Las promesas deben cumplirse. Es lo que todos los chilenos esperan. En el campo de la salud, enfrentamos un panorama que ha cambiado drásticamente en la última década, moldeado por desafíos pospandimios, una población que envejece y los recursos financieros cada vez más limitados. Además, vivimos con una ciudadanía más informada y exigente, lo que exige respuestas oportunas y de calidad.
En este contexto, el proyecto de ley que elimina preexistir y establece un plan de salud común para ISAPRES, ingresado en 2024, es un paso importante para abrir el debate. Sin embargo, esta discusión no puede ocurrir de forma aislada. Es crucial que, simultáneamente, se aborden los cambios necesarios para transformar Phonasa en un sistema que responda a las necesidades actuales y que sea sostenible durante los próximos 20 años.
Entre 2019 y 2021, el progreso se realizó con el Fondo Nacional de Salud y la creación de un Plan de Salud Universal (PSU). Aunque es perfecto, este esfuerzo aumentó objetivos y mecanismos que deberían estar en una nueva propuesta de reforma, lo que indiqué a continuación:
i) Cree un plan de salud universal: un instrumento de eje del sistema, diseñado para enfrentar problemas como listas de espera, altos gastos de bolsillo y falta de transparencia, con enfoque en la optimización y el impacto en la salud de los recursos públicos.
i) Formalizar la evaluación de las tecnologías de salud: un proceso clave para garantizar que las decisiones de salud se basen en evidencia científica, equidad y eficiencia, a través de un asesoramiento técnico o una agencia independiente.
iii) Modificar la modalidad de libre elección: transformarla en un complemento para la PSU, con una proyección financiera sólida y superior al 45% promedio, con procesos claros y auditables.
iv) Fortalecer Fonasa y su gobierno: aclare los roles del Ministerio de Salud, Redes de Asistencia y Fonasa, siendo este último el Guarante/asegurador del Plan y, al mismo tiempo, la persona a cargo de la función de compra son los servicios de salud. Proporcionar a este último un gobierno corporativo reduciría la interferencia política, garantizando la continuidad programática y una mejor planificación.
Esta transformación requiere recursos. El proyecto 2021 estimó la necesidad de más de $ 130,000 millones anuales. Por lo tanto, la propuesta legislativa debe contemplar fuentes financieras como la reasignación, la supresión de los gastos y la generación de ingresos para ser factible y real.
La población requiere un seguro público que garantice el acceso financiero y la protección, según un plan de beneficios. Pasar a mejorar los sistemas de salud pública y privada permitirá a los chilenos comparar esquemas, promover la competitividad y fomentar la mejora continua.
Por Daniela SuggAcadémico e investigador adjunto, Fac. De administración y economía UDP
