Chile enfrenta una crisis de gobernabilidad sin precedentes. Un Congreso atomizado, con más de 20 partidos y numerosos independientes, ha convertido la toma de decisiones en un ejercicio casi imposible. Mientras tanto, las emergencias sociales (pensiones, salud y educación) siguen paralizadas en un sistema político que prioriza las disputas internas sobre el bienestar colectivo.
En este contexto, Una moción parlamentaria para reformar el sistema político y electoral parece un intento necesario de abordar los problemas estructurales que amenazan con perpetuar este estancamiento. Con dos medidas clave, busca limitar la fragmentación partidaria y fortalecer la cohesión legislativa: un umbral electoral del 5% para acceder al Congreso y la sanción con pérdida de escaño para los parlamentarios que abandonen el partido bajo cuya bandera fueron elegidos.
El umbral electoral apunta a reducir la proliferación de partidos pequeños que, al fragmentar el Congreso, dificultan la construcción de mayorías y acuerdos programáticos. Esta regla, adoptada con éxito en países como Alemania y Nueva Zelanda, podría alentar coaliciones más coherentes y sólidas en Chile.. Por su parte, la sanción por divulgar refuerza la disciplina interna de los grupos, fortaleciendo espacios de negociación que actualmente se encuentran fracturados.
Sin embargo, La propuesta contiene puntos débiles que requieren ajustes para garantizar su efectividad. Disposiciones transitorias, como la reducción temporal del umbral al 4% hasta 2025 y la posibilidad de fusiones o federaciones entre partidos pequeños, amenazan con perpetuar la fragmentación que la reforma busca resolver. Además, el sistema de lista abierta, mantenido en la moción, podría excluir a candidatos con amplio apoyo popular si sus partidos no alcanzan el umbral del 5%. Es fundamental incluir excepciones para aquellos candidatos que obtengan votos extraordinarios, evitando que se imponga la estabilidad a expensas de una representación adecuada.
Otro desafío relevante está en las reglas para la formación de partidos. Actualmente, es posible registrar partidos nacionales con el apoyo de sólo tres regiones, fomentando la existencia de organizaciones políticas débiles y oportunistas. Este aspecto exige reformas complementarias, como una modificación de la Ley 18.603, fortalecer el sistema de partidos y garantizar que las comunidades representen intereses colectivos significativos.
Además, una nueva cuestión técnica complica la implementación de la reforma: el presidente del Servicio Electoral (Servel) advirtió sobre riesgos en la asignación de votos a partidos que no alcancen el umbral, lo que podría distorsionar la distribución de escaños y generar demandas legales. conflictos ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel). La falta de criterios claros para los partidos fuera de los pactos agrava el problema, amenazando la legitimidad electoral y la representación parlamentaria.
El éxito de la reforma depende de su diseño técnico y de restaurar la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Chile necesita partidos responsables y una mejor relación entre el Ejecutivo y el Legislativocuya desconexión ha paralizado la agenda legislativa. Mecanismos como la elección conjunta de congresistas y la segunda vuelta presidencial podrían reducir la fragmentación y facilitar las políticas públicas.
Chile no puede seguir postergando cambios profundos. La moción es un avance, pero la gobernanza requiere audacia y compromiso, construir un sistema político que satisfaga las demandas ciudadanas y garantice una estabilidad duradera.
*El autor de la columna es coordinador jurídico de Clapes UC
