Este viernes, el Boletín Oficial publicó la Ley que regula la protección y tratamiento de datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales, el cual inició su trámite en el Congreso en 2017 y fue despachado en agosto de este año. Después de la publicación, Se inició el plazo de dos años para la entrada en vigor de la nueva normativa.
La Ley regula la forma y condiciones en que se realiza el tratamiento de datos personales, eleva los estándares de protección en consonancia con el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, establece nuevas obligaciones y sanciones para las empresas -si bien la norma se aplica a personas físicas y jurídicas, y organismos públicos que traten datos personales- y crea la Agencia de Protección de Datos Personales, que será la encargada de velar por el cumplimiento normativo.
Respecto a los próximos plazos durante el período de entrada en vigor, el presidente de la Asociación de Profesionales en Protección de Datos Personales de Chile (AGPD) y expresidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago explicó que el primer paso será dictar el reglamento general para la ejecución de la ley, que tiene como plazo máximo el 14 de junio de 2025.
“Esto debería incluir el detalle procesal de los mecanismos de reclamación de derechos ante la Agencia o los procedimientos sancionadores. También podrá especificar el deber de información que las organizaciones deben poner a disposición en materia de transparencia en el tratamiento de datos. Además, debería detallar algunos plazos relevantes, como la notificación de brechas de seguridad, entre otros”dijo el abogado.
El también socio de la consultora DataCompliance dijo que luego, entre el 1 de enero de 2025 y el 1 de julio de 2026, el Los órganos constitucionales autónomos -como el Banco Central, la Contraloría y la Corte Constitucional- deben dictar las políticas, regulaciones e instrucciones necesarias para cumplir con los principios y obligaciones de la ley.
En este caso, Drago explicó que “los órganos que tienen un nivel jerárquico superior en la Constitución no están bajo la jurisdicción de la Agencia y pueden dictar sus propias normas. Su mandato es dictar sus propias políticas, normas e instrucciones para aplicar los principios y obligaciones de la ley”.
Consejeros y entrada en vigor
Entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre de 2026, el asesores de la Agencia, además de su presidente y vicepresidente, lo que, según Drago, permitirá constituir la Agencia.
En el artículo primero de sus disposiciones transitorias, el reglamento establece que la entrada en vigor será “el día primero del vigésimo cuarto mes siguiente a la publicación” de la ley en el Boletín Oficial. Ante esto, el abogado señaló que existe un debate sobre la fecha oficial, ya que “Algunos interpretan que será el 1 de enero de 2027 y otros que será el 1 de diciembre de 2026. La Secretaría General de Presidencia va a tener que salir a aclarar”, comentó.
Posteriormente, hasta el 1 de abril de 2027, la Agencia deberá proponer sus estatutos al Presidente de la República. Drago indicó que es “Estatutos orgánicos, de cómo se organiza internamente la Agencia. Y eso tiene que emitirse dentro de los primeros cuatro meses de la entrada en vigor de la ley”.
Finalmente, el 1 de enero de 2028 cesará la norma especial para empresas de menor tamaño en materia de sanciones, que establece porciones de cortesía.
“Hay un año desde la entrada en vigor donde, Si existiera infracción grave o muy grave por parte de una empresa de menor tamaño, la Agencia siempre podrá amonestarla por escrito, pero no imponerle infracciones pecuniarias. La idea es que puedan adaptarse al proceso y tener más tiempo de preparación”, añadió.
