Con renovado optimismo, aunque aún lejos de cantar victoria, vive sus días el proyecto minero-portuario Dominga de Andes Iron (afín a la familia Délano Méndez), que nuevamente se encontró en el centro del debate luego del Primer Tribunal Ambiental (1TA). ) revocó el rechazo del Comité de Ministros a la iniciativa, señalando “vicios” y cuestionando una serie de sus consideraciones.
El fallo unánime aborda en sus casi 250 páginas las razones por las que el órgano ministerial actuó “ilegalmente”, violando los principios de “Cos Judicata, Confianza y Razonabilidad Legítimas, e Imparcialidad Administrativa”.
Con el fallo, se restablece la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto de US$ 2.500 millones ubicado en la comuna de La Higuera y se ordena al Comité de Ministros -que no podrían ser los mismos dueños que votaron en enero de 2023- emitir un nueva resolución en el plazo de quince días.
La sentencia exige el pleno cumplimiento de la sentencia anterior del Tribunal, que ya había analizado los aspectos técnicos y jurídicos del proyecto, así como los pronunciamientos de los órganos de la administración del Estado con competencias ambientales (OAECA).
Se cumplen 10 años desde que Dominga inició su proceso ambiental y esta es la tercera vez que la Corte se pronuncia. Hoy, el presidente de Andes Iron es el ingeniero comercial Carlos Alberto Délano Méndez y el gerente general, el ingeniero civil Pedro Ducci. Desde el punto de vista legal, la firma contó con la asesoría y representación de Patricio Leyton, socio de FerradaNehme.
El propietario de Dominga declaró ayer que “como inversionistas pedimos certeza para poder materializar el proyecto en el menor tiempo posible” y señaló que “en tres ocasiones diferentes el Tribunal Ambiental de Antofagasta -en total, nueve jueces diferentes- ha confirmado que Dominga se ajusta plenamente a las instituciones ambientales”.
Y enfatizó: el proyecto “ha sido validado en todas las instancias técnicas y judiciales a las que ha sido presentado”.
MAISA ROJAS, MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE
“En el Comité de Ministros siempre hemos tomado decisiones técnicas en base a lo que nos recomienda la SEA.
Me gustaría decir algo que es muy relevante: soy el Ministro de Medio Ambiente. ¿Cuál es mi papel? ¿Cuál es mi misión? Mi función es proteger el medio ambiente y el Archipiélago de Humboldt es una zona de muy alto valor global”.
MARIO MARCEL, MINISTRO DE HACIENDA
“Esto demuestra que las instituciones funcionan de todos modos”, dijo sobre la señal que el fracaso muestra al resto de los proyectos de inversión.
NICOLÁS GRAU, MINISTRO DE ECONOMÍA
“Esta votación debe repetirse”.
Respecto a la reforma de la ley que regula el SEA, indicó: “Nuestra propuesta es que el Comité de Ministros deje de existir”.
JAIME GAJARDO, MINISTRO DE JUSTICIA
“Los Tribunales Ambientales actúan en el marco de sus competencias y, por lo tanto, tendremos que revisar el fallo para ver si nos corresponde o no tomar algún tipo de acción”.
JORGE RISCO, PRESIDENTE SONAMI
“Está bastante claro que Dominga es perfectamente viable en todos sus aspectos medioambientales. “Hacemos un llamado a las autoridades para que cumplan prontamente la resolución”.
JOAQUÍN VILLARINO, PDTE. EJECUTIVO DEL CONSEJO MINERO
“No existen razones de fondo para seguir judicializando el proyecto, invito a las autoridades a abandonar la vía judicial y sentarse a hablar de un acuerdo definitivo. “El cuidado del medio ambiente y el crecimiento deben ser compatibles”.
RICARDO MEWES, PRESIDENTE DEL CPC
“Dominga cumple con todos los requisitos. Esperamos que en las nuevas instancias las decisiones se ajusten a la ley y se prioricen los estándares ambientales con criterios técnicos, por encima de los políticos”.
Las claves de la sentencia
El fallo se fundamenta en que el Comité de Ministros actuó ilegalmente al acoger 12 recursos interpuestos por personas y organizaciones que presentaron observaciones ciudadanas, sobre cuestiones que ya habían sido abordadas en el fallo emitido por la Corte el 16 de abril de 2021, que Fue firme y ejecutable.
Se trata de reclamos contra la decisión de la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de la Región de Coquimbo, donde, en segunda votación, se aprobó con condiciones el proyecto Dominga, calificando como favorable su Estudio de Impacto Ambiental en 2021.
Sin embargo, al acoger estas pretensiones, el fallo determinó que el Comité de Ministros “abordó cuestiones en las que el Tribunal había descartado la existencia de defectos que ameritaban una calificación desfavorable del proyecto”. También lo acusó de “llegar a conclusiones distintas a las determinadas por este poder judicial”, a pesar de que los recursos presentados fueron rechazados por la Corte Suprema.
Por otro lado, el fallo considera que los ministros actuaron ilegalmente al dictar la resolución de las reclamaciones administrativas fuera del fatal plazo. Lo anterior, porque tomó 577 días calendario, superando ampliamente el plazo de 60 días que establece la legislación.
Otro de los factores que llevó al tribunal a anular la decisión del Comité fue la inhabilitación que debieron ejercer algunos de sus miembros por haberse pronunciado sobre el proyecto.
Además, el fallo pone como ejemplo el comportamiento del ministro de Economía, Nicolás Grau, quien se inhabilitó cuando el Comité de Ministros resolvió reclamos relacionados con el proyecto Integrado Los Bronces, por haberse referido a una posible votación favorable. El fallo destacó que la decisión de Grau permitió evitar cuestionamientos sobre su imparcialidad, “actuando conforme a la honestidad administrativa”.
Sin embargo, la Corte calificó como una “violación sustantiva al principio de imparcialidad” que las ministras de Minería, Marcela Hernando en ese momento, y la ministra de Ambiente, Maisa Rojas, votaran en la instancia “a pesar de haber emitido pronunciamientos y pronunciamientos en contra”. Dominga”.
Cabe señalar que un dictamen de la Contraloría concluyó que los dictámenes previos de los ministros, la mayoría emitidos antes de asumir sus cargos, no constituyeron un conflicto de intereses ni afectaron su imparcialidad.
El fallo también realiza un análisis en profundidad de los aspectos técnicos que motivaron la calificación negativa del proyecto por parte de los ministros, concluyendo, entre otros puntos, que la determinación y justificación del área de influencia, así como la caracterización de la línea base se ajustan a los requisitos de la normativa y normas técnicas aplicables.
Asimismo, la Corte descartó la existencia de defectos en la evaluación y predicción de los impactos de Dominga asociados a las emisiones de Material Particulado Sedimentable (“SPM”), los recursos hídricos, el medio marino y el valor turístico.
Para el reconocido abogado litigante ambiental, Lorenzo Soto, quien ha liderado la oposición legal a varios proyectos mineros e hidroeléctricos, “no sorprende que una vez más el Comité de Ministros incurra en ilegalidad, siendo un organismo completamente politizado y deslegitimado”. Tras analizar la sentencia, opinó que “la Corte cumple con su deber y actúa dentro de su competencia”.
¿Qué viene ahora?
El fallo ordena a un Comité de Ministros renovado volver a votar las reclamaciones contra el proyecto RCA en un plazo de 15 días. Los opositores tienen un plazo similar para presentar un recurso de apelación ante la Corte Suprema contra la decisión del Tribunal Ambiental. Oceana y Alianza Humboldt ya han anunciado que ese será su camino.
La casación por sí sola, explicó un experto, no detiene el orden de votación de la Comisión, por lo que también debe solicitarse la suspensión de los efectos del fallo.
En ese caso, el Tribunal Supremo abriría tres escenarios posibles: declarar inadmisibles los recursos de casación, al determinar que existe una etapa administrativa pendiente (el Comité de Ministros); rechazar los recursos, tal como lo hizo la última vez; o aceptar los recursos y declarar ilegal la actual sentencia de la Corte, rechazando el proyecto.
Sea como fuere, los expertos consideran que el Tribunal Supremo tardaría al menos entre ocho y doce meses en anunciar su decisión.
La nueva Sala Tercera que revisaría el caso en el Tribunal Supremo
De llegar el caso de Dominga a la Corte Suprema, sería la tercera vez que la Sala Tercera revisa fallos y/o apelaciones sobre el proyecto. Sin embargo, los miembros no son los mismos.
La última vez, en mayo de 2022, dicha instancia rechazó en la forma y en el fondo los recursos presentados contra el fallo de abril de 2021 del Primer Tribunal Ambiental (ver nota principal). Los ministros Ángela Vivanco, Adelita Ravanales, Mario Carroza y Jean Pierre Matus votaron a favor de rechazarlo, al considerar que aún quedaban instancias pendientes, como el Comité de Ministros. El voto en contra fue del presidente de la Cámara, Sergio Muñoz, quien fue de la opinión de pronunciarse sobre los defectos de casación y errores jurídicos denunciados por terceros.
Luego de la destitución del juez Muñoz y la inhabilitación de Vivanco, la Sala Tercera aún cuenta con Adelita Ravanales, actual presidenta, y el ministro Jean Pierre Matus. A ellos se suman el ministro Diego Simpertigue y los abogados Angélica Benavides y José Miguel Valdivia.
