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Informe revela vulneraciones contra niños, niñas y adolescentes en residencias del Estado

Martina E. Galindez

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Un preocupante informe emitido por el Observatorio de Derechos de la Defensoría del Niño reveló que 17.118 niños, niñas y adolescentes (NNA) bajo protección del Estado fueron víctimas de algún tipo de violación física, psicológico o sexual durante el año 2023, lo que corresponde a una tasa de 78 víctimas por cada mil atendidas.

La estadística fue dada a conocer este lunes luego de los resultados del quinto informe de política pública realizado por la entidad, respecto de las denuncias reportadas por el Servicio Nacional de Protección Especializada de Niños y Adolescentes (SPE)que estaría relacionado con hechos presumiblemente constitutivos de delitos contra menores de edad.

El informe llega casi una semana después de la El presidente Gabriel Boric firmará el decreto que crea una comisión asesora presidencialesclarecer violaciones de niños, niñas y adolescentes bajo custodia del Sename.

Del total de personas afectadas, que eran menores de edad el año pasado, se pudo identificar que la mayoría proviene de programas ambulatorios (78%)mientras que el 15% son de centros residenciales. A pesar de esto, estos lugares atendidos por el servicio estatal muestran una tasa más alta, registrando 360 víctimas por cada mil atendidas.

Al mismo tiempo, las categorías de violaciones que tuvieron mayor número de víctimas durante 2023 son las de “contra la integridad física o psicológica” con 11.712, lo que representa el 68% del total, seguido de “contra la indemnización sexual” con 5.458 víctimas, que representan una 32%.

Según el informe, tras analizar los casos del año pasado, Las familias de las víctimas representan el principal tipo de agresor.agrupando el 43% del total de casos. Por su parte, El 41% proviene de agresores o agentes comunitarios.

En el caso del centros residenciales, El 43% de los registros confirman violencia entre pares. En cuanto a las familias de acogida, son Estos son los principales agentes agresores, con un 63%.

Asimismo, en el programas ambulatoriosAunque las familias son el principal tipo de agresor, los actores comunitarios también cobran relevancia, concentrándose 43% del total.

En cifras generales, las regiones con mayor tasa de víctimas son El Maule, Ñuble y Biobío; y en el caso de las residencias, los territorios con las tasas más altas son Aysén, Antofagasta, Magallanes y Biobío.

El informe también muestra un sesgo de género en las violaciones registradas, ya que El 62% de las víctimas identificadas en 2023 son mujeres y el 44% de estas tienen entre 14 y 17 años.

Al respecto, la defensora de la Infancia, Anuar QuesilleAdvirtió que “lamentablemente el informe revela un número importante de niños, niñas y adolescentes que, si bien ya se encuentran bajo protección estatal por amenaza o vulneración de derechos, Vuelven a ser víctimas una vez dentro del sistema que debería protegerlosreparar las consecuencias y prevenir la ocurrencia de nuevas violaciones”.

La organización examinó la situación para cada región, tipo de violación, tipo de agresor y línea programática (ambulatorio, familias de acogida y en residencias), así como realizó un análisis especial de las denuncias que identifican una posible situación de explotación sexual contra niñas, niños y adolescentes (ESNNA).

La publicación reporta que durante el año 2023, un total de 619 víctimas de explotación sexual cuya edad no exceda de 17 años, siendo el Región de Magallanes el que presenta una tasa significativamente alta, con 13 víctimas por cada mil atendidasfrente a una tasa nacional del 3 por mil. Según detalló, se pudo identificar que en el 85% de las denuncias el principal agresor proviene de la comunidad.

Asimismo, se pudo constatar un alto nivel de denuncias por otras causas relacionadas con estas víctimas, estableciéndose que por cada una de ellas existe un total promedio de 4.7 denuncias en un solo año, en un rango que llega hasta 54. Del total, 1.452 de las denuncias son “contra la indemnización sexual” y 1.089 “contra la integridad física o psíquica”.

Por su parte, el informe revela que entre 2021 y 2023 un total de 127.254 casos de violación de derechos, registrando un aumento del 122% en dos años.

Las categorías de violaciones con mayor número de casos analizados fueron las relacionadas con “contra la integridad física o psíquica” con un 59,3% del total de casosseguidos de los “contra la indemnización sexual”, con una 27,7%.

En los episodios ocurridos en los centros residenciales, relata el documento un aumento del 89% entre los mismos años. Además, las transgresiones con mayor proporción son “contra la integridad física o psíquica” que representan la 57,4% del totalseguido de los casos “contra la indemnización sexual” con un 23,8%.

Por su parte, Los casos en familias de acogida muestran un aumento del 185% entre 2021 y 2023.siendo también la causa más repetida aquellas violaciones “contra la integridad física o psíquica”, con un 69% del total.

En los programas ambulatorios (línea programática que representa el 63% del total) estos Tuvieron un aumento del 132%, que también se centran en la mayoría de los casos en la causa de las transgresiones “contra la integridad física o psíquica”, con 58%.

Informe del Defensor del Niño

Bajo este tenor, el informe también revela que Los centros residenciales tienen una mayor tasa de victimización. que otros tipos de cuidados y programas, lo que corroboraría la complejidad de este tipo de cuidados, pero al mismo tiempo muestra una “paradoja” de que la institucionalización se da precisamente por la transgresión de derechos gravísimos, y es precisamente en este contexto en el que el revictimización.

“Prevenir una nueva infracción es tarea de todo el sistema. Tenemos que tener cuidado de centrarnos sólo en el servicio, porque, por ejemplo, Este informe denuncia un elevado número de denuncias de explotación sexual que son cometidas por agentes comunitarios. Frente a esto, el servicio requiere del apoyo de otros actores como la policía, los gobiernos locales, los servicios públicos y los actores judiciales. El servicio no puede asumir por sí solo la tarea de protección especializadalo cual debe ser una prioridad para todos los actores del Sistema de Garantía”, enfatizó Quesille.

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