En prisión preventiva se encontraban 32 sujetos acusados por distintos delitos ocurridos dentro del Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (Repas)ocurrido entre el 6 y el 27 de junio. Los imputados, que ya cumplían penas por otros motivos, fueron imputados por delitos como daños, lesiones y amenazas a gendarmes.
En las Repas hay varios imputados de alta peligrosidad, donde un gran número de ellos son de nacionalidad venezolana, quienes además están vinculados a la organización criminal del Tren Araguaque en junio provocó daños en la instalación valorados en $252.942.422 tras romper sanitarios, lavaderos, azulejos, vidrios, ventanas, iluminación, entre otros. También atacaron al menos a 16 gendarmes durante el período de violencia, según la investigación, y proferieron amenazas creíbles contra ellos y sus familias.
La investigación está a cargo de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y está a cargo del fiscal Francisco Jacir, quien tras la audiencia de formalización celebrada este día, indicó que se decretó la máxima medida cautelar luego de que los sujetos fueran considerados. “un peligro para la seguridad de la sociedad”.
Aunque ya se encontraban en régimen penitenciario, el fiscal Jacir explicó que “se solicita prisión preventiva ante la necesidad de impedir esta investigación, Está relacionado con estos hechos y no con aquellos por los que se encuentra cumpliendo prisión preventiva en otro caso. Podría pasar, por ejemplo, que fueran liberados en otra investigación y nos enteramos demasiado tarde y por tanto no pudimos solicitar dicha medida cautelar.
“El juzgado aprobó los hechos por los que se formalizó la investigación. Estos son los crímenes de los daños que se causaron en el recinto penitenciario de alta seguridad de Gendarmería, las amenazas de diferente índole a sus funcionarios y las lesiones causadas”, añadió Jacir.
Asimismo, el perseguidor abordó la formalización por Ley de Seguridad del Estado que enfrentó este grupo. En ese contexto, aseveró que los daños causados por el imputado inutilizaron parte del Repas durante meses. “(…) Incluso quedó inutilizable durante varios meses después de ocurridos estos hechos, “La razón de esto es que calificamos jurídicamente los hechos de esta manera, dada la especial agravación que esto tuvo y la alteración del régimen penitenciario”, añadió.
Los acusados podrían sumar hasta cinco años de prisión a las penas ya fijadas por el tribunal y por las que se encuentran recluidos en el centro penitenciario de alta seguridad.
