpretaciones jurídicas sostienen que la autoridad podría haber rechazado aquellos esquemas que no incluyeran un monto mínimo de pago.
consultado por el terceroDesde la Superintendencia de Salud aseguraron que no se referirían al tema. Por supuesto, este miércoles por la tarde los miembros de la Comisión del Senado recibirán al superintendente Víctor Torres y allí, dicen algunos miembros, le pedirán explicaciones sobre este tema.
Pese a los elevados montos que deberán devolver las aseguradoras -US$ 7,6 millones mensuales durante los próximos 13 años-, para algunos afiliados esto, como se ha dicho, se tradujo en retornos que rondan los $1.000 mensuales, lo que generó molestia. e incluso algunas voces han señalado responsabilidad del superintendente Torres, quien en entrevista con Tele13 Radio dijo que se sintió sorprendido por las críticas que surgieron y que “la discusión se generó o se ha vuelto extraña”.
“Entiendo, empatizo y obviamente entiendo el malestar. Lo que me sorprende es que acaben personalizando esta situación para alguien que ha tenido que aplicar una ley, no en la persona que lo creó ni en la persona que originalmente propuso una idea concreta de cómo solucionarlo. Todos somos parte de esta discusión, nos pidieron aportes técnicos. “Yo fui parte de esa conversación y no voy a rehuirla”, dijo el superintendente.
Así se defendió de las acusaciones, apelando al contexto en el que se desarrollaron las discusiones en el Congreso. “No sé qué quieren decir con: esto no fue lo que se legisló.”, respondió.
Sin embargo, los parlamentarios de la comisión exigirán una respuesta más concreta.
“Ya hemos podido corroborar que efectivamente, en agosto pasado, el Consejo Consultivo recomendó explícitamente a la superintendencia fijar un umbral mínimo de pago, lo que aparentemente fue ignorado porque hoy, cuando tenemos notificaciones por 100 pesos mensuales, constituye un absurdo. y provocador, indignante para los ciudadanos. Lamento que el Consejo Consultivo no haya sido escuchado y lamento también que teniendo mayor autoridad validara estas notificaciones que hoy se conocen y eso claramente constituye un absurdo político y social viniendo de un gobierno de centroizquierda”, dice el senador Juan Luis Castro (PS).
Su compañero de comisión y senador de la UDI, Sergio Gahona, coincide en que “efectivamente el superintendente tiene la posibilidad de poder fijar unos pisos mínimos de amortización. Hoy lo vamos a escuchar en la Comisión de Salud y nos tendrá que explicar todos los detalles, cómo se hicieron los cálculos y cómo se aprobaron estos trámites de devolución”.
